Budapest y Varsovia han bloqueado la decisión de Recursos Propios, un paso clave para que la Comisión Europea pueda acudir a los mercados para conseguir los 750.0000 millones de euros acordados para el fondo anticrisis. Un instrumento creado para sacar del barro a países como España e Italia, fuertemente tocadas por la pandemia. Hungría y Polonia han cumplido con su amenaza, después de insistir por activa y por pasiva en que no aceptarían que el desembolso de los fondos estuviera condicionado al respeto del Estado de Derecho. La Unión Europea se encuentra inmersa en una nueva crisis política y fuentes comunitarias pasan la patata caliente a Alemania, que ostenta la presidencia rotatoria del bloque, a la que urgen a decidir qué dirección tomar para salvar los presupuestos comunitarios.

El paquete presupuestario está compuesto por cuatro bloques: el mecanismo de Recuperación y Resiliencia, el reglamento del Estado de Derecho, el Marco Financiero Plurianual (MFF) y la decisión de Recursos Propios. Desde la semana pasada distintas voces auguraban el veto de Hungría y Polonia al último apartado, como pataleta por la cláusula del Estado de Derecho. Es su reacción después de perder la posibilidad de imponer su voluntad de no condicionar los valores europeos al acceso al fondo, ya que el mecanismo se aprueba por mayoría cualificada.

Apenas media hora después del inicio de la reunión de los embajadores permanentes de los Veintisiete, conocida como Coreper en jerga comunitaria, el portavoz de la presidencia alemana ha adelantado que las capitales habían alcanzado un compromiso sobre el mecanismo del Estado de Derecho. Sin embargo, no habían conseguido la unanimidad requerida para aprobar la decisión de Recursos Propios.

Hungría y Polonia fueron los únicos dos países que vetaron el acuerdo, además de mostrar sus reservas sobre el MFF y el fondo de recuperación. "Una decisión política, muy estudiada", según fuentes consultadas, ya que en ningún momento mostraron sus diferencias con las cifras fijadas para ambas partidas. Sin embargo, Varsovia y Budapest entienden el paquete presupuestario como un todo.

El portavoz del Ejecutivo húngaro, Zoltan Kovacs, ha explicado en su cuenta de Twitter que "nuestra postura ha sido clara todo el tiempo". "El peso de la responsabilidad recae en quienes han dado lugar a esta situación, a pesar de la postura bien articulada de Hungría", ha escrito en la red social. Podría entenderse como una acusación directa al Parlamento y a la Comisión por haber defendido la necesidad de condicionar los valores europeos al acceso del fondo de recuperación. Unos principios que están recogidos en el artículo 2 del Tratado de la UE, por lo que a priori, debería de ser de obligado cumplimiento.

Esta vinculación fue una propuesta alemana y el bloqueo actual podría poner en entredicho su capacidad de liderazgo. "Corresponde a la presidencia de turno decidir qué hacer, conseguir un acuerdo con estas dos capitales para la primera semana de diciembre y tomar una decisión sobre si avanzar o no con los acuerdos que no requieren unanimidad", ha señalado una fuente del Consejo de la UE, lanzando el balón sobre el tejado alemán. Sin embargo, reconoce que las negociaciones son difíciles y aventura "un retraso inevitable".

Entre los pasos para desbloquear la crisis ya está habiendo reuniones a diferentes niveles. Así, este martes habrá una discusión formal en el consejo de ministros de Asuntos Generales y los jefes de Estado y de Gobierno tendrán este asunto como prioritario en la cumbre del jueves, que originalmente iba a versar exclusivamente en la estrategia para hacer frente a la covid-19.

Algunas voces como Silvia Merler, investigadora y experta en información política europea para Algebris Policy, proponen la elaboración de un tratado intergubernamental ad hoc, como ocurre con el mecanismo del Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE). De este modo, el chantaje de Polonia y Hungría quedaría en papel mojado. Una idea que no todos ven factible.

Examen país por país: cinco cada semestre

Este martes la UE empezará a tomar la temperatura sobre el respeto al Estado de derecho en el club comunitario. Un ejercicio que se hará, país por país, para analizar la calidad democrática, la pluralidad política, la independencia judicial, el respeto a las minorías y la libertad de prensa. Un nuevo sistema que aspira a ser un marco de vigilancia para los Estados miembros, aunque cuenta con una estructura poco eficaz y sin un objetivo claro final.

Tal y como está planteada en estos momentos, cada semestre se analizará a cinco países a puerta cerrada en el consejo de ministros de Asuntos Generales de la UE. El escrutinio dará el pistoletazo de salida este martes con Bélgica, Bulgaria, República Checa, Dinamarca y Estonia como conejillos de india. Al igual que para la mayoría de exámenes, se sigue el orden alfabético del protocolo europeo y Tallin se ha intercambiado el orden con Berlín, ya que Alemania ostenta en estos momentos la presidencia rotatoria del bloque.

En marzo, bajo la presidencia portuguesa, se analizará a Alemania, Irlanda, Grecia, España y Francia. Seis meses más tarde, Croacia, Italia, Chipre, Letonia y Lituania pasarán el examen bajo la batuta de Eslovenia. Y así hasta el primer semestre de 2023, cuando se espera que todos los países hayan pasado por el proceso. Sin embargo, el formato puede cambiar en función de cómo se desarrollen los hechos. Si siguen los encuentros telemáticos o se pasa a citas presenciales, si hay tiempo suficiente para analizar cinco países en una sesión o si urge un análisis concreto, por poner algún ejemplo.

Si no varía, la Comisión Europea presentará cada septiembre un informe sobre la situación del Estado de derecho en la UE, con un análisis exhaustivo de cada país. Partiendo de esa base, en octubre los titulares de Exteriores tendrán una discusión general, que podrán ampliar con la información que consiguen de los exámenes país por país semestrales, en noviembre y marzo.

Se prevé que estas evaluaciones duren media hora por Estado miembro estudiado. En primer lugar, Bruselas hará una pequeña introducción y a continuación el país analizado tendrá tiempo para dar su opinión y argumentar su defensa, si procede. En tercer y último lugar habrá una ronda abierta para que los socios puedan intervenir y compartir, entre otras, buenas prácticas.