Los eurodiputados tienen en su mano "la última oportunidad" para tumbar el "dañino" pacto migratorio europeo. Es la demanda que hacen hasta 81 organizaciones de la sociedad civil de cara a la votación sobre el Pacto de Asilo y Migración que la comisión de Justicia (LIBE) del Parlamento Europeo celebra este miércoles. 

El Consejo, la Comisión y el Parlamento, los conocidos como trílogos en la jerga comunitaria, llegaron el 20 de diciembre, bajo la Presidencia española, a un acuerdo político sobre el Pacto de Asilo y Migración en la UE, poniendo fin a ocho años de vacío. Pero las ONG no cesan de advertir de sus graves consecuencias en materia de derechos humanos.

La bautizada como crisis de refugiados de 2015 hizo saltar por los aires el consenso y los reglamentos que imperaban por aquel entonces. Durante la última década, el bloque comunitario ha operado con parches, improvisación, soluciones ad hoc y muchas divisiones entre los 27 Estados miembros, incapaces de reconciliar los principios de solidaridad y responsabilidad.

El acuerdo debe ser ahora refrendado por el Parlamento Europeo, que se tragó varios sapos y líneas rojas en las negociaciones con los Estados miembros. La gran toma de temperatura será la votación de este miércoles en la comisión LIBE, que preside el socialista Juan Fernando López Aguilar. El Pleno en su conjunto está llamado a someterlo a escrutinio durante el mes de abril. Pero lo que ocurra en esta primera votación será vital y señalará el camino.

Las comisiones están compuestas de manera proporcional por las familias políticas de la Eurocámara y, por lo tanto, son una antesala bastante fiable de la correlación de fuerzas y del resultado final.

"Luz verde a abusos en toda Europa"

"El acuerdo político del pasado mes de diciembre sobre el Pacto Migratorio de la UE fue un golpe a los derechos humanos de las personas migrantes. Su validación por parte de los eurodiputados significaría un fracaso en la defensa de los valores de la UE de dignidad humana, libertad e igualdad", denuncia Michele Levoy, directora de la Plataforma para la Cooperación Internacional de los Migrantes Indocumentados.

Con este telón de fondo, hasta 81 ONG han instado por carta a los eurodiputados a que aprovechen "esta última oportunidad" para tumbar un acuerdo "que socava los derechos fundamentales".

El pacto "es la continuación de una década de políticas que han llevado a la proliferación de violaciones de derechos humanos en Europa", reza la misma, que advierte de que tendrá "consecuencias devastadoras" para el derecho a la protección internacional y supondrá "dar luz verde a abusos en toda Europa" a través de los perfiles raciales, las detenciones en frontera por defecto y las devoluciones en caliente.

"Este acuerdo da prioridad a la disuasión, la detención y la deportación, al tiempo que aplasta la solidaridad y el derecho de asilo. Los eurodiputados deberían rechazar este y cualquier acuerdo que descuide la posición del Parlamento y que se haya aprobado a toda prisa a cualquier coste humano", apunta Stephanie Pope, experta de política migratoria europea en Oxfam.

Los firmantes recuerdan que el pacto alcanzado in extremis, tras un maratón de negociaciones de 48 horas y pocos días antes del parón navideño, permitirá la detención de los menores en los centros establecidos en las fronteras europeas. Incluso los menores sin acompañar pueden acabar en estos centros de detención si las autoridades nacionales los consideran un "peligro para la seguridad nacional o para el orden público".

"La experiencia ha demostrado que mantener a un gran número de personas en las zonas fronterizas durante largos periodos conduce al hacinamiento crónico y a unas condiciones inhumanas, como se observa en las islas del Egeo", recoge el texto.

2023, récord de fallecidos

Las ONG y el grupo de la Izquierda (The Left) denuncian que este acuerdo aumentará la vulnerabilidad de las personas que buscan protección internacional, mientras que no provocará una reducción en el número de llegadas a las costas comunitarias, el principal objetivo de facto en una UE cada vez más fortificada.

"Este acuerdo político no solo encarna el racismo en la postura de Europa hacia la inmigración, sino que también es un síntoma de que las ideologías de extrema derecha están ganando terreno en todo el continente", advierte Kim Smouter, director de la Red Europea contra el Racismo.

A pesar de deshacer el nudo en torno a una de sus asignaturas más complicadas, la UE ha mantenido el principio de Dublín, según el cual el país de entrada es el responsable del migrante o refugiado, y no ha establecido un sistema de reparto obligatorio. En su lugar se fija una solidaridad a la carta en la que los países pueden optar por pagar en lugar de reubicar a las personas.

El año 2023 fue el más mortífero desde 2015. Más de 2.500 personas perdieron la vida en el Mediterráneo, una cifra que puede ser mucho mayor dado el gran número de personas que han desaparecido en sus aguas sin dejar rastro. La prioridad del pacto es acelerar los retornos y los análisis de las solicitudes de asilo, pero apenas hay iniciativas para generar vías de llegada legales y seguras.

"Los derechos humanos no son negociables. Rechazar el Pacto Migratorio de la UE no es solo un voto, es una postura para el futuro. Queremos una Europa que sitúe a las personas por encima de las fronteras, que elija la protección por encima del abandono, la dignidad por encima de la detención y la solidaridad por encima del sufrimiento", concluye Giulia Cicoli, fundadora de Still I Rise.

La no exención a los menores

La situación de los menores en frontera fue uno de los principales caballos de batalla en la recta final de las negociaciones. Francia y Alemania lideraron los dos bloques enfrentados. El Gobierno de Emmanuel Macron capitaneó el lobby que pedía endurecer las condiciones de los recién llegados.

Según una investigación revelada el martes por Investigative Europe, Francia —junto a Países Bajos, Dinamarca y Malta— consiguió eliminar la cláusula que concedería una excepción de las normas de detención para menores y sus familiares. Alemania, en el otro lado, espetó, junto a Portugal, Irlanda y Luxemburgo, que esto era "inaceptable". La propia ONU había advertido que estas políticas podrían vulnerar la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Niños, que ha sido suscrita por los países europeos.