Alemania aplicará a partir del próximo lunes y durante seis meses controles en todas sus fronteras terrestres: más de 3.700 kilómetros en total. Lo hace alegando "motivos de seguridad interna" y "contra la inmigración irregular". El Gobierno liderado por el socialdemócrata Olaf Scholz asume el discurso duro de la extrema derecha y deja atrás el 'Welcome Refugees' proclamado por la conservadora Angela Merkel en 2016. Berlín tensa el espacio Schengen de libre movimiento en la UE.

"Reforzamos nuestra seguridad interior y mantenemos nuestro camino duro contra la inmigración irregular", ha declarado la ministra del Interior, Nancy Faeser. "Hasta que logremos una fuerte protección de las fronteras exteriores de la UE con el nuevo Sistema Europeo Común de Asilo, necesitamos reforzar los controles en nuestras fronteras nacionales. Estos controles también permitirán una devolución efectiva", alega.

Alemania ya mantenía controles en las fronteras que comparte con Suiza, Austria, República Checa y Polonia. A partir del lunes y hasta el 15 de marzo, los ampliará a Francia, Luxemburgo, Países Bajos, Bélgica y Dinamarca. Es decir, aplicará restricciones a lo largo de todos sus confines, que suman más de 3.700 kilómetros.

La Comisión Europea se mantiene tibia y evita elevar el tono con esta medida que pone en jaque al espacio de libre circulación de personas. La portavoz del Ejecutivo comunitario responsable de Interior, Annita Hipper, se ha limitado a "según las normas fronterizas de Schengen, los Estados miembros pueden reintroducir controles en las fronteras internas según sea necesario y proporcionado para combatir una amenaza grave al orden público o la seguridad interior" y a afirmar que Bruselas está en contacto con las autoridades en Berlín.

Mucho más firme es la respuesta que llega desde la vecina Polonia. Su primer ministro, Donald Tusk, ha cargado con este movimiento calificándolo de "una suspensión de facto y a gran escala del espacio Schengen", en declaraciones que recogen los medios locales.

El Ejecutivo germano ha alegado ante Bruselas que su medida responde a "riesgos de seguridad vinculados a la inmigración irregular, incluyendo el contrabando, y a un incremento en los niveles de entradas irregulares, lo que agrava la ya tensa situación de los refugiados, especialmente en el contexto de la admisión de nacionales ucranianos".

El código de conducta de Schengen sí que permite a los Estados miembros restablecer temporalmente el control fronterizo en las fronteras interiores de la UE en caso de "amenaza grave para el orden público o la seguridad interior". Y es claro: estas medidas deben aplicarse como último recurso, en situaciones excepcionales, y tienen que ser proporcionales.

Las fuerzas antiinmigración arrastran a la UE

El paso de Scholz llegó marcado por los bajos índices de popularidad que arrastra la coalición semáforo, que afronta en pañales unas elecciones clave en septiembre de 2025. La extrema derecha de Alternativa por Alemania (AfD) se proyecta como segunda fuerza en intención de voto en las encuestas. El partido ultra marca el paso de la política migratoria en la locomotora alemana y pide más aprovechando el ataque de un solicitante de asilo en Solingen, que dejó tres víctimas mortales: "Los controles fronterizos no son suficientes: hay que rechazar a todas las personas que quieran entrar ilegalmente", afirman pidiendo en paralelo la construcción de vallas fronterizas.

En las elecciones regionales que tuvieron lugar a comienzos de este mes, AfD se hizo con la primera victoria electoral en Turingia y obtuvo la medalla de plata en Sajonia. En medio de esta presión y aliento ultra, Berlín replica la receta que ya aplicó el PiS en Polonia o que clama el Fidesz de Viktor Orban en Hungría para responsabilizar a Bruselas de la política migratoria.

Con quien ha sido más vehemente la Comisión Europea es con Budapest. Su portavoz ha calificado de "inaceptable" el plan del Ejecutivo magiar para trasladar a los migrantes desde las fronteras serbo-húngaras a Bruselas en autobús. El Ejecutivo comunitario advierte de que ello se traduciría en una violación de los tratados europeos y advierte de que actuaría en consecuencia. "Supondría una clara violación del principio de cooperación sincera y leal, y de la confianza mutua. Además, también socavaría la seguridad del espacio Schengen en su conjunto", advierte. Bélgica ha reaccionado con contundencia calificando esta amenaza de Orbán como una grave "provocación".

Con todo ello, el espacio de libre circulación de personas Schengen, uno de los grandes hitos, triunfos y motivos de orgullo del bloque comunitario, se encuentra ante una presión creciente y con un desenlace imprevisible ante el empuje de las fuerzas populistas y antiinmigración que han arrastrado a buena parte de los Gobiernos europeos a adoptar medidas que tienen su sello.