La Asamblea Nacional de Francia aprobó ayer el proyecto de ley antiburka que prevé la prohibición en todos los espacios públicos de las indumentarias que cubran el rostro y establece sanciones de hasta un año de cárcel (dos años si la víctima es menor de edad) para quienes violen esa norma. El texto obtuvo 335 votos a favor la mayoría de ellos procedente de los diputados conservadores de la Unión por un Movimiento Popular (UMP) y sólo uno en contra. No obstante, más de 220 diputados (verdes, socialistas y comunistas) se abstuvieron para no avalar un texto cuya constitucionalidad y eficacia les plantea muchas dudas.

Incluso el Consejo de Estado ya ha alertado de que prohibir los velos integrales es inconstitucional porque atenta contra los derechos individuales y la libertad de culto.

La ley antiburka ha sido un auténtico culebrón de la política francesa desde el año pasado, cuando el presidente francés, Nicolas Sarkozy, manifestó públicamente que el velo integral no era 'bienvenido en el territorio de la República'. Los datos demuestran que apenas el 0,006% de mujeres en Francia porta el burka o el niqab, pero el rédito electoral era evidente.

La ley ya ha pasado su examen en el Parlamento, antes de ir al Senado en septiembre. El texto es claro y rotundo. No hace alusión alguna a la religión o el género, y sí estipula que 'nadie puede, en el espacio público, llevar una indumentaria destinada a disimular su rostro'. Prevé, para quienes contravengan la norma, una multa de 150 euros que puede ser reemplazada por un cursillo de ciudadanía. Aunque las sanciones pueden acarrear la pena de cárcel para cualquier persona que por la 'amenaza, la violencia, la fuerza, el abuso de autoridad o el abuso de poder' imponga esa indumentaria a una mujer.

Tras su abstención, los socialistas señalaron su 'satisfacción' por la decisión del Consejo Constitucional de controlar la futura ley. Para el diputado verde François de Rugy, 'esta ley ha sido concebida como una maniobra de distracción' del Gobierno.