La Asamblea Nacional (Parlamento) avanza en el debate de la destitución del presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, mientras se mantiene la movilización indígena contra la carestía de la vida y las políticas económicas del Ejecutivo.

En la sesión virtual instalada con la asistencia de 135 asambleístas, el secretario jurídico de la Presidencia, Fabián Pozo, leyó una carta enviada por Lasso, en la que el gobernante tildó de "absoluta irresponsabilidad" con la ciudadanía la solicitud para su destitución presentada por los asambleístas afines al expresidente Rafael Correa (2007-2017).

Pozo consideró que en la solicitud ni se cumplen ni se justifican las causales contempladas en numeral dos del artículo 130 de la Constitución, invocado por los peticionarios: "grave crisis política y conmoción interna".

La Asamblea "tiene la obligación constitucional de probar y justificar que han ocurrido dos condiciones diferentes y simultáneas para proceder con la destitución", dijo al opinar que "ninguna de las dos se cumple ni se ha probado".

Pero la asambleísta opositora Pierina Correa, asegura que esas pruebas se presentarán en el debate, en el que se prevé la intervención de 41 miembros de la Asamblea, que tiene 72 horas, una vez concluido el debate, para someter a votación.

Para la legisladora, hermana del exgobernante Correa, Lasso se ha burlado de la Asamblea al no acudir a la sesión a presentar las pruebas de descargo, como señala la ley orgánica del Legislativo.

La petición de la destitución del gobernante se presentó bajo la causal de grave conmoción interna debido a la ola de protestas lideradas por la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (Conaie), por el alto costo de la vida.

Primeros acercamientos

Después de 13 días de protestas, en las que han muerto cinco personas y al menos 200 han resultado heridas, entre manifestantes y las fuerzas del orden, este sábado tuvieron lugar los primeros acercamientos entre el líder de la Conaie, Leonidas Iza, y representantes del Gobierno.

En la cita reservada, convocada por el presidente de la Asamblea Nacional, Virgilio Saquicela, y que tuvo lugar en la Basílica del Voto Nacional, se propuso conformar una mesa técnica con delegados del movimiento indígena y del Gobierno para iniciar el proceso de diálogo y analizar cada una de las propuestas planteadas por los manifestantes.

Los indígenas exigen el cumplimiento de un pliego de diez demandas, entre ellas que se reduzcan y congelen los precios de los combustibles, que se controlen los precios de los productos de primera necesidad, que no se privaticen empresas estatales y que no se amplíe la actividad petrolera y minera en la Amazonía.

Aunque el consejero de la Presidencia, Diego Ordónez, aseguró el sábado que se había registrado una "masiva desmovilización" de los manifestantes indígenas que se habían concentrado en Quito, Iza aclaró que se mantienen en la ciudad y que no se irán hasta ver solventadas sus exigencias.

De hecho, a primeras horas de la tarde, un grupo de manifestantes, considerablemente menor al de los últimos días, se congregó en la zona del parque El Arbolito, aledaño a la Casa de la Cultura Ecuatoriana, desde donde fueron desalojados el viernes miles de manifestantes que participaban en una "asamblea popular" para definir acciones en las protestas.

Aún no hay diálogo

Iza negó haber iniciado el sábado un diálogo con el Ejecutivo en la primera toma de contacto con varios de sus miembros, en la que había dicho que no adoptaría ninguna decisión antes de consultar con las bases.

A los miembros de sus organizaciones que pensaban que el diálogo se había iniciada sin consultarles, Iza les explicó que había acudido al encuentro "por respeto" a Saquicela.

Por parte del Gobierno asistieron los ministros de Gobierno, Francisco Jiménez; y de Relaciones Exteriores, Juan Carlos Holguín, mientras que Iza estuvo acompañado por los dirigentes las otras organizaciones que lideran las protestas. 

Lasso derogó este sábado el estado de excepción por grave conmoción interna, decretado en seis provincias de las veinticuatro del país en el marco de las protestas lideradas por los indígenas por la carestía de la vida.

Con la suscripción del decreto 461 dio por terminada la medida que incluía a las provincias de Chimborazo, Tungurahua, Cotopaxi, Pichincha, Pastaza e Imbabura, donde se habían concentrado las protestas encabezadas por la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (Conaie).

El estado de excepción había sido decretado por Lasso desde el pasado sábado 18 de junio inicialmente para tres provincias (Imbabura, Pichincha y Cotopaxi) que luego amplió el martes 21 de junio a otras tres (Tungurahua, Chimborazo y Pastaza).

Con esa decisión, el Gobierno "ratifica la disposición de garantizar la generación de espacios de paz en los cuales los ecuatorianos puedan retomar paulatinamente sus actividades", señaló la Secretaría General de Comunicación de la Presidencia. La derogación del decreto por el que se declaró el estado de excepción era una de las peticiones de la Conaie para abrirse al diálogo.

El anuncio del fin del estado de excepción se divulgó horas después de un primer acercamiento entre el líder de la Conaie y representantes del Ejecutivo, en un encuentro convocado por el presidente de la Asamblea Nacional, Virgilio Saquicela.

Asimismo, la decisión se conoció mientras el pleno de la Asamblea Nacional desarrollaba una sesión virtual para tratar, como único punto, una petición de destitución del presidente Lasso, quien el viernes denunció un intento de golpe de Estado contra él.