“Lo que hace el presidente es intentar ganar puntos políticos capitalizando de forma deliberada algo que a la gente le hace sentirse incómoda”, apunta Garin a Público. Al igual que ya había hecho el 5 de febrero en el Capitolio durante su discurso sobre el Estado de la Unión, Donald Trump insistió en un reciente mitin en El Paso, Texas, en que hay estados que están aprobando leyes para permitir la “ejecución” de recién nacidos.

“El gobernador declaró que incluso permitiría que un niño llegara al mundo, se le arropara y se le hiciera sentir cómodo para después hablar con la madre y el padre y ejecutar al bebé. ¡Ejecutar al bebé!”, exclamó excitando a las masas. Trump manipulaba sin escrúpulos unas desafortunadas declaraciones del gobernador demócrata de Virginia a propósito de un proyecto de modificación de la ley del aborto en su estado. La descripción del presidente era la de un infanticidio, algo que ninguna ley permite (ni nadie promueve) en los Estados Unidos.

Si de Trump dependiera, Garin Marschall y su esposa Erika Christensen tendrían que haber esperado a dar a luz a un bebé que los médicos sentenciaron como “incompatible con la vida” en la semana 31 del embarazo. Tan complicado había sido el proceso que el matrimonio había “bautizado” al feto como Espartaco. Pero su gladiador no pudo vencer a las adversidades y la pareja decidió que lo mejor era evitarle un sufrimiento garantizado según los médicos. Residentes en una de las ciudades más liberales del país, Nueva York, se encontraron sin embargo con que la ley les impedía interrumpir el embarazo. La ley estatal legalizó el aborto tres años antes de que lo hiciera a nivel federal la sentencia 'Roe v. Wade' de 1973, pero se quedó corta en los supuestos que lo permitían.

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, saluda a los jueces de la Corte Suprema. / Reuters

Coincidiendo con el 46º aniversario de la histórica sentencia del Tribunal Supremo, Nueva York aprobó el pasado 22 de enero una modificación de su ley para sacar el aborto del código penal, eliminar la obligatoriedad de que éste sea practicado exclusivamente por médicos -abriendo así la posibilidad de que otros profesionales de la medicina puedan asistir en procesos para los que están cualificados, como el aborto inducido con medicamentos, etc.- y permitir que se practique a partir de la semana 24 si hay un riesgo para la vida y la salud de la mujer embarazada o si, como en el caso de Espartaco, el feto no es viable. En el Capitolio, Trump pidió a los congresistas todo lo contrario: una ley que impidiera intervenir durante el último trimestre.

En 2016, cuando los médicos diagnosticaron que Espartaco no sobreviviría, Garin y Erika viajaron a Colorado para poder abortar. A la tristeza por la pérdida de un hijo deseado, se le añadió un gasto de más de 10.000 dólares entre el viaje y la intervención médica, además de la sensación de estar cometiendo una ilegalidad que seguramente hubiera llevado a la cárcel a cualquier médico que les hubiera asistido en Nueva York.

Es probable que el debate sobre el aborto no tenga fecha de caducidad, pero en Estados Unidos afronta un momento delicado para aquellos partidarios del derecho a decidir. Donald Trump llegó a la presidencia prometiendo jueces “pro-vida” en el Tribunal Supremo y, en dos años de gobierno, ha conseguido situar a dos en el Supremo. Con una mayoría conservadora de 5 jueces a 4 en la máxima instancia judicial del país, hay quien teme que el aborto deje de ser un derecho federal. Y el presidente ha reanudado sus ataques en las últimas semanas a propósito de las iniciativas estatales de Nueva York y Virginia que amplían los supuestos del tercer trimestre.

Mary Ziegler, profesora de Derecho en la Universidad Estatal de Florida, advierte de que, algunos de los jueces conservadores del Supremo, como es el caso del polémico Brett Kavanaugh (elegido en octubre después de afrontar varias acusaciones de abuso sexual), “parecen creer que la tradición y la historia son las únicas fuentes de derecho. Eso podría ser problemático para algo como el aborto”. En 1973, el Supremo lo aprobó desde la perspectiva del “derecho a la intimidad” de la mujer, derecho derivado de la decimocuarta enmienda de la Constitución, que fue incorporada a finales del siglo XIX. En esa época, como explica a Público esta profesora, “el aborto estaba ampliamente criminalizado, no era algo tradicional o históricamente protegido”.

Autora de dos libros sobre el caso 'Roe v. Wade', Ziegler piensa que, “aunque es improbable que el Supremo vaya a revisar de inmediato las leyes del aborto”, Estados Unidos se encamina a ser “un mosaico en el que los estados profundamente rojos [republicanos] probablemente prohibirán la mayoría de abortos mientras los estados azules [demócratas] lo protegerán más de lo que lo hacen ahora”. Es decir, “tus derechos dependerán en gran medida de dónde vivas y de si tienes dinero para viajar a otro estado”. Aclara, eso sí, que anular la sentencia de 1973 no supone ilegalizar el aborto en el país, sino que la Constitución no lo reconocería como un derecho y quedaría en manos de cada estado decidir si lo es o no y en qué supuestos.

Al fondo, una contramanifestante sostiene un cartel anti Trump. / Reuters

En realidad, el país ya es un mosaico. Desde 2010, se han aprobado en estados con mayoría republicana 423 iniciativas legislativas que restringen de una forma u otra este derecho. 5 estados obligan a informar a la mujer que decide abortar sobre la supuesta relación entre aborto y cáncer de mama; 13, sobre el dolor del feto; 8, sobre las consecuencias a largo plazo para la salud mental de la mujer. 33 estados y Washington DC prohíben el uso de fondos públicos estatales. 11, restringen la cobertura de los planes privados de salud. Al menos 6 estados disponen solo de una sola clínica abortiva.

Garin Marschall cree que lo que está haciendo Donald Trump es “echar gasolina al fuego” de un debate que “excluye a las personas a las que de hecho les afecta: los pacientes”. Tanto él como su mujer, Erika, dejaron sus respectivos trabajos para concentrarse en la defensa del derecho al aborto. Conocer el relato de los afectados es, para Garin, la clave para despolitizar el aborto. “Las complicaciones del embarazo no discriminan según a quién votas”, señala Marschall, para quien Trump “está demonizando a su propia gente y haciéndoles sentir terriblemente mal a causa de sus decisiones”.

Ante el renovado acoso de Trump al aborto, y particularmente al practicado durante el último trimestre, tanto Garin como su esposa Erika figuran entre los firmantes de una carta pública escrita como respuesta a la petición del presidente durante el discurso del 5 de febrero. En ella defienden que la decisión de poner fin al embarazo “jamás es una decisión política sino personal” y le recuerdan al presidente y a la sociedad que los afectados “no somos monstruos. Somos vuestra familia, vuestros vecinos, alguien a quien queréis”. Personas que “estamos pidiendo que los americanos sopesen las restricciones sobre el aborto en el último trimestre a partir de nuestras historias, no de los casos hipotéticos que se han fabricado para ganar puntos políticos".