Así utiliza Marruecos la universidad para perseguir a jóvenes saharauis

Hussain Bachir Ibrahim, Mohamed Dadda, Elkantaui Elbar, Abdelmula Mohamed El Hafidi y Aziz El Uahidi. Los cinco tenían todo el futuro por delante cuando la Policía de Marruecos decidió pisar el freno. La última vez que acariciaron la libertad, si es que algún día llegaron a conocerla, ni siquiera habían cumplido la treintena. La mayoría tenían 23 y 24 años cuando fueron detenidos por las autoridades marroquíes en enero de 2016. ¿El delito? Ser estudiantes y organizarse para defender con uñas, dientes y mucha prudencia la libertad de su tierra: el Sáhara Occidental.

Los Compañeros de El Uali es el nombre con el que se conoce a este grupo de jóvenes universitarios. Sus 15 integrantes forman parte de los comités sindicales y políticos del movimiento estudiantil saharaui. Todos abandonaron sus hogares para tener acceso a una formación académica digna. La falta de universidades en el Sáhara es una de las múltiples vías que utiliza el régimen marroquí para ejercer violencia y abuso de autoridad contra las nuevas generaciones de las ciudades ocupadas. "De esta forma, consiguen mantenernos alejados de la realidad de la revolución", sostiene Brahim Moussayih, expreso político del grupo.

En el Sáhara Occidental no hay universidades. La más cercana está a 600 kilómetros.

Los estudiantes del Sáhara Occidental se tienen que desplazar hasta Agadir, a más de 600 kilómetros de El Aaiún, para encontrar una facultad. Algunos cursan allí sus grados y otros siguen hasta Marrakech, 200 kilómetros más lejos. En Marruecos, los jóvenes desplazados se reúnen y organizan concentraciones pacíficas para dar a conocer la lucha saharaui. "Nuestra vida está siempre en peligro. El régimen marroquí nos ataca de forma arbitraria. Sufrimos secuestros y detenciones que a veces acaban en asesinato", reivindica Salek Baber, otro de los integrantes del colectivo.

Aunque solo cinco de los Compañeros de El Uali permanecen entre rejas, todos han tenido que cumplir su parte de la condena. "Varios estudiantes marroquís nos invitaron a un encuentro. Muchos no acudimos porque sabíamos que era una trampa, que había algo preparado para inculparnos. Al final es lo que sucedió. Uno de los chicos fue asesinado y nos detuvieron a todos", recuerdan. "Antes de enviarnos a prisión, nos tuvieron en comisaría durante más de cuatro días. Allí sufrimos palizas y las formas más atroces de violencia", añade Moussayih, que abandonó la cárcel hace apenas tres años.

La ONU, crítica con las detenciones arbitrarias

Todos los miembros del movimiento estudiantil se enfrentaron a penas de entre tres y diez años de prisión, pese a que no había ninguna prueba que pudiese culpabilizarlos. En noviembre de 2019, el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la ONU dictaminó que los jóvenes saharauis habían sido arrestados sin garantías. El organismo internacional ordenó la liberación inmediata de los cinco reos que permanecían en la cárcel y exigió al régimen marroquí medidas compensatorias para todos ellos. Sin embargo, las autoridades del país vecino pasaron por alto las advertencias.

Cuatro huelgas de hambre para exigir justicia

"Nos privaron de derechos básicos como el estudio, la atención médica y la comunicación con nuestras familias", denuncia Brahim Moussayih. Durante el período de encarcelamiento, los Compañeros de El Uali malvivieron en "habitaciones abarrotadas", sin medidas de higiene ni seguridad. "Se realizaban campañas de inspección perturbadoras, nos insultaban y confiscaban los libros de texto", reclama Salek Baber. 

Los estudiantes dejaron de comer para denunciar las duras condiciones en las que vivían

Para exigir justicia se vieron obligados a organizar varias huelgas de hambre. "Lo hicimos para denunciar la humillación, la discriminación y las condiciones infrahumanas en las que estábamos. Todo era como una especie de venganza contra nuestra postura política", añade el joven saharaui. Los cuatro actos de protesta, que en algunos casos llegaron a superar los 20 e incluso 40 días de ayuno, siempre cesaban con falsas promesas. "Marruecos no podía dejarnos morir. Nos ofrecían mejoras y garantías para ver si cedíamos, pero nunca se cumplían", lamentan. 

La complicidad del PSOE en España

Hace unos días se hacía pública una de las últimas y más perspicaces maniobras de Marruecos, que en mayo de 2021 pidió al Gobierno español la cabeza de Arancha González Laya, por aquel entonces ministra de Exteriores, como condición para arrimar posturas y comenzar el camino hacia la reconciliación. Diez meses después, el Ejecutivo de Pedro Sánchez envió a Mohamed VI una carta oculta en la que daba el brazo a torcer y reconocía la propuesta marroquí de autonomía sobre el Sáhara Occidental. Un cambio de postura histórico que provocó numerosas críticas.

La complicidad entre ambos gobiernos tiene consecuencias palpables. En 2019, tres años después de la detención de los Compañeros de El Uali, Saddam llegó a la costa canaria en busca de ayuda. A diferencia de sus colegas, el estudiante había conseguido escapar de la Policía marroquí pese al hostigamiento y las constantes persecuciones. Al pisar Lanzarote, en presencia de un traductor y con el asesoramiento de un abogado español, solicitó asilo político. Lejos de ayudarle, el Gobierno socialista lo extraditó "sin ningún fundamento jurídico". Desde entonces, Saddam cumple condena en una cárcel marroquí. Preguntados por la situación, sus compañeros y expresos políticos saharauis se muestran tajantes: "Es una indiscutible violación de la ley. Hay que exigir responsabilidades".