Diez años de precariedad

Hace una década que los jóvenes de este país inundaron las plazas para reclamar más democracia y menos precariedad. Las pancartas y camisetas rezaban “sin casa, sin curro, sin pensión, sin miedo” y en las asambleas se escuchaban relatos sobre paro, trabajos precarios o emigración forzosa. Aquel movimiento dejó una huella imborrable en nuestra sociedad y sembró muchas de las transformaciones que posteriormente se produjeron en el ámbito institucional.

Sin embargo, pocos cambios a mejor se han producido en la situación laboral y vital de unos jóvenes, y no tan jóvenes, que han tenido que afrontar en menos de diez años las dos crisis más graves que ha sufrido Europa en el último siglo. El tiempo que pasó entre las dos crisis tampoco fue un camino de rosas, ya que a pesar de que las condiciones de los jóvenes mejoraron, la precariedad estructural dificultó la consolidación de una estabilidad que ahora se posterga sine die. En estos diez años hemos pasado de denunciar la posibilidad de ser la primera generación en siglos que vive peor que la de sus padres a asumirlo como una realidad irreversible.

Las cifras hablan de una historia repetida entre 2011 y 2021. El paro juvenil de los menores de 25 años era en 2011 del 48,14% y el de los menores de 30, del 27,2%; y a finales de 2020, del 40,13% y del 23,53%, respectivamente, sin contar los trabajadores en ERTE. La temporalidad en los contratos de los jóvenes se ha incrementado aún más desde entonces, pasando del 62% en el segundo cuatrimestre de 2011 al 64,5% en 2020, veinte puntos por encima de la media europea. Además, con la actual crisis, la inactividad aumentó aún más que el paro, llegando en el segundo trimestre de 2020 a máximos históricos del 52,1%

Cuando hay una crisis los que la pagan son los temporales, y como consecuencia de esta temporalidad juvenil el 91% de los empleos que se destruyeron durante la crisis de 2008 estaban ocupados por menores de 35 años. En la actual crisis ha ocurrido algo similar. El paro juvenil se incrementó en casi un 10%, frente al2,3% del general. En 2011 España era el segundo país de la Unión Europea con más desempleo juvenil, solo por detrás de Grecia, manteniendo la misma posición en 2020. Los jóvenes precarios tampoco han podido beneficiarse en la misma medida que el resto de trabajadores de los mecanismos de protección planteados por los gobiernos para proteger a los trabajadores ante las crisis.

En la actual crisis derivada de la pandemia los mecanismos de ERTE han sido empleados fundamentalmente para proteger a trabajadores fijos, ya que muchas empresas se adelantaron despidiendo a los temporales antes de que se aprobara la restricción para despedir y otras han podido asumir el coste. En 2008 directamente no existió ningún tipo de mecanismo de protección y se invitó a los jóvenes a salir del país. En todo caso, la diferencia existente entre el incremento del paro entre una crisis y otra entre los jóvenes se explica porque una parte sí pudo acogerse a los mecanismos de los ERTE.

Esta crisis no la pagamos

Otro de los lemas de los jóvenes en 2011 era “esta crisis no la pagamos” ante la evidencia de que los jóvenes eran uno de los colectivos más perjudicados por la crisis de 2008. Como vemos, en la faceta económica de esta crisis, la historia se repite sistemáticamente y son los jóvenes los que más están pagando las consecuencias económicas de la pandemia.

Esta mayor destrucción de empleo entre los jóvenes durante las crisis no es casualidad: se debe a la alta temporalidad de los contratos de la juventud, que los hace más fácilmente prescindibles cuando se produce una crisis. Detrás está uno de los problemas estructurales de nuestro modelo laboral, el modelo dual construido a base de reformas laborales durante los años 80 y 90 y la especialización productiva en sectores de bajo valor añadido a raíz de la mal gestionada liberalización económica que se produjo con la entrada de España en la UE.

