Dos testimonios de antiguos miembros de las FARC implican al Ejército de Hugo Chávez en los cursillos de adiestramiento que ETA impartió a los guerrilleros colombianos en suelo venezolano. Los relatos de los arrepentidos forman parte de un informe de la Comisaría General de Información de la Policía que el juez utiliza para denunciar 'cooperación gubernamental venezolana' en los tratos que mantenían las dos organizaciones terroristas.

En el apartado del auto dedicado a los 'hechos' se describe cómo en agosto de 2007 dos presuntos miembros de ETA impartieron en la selva venezolana dos cursos sobre manejo de explosivos a guerrilleros de las FARC. Los etarras completaron el trayecto entre el primer y el segundo campamento 'con el conocimiento y la compañía de una persona que vestía chaleco con escudo de la Dirección de Inteligencia Militar (DIM) de Venezuela', así como escoltados por 'militares venezolanos'.

El testimonio parte de dos asistentes a los cursillos sobre explosivos

A continuación, el auto del juez asegura que el curso fue organizado por Arturo Cubillas Fontán, en representación de ETA, y por Remedios García Albert, de parte de las FARC. El primero, alto cargo del Ministerio de Agricultura de Chávez, está considerado por la Policía española máximo responsable del colectivo de etarras en Venezuela, mientras que García Albert fue detenida en El Escorial en julio de 2008, acusada de pertenecer a la Comisión Internacional de las FARC.

Ese arresto es parte de la investigación iniciada tras la incautación del ordenador de Raúl Reyes, el número dos de las FARC abatido el 1 de marzo de 2008 en una operación del Ejército colombiano. Información incluida en 25 correos electrónicos, alusivos a la relación entre las FARC y ETA, motivaron que la Fiscalía de la Audiencia Nacional abriera una investigación en junio de 2008.

Policía y Guardia Civil comenzaron a aportar al juez toda la información con la que contaban de los vínculos históricos entre los grupos terroristas desde 1993. Además, agentes de la Comisaría General de Información viajaron a Colombia para recabar pruebas. Con ayuda del Ministerio de Defensa colombiano localizaron a los ex guerrilleros de las FARC, acogidos al Programa de Desmovilizados, que expusieron lo que recordaban de la visita de los etarras. Así se pudo identificar a Ignacio Domínguez Achalandabaso como uno de los que impartió el cursillo, mientras que del otro sólo se pudo conocer el alias bajo el que se escondía, Martín Capa.

Declararon que un alto cargo de Chávez organizó los encuentros

Un ex guerrillero identificado con el alias de Camilo describió en primera persona cómo los dos etarras les enseñaron a manejar el explosivo tipo C4 y a utilizar teléfonos móviles como iniciadores en un campamento del estado venezolano de Apure. Camilo nombró por su alias a los 13 participantes de las FARC en el curso, mencionó la asistencia al mismo de siete miembros del Frente de Liberación Bolivariana (FLB) y detalló su duración: seis jornadas de dos horas cada una.

El mismo curso se repitió en el Bloque Caribe de las FARC. En el trayecto, los etarras fueron escoltados por el Ejército y el espía venezolanos, vía Maracaibo. El relato de Camilo fue ratificado por otro guerrillero con el sobrenombre de Patxo. El testimonio de otros dos ex miembros de las FARC, con los alias de Rubén y César, permitió identificar a José María Zaldúa Corta como el adiestrador en materia de explosivo que visitó los campos venezolanos de las FARC en 2006 y 2008.

Zaldúa Corta y Achalandabaso, ambos en paradero desconocido, han sido procesados por el juez Velasco junto a Arturo Cubillas y otros tres presuntos etarras, ésos últimos miembros de la reducida colonia que reside en Cuba.

Las memorias intervenidas a los ordenadores del dirigente de las FARC Raúl Reyes, tras el bombardeo de su campamento en territorio ecuatoriano en marzo de 2008 son como un Guadiana que aparece y desaparece puntualmente en momentos precisos de la peripecia colombiana. Unas veces sirven para amenazar con meter en la cárcel a miembros de la oposición y otras aparecen oportunamente acusando al presidente ecuatoriano, Rafael Correa, y a su entorno de apoyar a la guerrilla, acusaciones que, en todos los casos, acaban por desvanecerse.

En realidad los papeles de Raúl Reyes nunca han sido entregados a la justicia colombiana ni de ningún otro país. Se filtran parcialmente a los medios o aparecen en fiscalías de Estados Unidos o de Europa, pero la opinión pública colombiana nunca ha tenido acceso a ellos. Tras la muerte de Reyes y en un alarde de transparencia, el ejército de Colombia entregó los materiales informáticos a la Interpol para su peritazgo y clasificación en su sede central en Francia. Pero cuando la dirección de Interpol devolvió su informe y los soportes hizo saber que antes de serle entregado, el material permaneció tres días en manos del Ejército y luego una semana en manos de la Policía, por lo que su custodia “no se ajustó a los principios reconocidos internacionalmente para el tratamiento de pruebas electrónicas por parte de organismos encargados de la aplicación de la ley”.

Los especialistas de Interpol hallaron un total de 48.055 archivos cuyas marcas de tiempo indicaban que no solo habían sido abiertos, sino también creados, modificados o suprimidos por las autoridades colombianas como consecuencia del acceso directo antes de su entrega a Interpol. / ANTONIO ALBIÑANA