Había incertidumbre sobre si llegaría o no a la Fiscalía de Rancagua, situada a 100 kilómetros al sur de Santiago. Allí, el fiscal Emiliano Arias encabeza las investigaciones por los abusos de menores que sumergieron a la Iglesia chilena en su peor crisis. Finalmente, con 20 minutos de anticipación, a las 9.40, el arzobispo de Santiago, Ricardo Ezzati, acudió a la cita acompañado de sus abogados para declarar como imputado de encubrimiento de eventuales abusos sexuales cometidos por el ex canciller de la Iglesia de Santiago, Óscar Muñoz. La comparecencia despertó mucha expectación, sobre todo de parte de los medios, que no querían perderse la imagen del cardenal chileno accediendo al recinto. “Yo le dije a Emiliano [el fiscal] que esto iba a pasar”, exclamó Hugo Rivera, uno de los abogados del religioso.

El cara a cara con Arias fue breve, duró menos de media hora. Ezzati se acogió a su derecho de guardar silencio. La estrategia de la defensa pasa por insistir en la realización de una audiencia de sobreseimiento. “En el Código Procesal Penal la persona citada como imputada puede pedir el sobreseimiento definitivo. También puede ser víctima una persona imputada que es inocente”, dijo Rivera. Ante la prensa, el letrado insistió que Ezzati “es inocente, totalmente inocente” y reiteró que “el cardenal siempre ha dicho la verdad, nunca ha ocultado ni destruido antecedentes, todo se ha investigado”.

La comparecencia de Ezzati se esperaba desde el pasado 21 de agosto, pero la Fiscalía la suspendió por falta de tiempo para revisar el material incautado en los últimos meses en varias dependencias de la Iglesia.

Nuevas revelaciones, el manual y el Papa

La declaración del arzobispo de Santiago coincidió con una semana compleja para él. De hecho, en el último tiempo, pocas jornadas tranquilas ha vivido el cardenal, que día tras día ocupa titulares en la prensa.

El martes salieron a la luz una serie de documentos que revelan otro caso de presunto encubrimiento de su parte. Se trata de unas cartas en las que el ex canciller del arzobispado Hans Kast Rist advierte a sus superiores acerca del sacerdote Jorge Laplagne, quien estaba a cargo de dos parroquias del centro de Santiago y que además prestaba servicios en un instituto de los Hermanos Maristas. Laplagne fue investigado por la Iglesia desde junio de este año, pero las imputaciones en su contra remiten al 19 de marzo de 2010, cuando Javier Molina Huerta lo denunció por abuso sexual cuando era adolescente. Las alertas de Kast fueron ignoradas.

Además, durante el fin de semana, el Arzobispado de Santiago tuvo que pedir disculpas públicas por el contenido de un polémico manual para frenar abusos sexuales por parte de sacerdotes. El instructivo, titulado “Orientaciones que fomentan el Buen Trato y la Sana Convivencia Pastoral”, entregaba consejos explícitos para no cometer abusos sexuales como por ejemplo no “dar palmadas en los glúteos, ni tocar el área de los genitales”, no “besar en la boca a los niños, niñas, adolescentes o personas vulnerables”, ni “dormir junto con niños, niñas y adolescentes”.

A través de un comunicado, el Arzobispado argumentó que ciertos contenidos fueron traducidos de forma literal, que se prestan para “interpretaciones incorrectas” y que es un “instrumento de trabajo hecho según estándares internacionales” que aún debe perfeccionarse. “Presentamos las disculpas del caso y publicaremos una nueva versión en el más breve plazo”, afirmó la institución.

Todo esto, a apenas cinco días de que el Papa Francisco expulsara del sacerdocio primero al cura Cristián Precht, conocido por su valorada labor contra la dictadura de Pinochet, y luego a Fernando Karadima, quien lleva años confinado a una vida de oración y penitencia luego de haber sido acusado por la justicia canónica de abusos sexuales a menores. De hecho, protagonizó las primeras denuncias por abuso de menores en el 2000 y, de rebote, las primeras acusaciones de encubrimiento en contra de Ezzati, que lo protegió. Después han ido saliendo a la luz otros protegidos más.

Ante la remoción del sacerdote, Ezzati salió a leer un comunicado en el que se comprometió a “colaborar con la tarea propia de la Iglesia de reparar todo daño causado a las víctimas [...] para que justamente el ‘nunca más’ sea también realidad en nuestra Iglesia de Santiago“. Probablemente, las próximas novedades del Vaticano lleguen a través del presidente Sebastián Piñera. El mandatario chileno iniciará este viernes una gira por Europa que lo llevará a la Santa Sede para reunirse con el Papa el próximo 13 de octubre.

70 investigaciones abiertas

Desde el año 2000 hasta septiembre de 2018, 221 sacerdotes y ocho obispos han estado bajo la lupa en una macro causa judicial que afecta a la Iglesia católica chilena por una plaga de abusos a menores que se escondió no se sabe por cuánto tiempo. Así lo revela un listado elaborado por la Fiscalía que, además, imputa supuestos encubrimientos de estos delitos a altas autoridades del clero chileno. Aunque muchos de estos casos habían llegado a término judicial –por suspensión condicional, condena o archivo–, el embate del fiscal Emiliano Arias ha reabierto varios de ellos. Eso, tras hallar antecedentes que estuvieron ocultos por años en distintas oficinas del arzobispales del país (Santiago, Rancagua, Osorno y el Obispado Castrense).

Hoy son 272 los investigados en todo Chile y 70 las indagaciones de oficio abiertas en los últimos tres meses. Las principales acusaciones se dirigen contra miembros de la Conferencia Episcopal, entre ellos el ex obispo de Osorno y discípulo de Karadima, Juan Barros, y el otrora obispo de Valparaíso Gonzalo Duarte. Según su nacionalidad, hay 152 chilenos, ocho españoles, tres italianos, tres colombianos, dos irlandeses, un boliviano, un peruano, un filipino y un coreano. Según los datos de la Fiscalía, el perfil de la víctima es claro: hombre y menor edad.