Los modelos laborales duales se caracterizan por sostener una brecha de gran magnitud entre dos tipos de trabajadores, aquellos con un empleo fijo y protección ante los despidos –los denominados insiders–, y aquellos con contratos temporales y precarios, fundamentalmente los jóvenes –denominados outsiders–. Existe un consenso en la teoría económica en que esta dualidad está detrás del elevado paro juvenil existente en España y otros países del Sur de Europa, siendo una de las principales recomendaciones de la Unión Europea que España debe cumplir si no quiere tener problemas en el acceso a los fondos europeos. El debate está en si el problema se soluciona igualando condiciones al alza o a la baja.

Nos deben 12.000 euros

A la elevada temporalidad juvenil fruto de esa dualidad hay que sumarle figuras extralaborales que proliferan entre los jóvenes como son las becas de los falsos becarios o los falsos autónomos, figuras que afectan fundamentalmente a los jóvenes. Esta realidad laboral lleva a que muchos jóvenes encadenen prácticas y contratos temporales durante años, algo que no ha cambiado en la última década. En 2019 y 2020 el precio del alquiler en relación a los salarios ha alcanzado máximos históricos y el acceso a la propiedad es una quimera para los jóvenes por la dificultad de ahorrar suficiente para la entrada de la hipoteca.

Sobre el problema de la dualidad laboral se construye una segunda dualidad en el acceso a la vivienda produciendo una brecha entre inquilinos y rentistas en la que los perjudicados son, una vez más, los jóvenes. Como consecuencia de lo anterior, España tiene una deuda pendiente con los jóvenes nacidos a partir de 1985. Esa deuda asciende al menos a 12.000 euros por joven, según han cuantificado un reciente estudio de Ariane Aumaitre y Jorge Galindo con datos de Eurostat. Esa es la diferencia de renta acumulada existente entre la generación nacida entre 1975 y 1984 y la generación de las crisis, nacida entre 1985 y 1994. Esos 12.000 euros suponen una diferencia de un 13% en renta acumulada entre estas dos generaciones hasta los 34 años. En definitiva, se trata de una generación de jóvenes para la que la posibilidad de vivir peor que sus padres ha pasado de hipótesis a constatación.

Esta disminución de ingresos a lo largo de la juventud tiene múltiples consecuencias. La más evidente se manifiesta en la edad de emancipación. Los datos de Eurostat de 2019 muestran que la juventud española se emancipaba a los 29,5 años, siendo junto a Italia la edad más alta de los países de nuestro entorno. Este dato contrasta con los países escandinavos, donde la media está en 17,5 años. Esta cifra supone un empeoramiento respecto a la edad media de 2011, que era de 28,5 años y es previsible que haya aumentado en 2020 y 2021.

El modelo dual no solo se reduce a la precariedad laboral si no que da lugar a un modelo de estado del bienestar característico de los países mediterráneos en el que se espera que los jóvenes sean dependientes de su familia hasta que dejen de ser jóvenes. Un modelo en el que apenas existen políticas de apoyo para favorecer su emancipación.

Como apuntan los datos del INE sobre emancipación, el número total de jóvenes entre 16 y 35 años que viven con sus padres pasó de 5,8 millones a 6,03, una cifra que ya es peor que la de 2011, cuando eran 5,91 millones. Evidentemente el precio de la vivienda y la escasez de políticas públicas al respecto es la otra variable que explica la altísima edad de emancipación española.

¿Nadie va a pensar en los niños?

La siguiente consecuencia que se desprende de estos problemas es la baja tasa de natalidad. Es reduccionista y poco riguroso plantear que la fecundidad se debe exclusivamente a cuestiones materiales, pero es evidente que para muchas parejas jóvenes es un factor relevante a tener en cuenta. La tasa bruta de natalidad medida por el INE pasó de 10,07 nacimientos por cada 1.000 habitantes en 2011 a 7,02 en 2019. Ni siquiera los años de recuperación económica sirvieron para que se recuperara la tasa de natalidad, lo que apunta al problema estructural que supone la precariedad. Además, hay otros problemas relacionados con la precariedad como los vinculados con la salud mental, que requerirían un artículo aparte.

