A pesar de que la ley lo prohíbe por tener una acusación constitucional y ser un condenado por la Justicia, el Congreso controlado por el fujimorismo y sus aliados aprobó otorgarle una pensión vitalicia de 4.200 dólares mensuales al exdictador Alberto Fujimori.  Condenado en 2009 a 25 años por crímenes de lesa humanidad, además de varios cargos por corrupción, Fujimori, expresidente de Perú, quedó en libertad el diciembre pasado con un indulto otorgado por el Gobierno de Dina Boluarte que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) ha declarado ilegal.

La ley señala que los expresidentes que han sido acusados constitucionalmente por el Congreso pierden el derecho a una pensión vitalicia, que solamente recuperan si después de un proceso judicial reciben una sentencia exculpatoria de los cargos por los que fueron acusados. Fujimori fue acusado constitucionalmente por el Congreso tras su fuga del país el año 2000 y, después de ser extraditado, recibió cinco sentencias condenatorias: por homicidio, secuestro, corrupción y otros delitos. Y no ha pagado nada de los 15,4 millones de dólares de la reparación civil que debe por los delitos que cometió. Esto lo excluye, sin margen de duda, para recibir una pensión. Pero eso no detuvo al Congreso para aprobar la pensión vitalicia que Fujimori solicitó en mayo pasado.

El cuestionado indulto

El fujimorismo pretende defender la pensión para su fundador señalando que el cuestionado indulto que lo benefició elimina la condena que recibió el exdictador y, por lo tanto, lo rehabilita, argumento rechazado por la comunidad jurídica, incluyendo juristas que suelen respaldar al fujimorismo. El constitucionalista Luciano López aclara que "el indulto no borra el delito, sino perdona la pena", por lo cual, precisa  la decisión del Congreso de darle una pensión a Fujimori es "ilegal, inconstitucional, vergonzosa". El abogado Aníbal Quiroga, cercano al fujimorismo, coincide en que el indulto no elimina la condena que tiene Fujimori y califica la decisión de darle una pensión como "írrita". "Si la ley —indica— suspende este beneficio (recibir una pensión) por ser acusado constitucionalmente, con mayor razón cuando se es un condenado".

El presidente del Congreso, Eduardo Salhuana, de la derechista Alianza para el Progreso, partido aliado del fujimorismo, ha tratado de esquivar la responsabilidad de los legisladores en la aprobación de la pensión para Fujimori diciendo que la decisión fue tomada por la oficina legal del Congreso y no por los parlamentarios. Un intento de lavarse las manos. Esa oficina legal responde a la mesa directiva del Congreso, que le ha dado luz verde a esa cuestionada decisión. Desde la primera vicepresidencia del Congreso el fujimorismo tiene un peso decisivo en la mesa directiva, sin exponerse en la presidencia de un Parlamento con más de 90% de rechazo ciudadano.

El abogado de Castillo, Walter Ayala, anunció que tras la aprobación de la pensión para Fujimori, el expresidente destituido en diciembre de 2022 ha vuelto a pedir que se le otorgue ese mismo beneficio. "Aquí se está discriminando —dice Ayala—, no se puede decir blanco en un caso y negro en el otro cuando se trata de lo mismo, y más aún si Fujimori tiene una condena por lesa humanidad mientras el presidente Castillo no tiene una sentencia por lo que en su caso se vulnera la presunción de inocencia".

Esta no es la primera decisión del Congreso, o del Ejecutivo, para favorecer a Fujimori violando las normas legales. Fue indultado ilegalmente el diciembre pasado por el Ejecutivo, perdón que se pretendió justificar asegurando que el exdictador, de 86 años, estaba en grave estado de salud, pero una vez libre se evidenció que eso fue una farsa, y el fujimorismo lo ha lanzado como candidato presidencial para 2026. Como en el caso de la pensión irregularmente otorgada, la ley le prohíbe ser candidato por tener una condena, que el indulto no ha eliminado. El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) decidirá si el exdictador puede postular a la presidencia.

En el Congreso, el fujimorismo y sus aliados maniobran para tomar el control del JNE. Recientemente, la mayoría parlamentaria aprobó una ley de impunidad que, violando las normas nacionales e internacionales y desacatando una resolución en contra de la Corte IDH, declara la prescripción de los crímenes de lesa humanidad cometidos antes de 2002, lo que beneficia a Fujimori —además de cientos de represores—, que enfrenta un nuevo juicio por el secuestro, tortura y asesinato de seis campesinos en 1992, que lo podría llevar de regreso a prisión. Con esta ley el caso seria declarado prescrito.

La decisión de reconocerle una pensión vitalicia que legalmente no le corresponde es un paso más en el tinglado armado —desde el poder político que ahora tiene la ultraderecha— para buscar "reivindicar" al exdictador, en un contexto en el que desde el Congreso se avanza para restaurar el autoritarismo fujimorista.