Sin embargo, parece evidente que en la pandemia ese problema puede haberse agravado debido al cóctel de precariedad laboral y confinamiento al que también se suma cierta actitud de criminalización de la juventud al ser señalados por los medios de comunicación en muchos casos como responsables de los contagios.

Somos los de abajo y venimos a por los de arriba

En 2011 todas estas circunstancias llevaron a los jóvenes de este país a organizarse y ocupar las plazas, a levantar numerosos proyectos que innovaron en la acción colectiva y que también sirvieron como catalizadores de la renovación de sindicatos y partidos. Uno de aquellos colectivos fue la Oficina Precaria, que pretendía llevar la acción sindical adonde no llegaban los sindicatos y poner luz en las prácticas más invisibles de la precariedad laboral, como las de los falsos autónomos y los becarios.

A partir de 2014 muchos de los jóvenes que participaron en el 15-M y en aquellas experiencias posteriores integraron los inicios de proyectos políticos como Podemos o las candidaturas municipalistas. El interés por la política entre los jóvenes y las ganas de cambiar las cosas se dispararon a raíz del 15-M. Según los datos de la encuesta de Injuve, en 2006 el porcentaje de jóvenes interesados por la política rondaba el 17% y en 2012 se disparó al 40%. La última encuesta señalaba que este interés se había reducido al 35% y es previsible que la pandemia lo haya reducido aún más.

En este periodo de tiempo muchos de los colectivos creados hace diez años fueron languideciendo o desapareciendo debido en parte a la incompatibilidad para los integrantes que los conformaban de compatibilizar el elevado compromiso activista necesario para sostenerlos con la supervivencia económica en la selva de la precariedad.

Sin embargo, en los últimos años han aparecido algunos colectivos que beben de aquellos repertorios de acción y que están teniendo un impacto político relevante, destacando especialmente los sindicatos de inquilinas de Madrid y Barcelona, que están promoviendo modificaciones sustantivas en la regulación de vivienda, y la plataforma Riders por derechos, cuyas acciones fueron el germen de la Ley Rider.

También hay que destacar las recientes protestas por la libertad de expresión a raíz del encarcelamiento de Pablo Hasel, que indirectamente han supuesto un grito de protesta de los jóvenes ante la precariedad que atraviesa sus vidas. Es ya una evidencia que, a pesar de que los datos sean escandalosos, el problema de la precariedad que afecta especialmente a la juventud no se incluye en las prioridades de la agenda política sin una acción colectiva organizada por parte de los sujetos afectados.

¿Para qué sirvió?

Ya hemos visto que en estos diez años la precariedad ha persistido entre los jóvenes y que con esta última crisis se ha vuelto a agudizar prácticamente como en la anterior. Esto nos lleva a pensar que, a pesar de la fuerza con la que la juventud se movilizó hace diez años para denunciar la precariedad y las consecuencias políticas que se desencadenaron, en la práctica no se han producido demasiados avances que mejoren su situación.

Sin embargo, por ser generosos, vamos a analizar algunos pasos que se han dado a nivel político para atajar los principales condicionantes de la precariedad que sufren los jóvenes. Solo un año después del 15-M, con la llegada del PP al poder, se aprobó la reforma laboral que, lejos de servir para resolver el problema de la dualidad dando más derechos a los temporales, lo que hizo fue desproteger a los indefinidos haciéndolos menos indefinidos, restando poder a los convenios colectivos y favoreciendo la subcontratación.

Esta reforma desencadenó dos huelgas generales que bebieron mucho del ciclo de protestas iniciado por los jóvenes en el 15-M. Sin embargo, diez años después la misma reforma laboral sigue vigente pese a todas las vueltas que ha dado el panorama político español. Afortunadamente, el actual Gobierno está dando pasos para comenzar a revertirla aunque aún estamos a la espera del resultado. Otra cuestión es la relativa a las figuras extralaborales que afectan especialmente a los jóvenes como son los falsos autónomos y los falsos becarios.

Los primeros están de plena actualidad debido a la eclosión en estos diez años de la economía de plataforma y los riders, y está a punto de aprobarse una Ley para acabar con esta perversión de las relaciones laborales. Las falsas becas que afectan a los jóvenes universitarios también fueron en algunos momentos motivo de atención de las instituciones durante estos años y el Gobierno se ha comprometido a atajarlas, aunque su abordaje va a peor ritmo que el de los falsos autónomos. Respecto a la vivienda los pasos han sido tímidos de momento a pesar de que el tema ha agitado el debate político en los últimos meses en parte gracias a la aparición de los sindicatos de inquilinos e inquilinas.

En comunidades como Catalunya se han dado pasos importantes con la nueva Ley de Vivienda, pero sin una regulación estatal que permita regular los precios y ampliar el mercado mientras se incrementa decididamente el parque público de viviendas en alquiler este problema no se va a resolver. Otra política que podría haber servido para paliar la precariedad juvenil es el Ingreso Mínimo Vital. Sin embargo, la limitación de su planteamiento hace que sea muy difícil acceder a ella por parte de los jóvenes, lo que supone otra oportunidad desaprovechada para ayudar a los jóvenes en esta crisis.

¿Qué hacer?

Pese a la profundidad de los problemas no es difícil pensar por dónde se pueden construir las soluciones, si bien las reformas necesarias implicarían necesariamente transformar sustancialmente nuestro modelo laboral y avanzar hacia un Estado del bienestar más inclusivo.

En primer lugar hay que abordar el problema de la dualidad cambiando la regulación laboral. No es suficiente con derogar la reforma del PP, ya que la precariedad era crónica antes de 2012. Hay que avanzar hacia otro modelo que acabe con el abuso de la temporalidad. Ese modelo pasa por la limitación del uso de los contratos temporales a casos mucho más tasados y por el refuerzo de la Inspección de Trabajo para perseguir los casos de fraude. Para estrechar el cerco a los fraudes extralaborales hace falta regulación pero también es imprescindible que la Inspección destine recursos suficientes a perseguir estas prácticas.

Por otro lado, hay que avanzar en la materialización de derechos para favorecer la emancipación, empezando por la vivienda. Necesitamos multiplicar el parque público de viviendas en alquiler para acercarnos mínimamente al de los países centroeuropeos, adoptar transferencias directas para la emancipación y la conciliación como hay en Francia o Alemania, además de limitar los precios de los alquileres en zonas tensionadas por el turismo.

Es fundamental también que se revisen los requisitos para posibilitar que el Ingreso Mínimo Vital sea una herramienta contra la precariedad. Lo más difícil y quizás lo más importante es la necesidad de transformar nuestro modelo productivo hacia uno basado en sectores de mayor valor añadido. Como decíamos, desde los años 90 la especialización productiva de este país se ha basado en el ladrillo y la hostelería mientras las nuevas generaciones de jóvenes han adquirido niveles de formación nunca vistos en este país.

Para acabar con la precariedad, pero también con el atraso relativo de nuestro país, es imprescindible aprovechar la oportunidad que se presenta con los fondos europeos Next Generation EU para desarrollar nuevos polos productivos en torno a la transición ecológica y a la digitalización. Suena ya a tópico, pero desaprovechar esta oportunidad puede llevarnos a otros diez o cien años de precariedad. A diferencia de lo que podía ser hace diez años, plantear estos avances en 2021 ya ha dejado de ser una reivindicación de jóvenes indignados para ser una obligación como país. El modelo anterior está agotado y va camino de autodestruirse en los próximos años si no se toman medidas.

Cuando la precariedad se cronifica más allá de los 30, tiene un impacto creciente en la fecundidad. Sin nuevas generaciones que coticen y sostengan el sistema, se pone en peligro el conjunto del sistema de protección social y este sistema no aguanta otros diez años de precariedad. Esperamos que el 15-M recoja sus frutos en esta década.