¿Por qué me obligáis a ir?

Los Puntos de Encuentro Familiar (PEF) surgen en los años 90 y las gestoras que los dirigen los definen como “lugares físicos idóneos, neutrales y seguros para facilitar el régimen de visitas de los y las menores con sus familias y un servicio destinado a favorecer el derecho de los y las menores a relacionarse con sus progenitores con carácter temporal”. Es decir, que en sus inicios jamás se contempló entre sus fines la atención de situaciones de violencia de género. Y en lo que se han convertido en realidad es en lugares donde niños, niñas y jóvenes víctimas de violencia de género son obligadas/os a mantener una relación con un hombre maltratador, que es, además, su maltratador.

El Acuerdo de Medidas del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, redactado más de una década después de que se aprobase la Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, pretende entre otras cosas aclarar que los y las niñas víctimas de violencia de género necesitan una atención adecuada a sus necesidades específicas. El Pacto reconoce que es preciso intensificar la asistencia y protección de los y las menores, revisar las medidas civiles relativas a su custodia e impulsar la especialización de los Puntos de Encuentro Familiar para las situaciones relacionadas con violencia de género.

Para ello recoge tres medidas concretas: establecer el carácter imperativo de la suspensión del régimen de visitas cuando el o la menor haya presenciado, sufrido o convivido con violencia, poner en marcha Puntos de Encuentro Familiar exclusivos y especializados para los casos de violencia de género y posibilitar el derecho de los niños y niñas a ser escuchados. Es decir, “dar la posibilidad a los y las menores de 12 años de ser escuchados, teniendo en cuenta sus condiciones de edad y madurez, y buscando siempre el interés superior del menor”.

En nuestra labor diaria de atención y acompañamiento a víctimas de violencia de género vemos que en la práctica totalidad de las situaciones en las que hay niños, niñas y jóvenes, el maltratador, además de violentarles a ellos, les convierte en instrumentos y armas perfectas para seguir maltratando a la mujer víctima tras la ruptura de la relación.

Los y las profesionales que trabajamos con víctimas de violencia de género y una parte importante de nuestra sociedad no tenemos la menor duda de que un hombre maltratador no puede ser un buen padre. Sin embargo, vemos que el sistema, aunque se le dote de medios para proteger a los y las niñas víctimas de violencia, no aplica las medidas previstas con suficiente contundencia para su protección. Esto facilita que se mantenga vigente un sistema patriarcal que obvia la lucha para avanzar hacia una parentalidad positiva, basada en un vínculo afectivo que implica cuidado, protección, seguridad y educación. La violencia hace saltar por los aires todo esto.

Quienes defienden el actual sistema se refieren constantemente al “interés superior del menor”, haciendo una interpretación perversa del mismo, para seguir obligando a estas víctimas a mantener una relación con la persona que origina su desprotección y cuya relación afecta a su desarrollo biológico, psicológico y social. A pesar de tener clara esta situación, existe una fuerte resistencia a adoptar los cambios necesarios para terminar con el dolor y daño que estamos causando a niños, niñas y jóvenes víctimas de violencia de género.

Mantenernos, para que todo siga igual, en su sí pero no, un vamos poco a poco, un hay que seguir dando una oportunidad, y un largo etcétera, que supone la legitimización para que los hombres maltratadores puedan seguir violentando a niños, niñas y mujeres. Los Puntos de Encuentro Familiar se han convertido en el medio ideal para mantener ese “sí pero no”. El medio perfecto para obligar “a querer a un padre violento”.

Durante los últimos años y mientras se producían importantes avances en la lucha contra la violencia de género, otra forma de desprotección hacia las víctimas se hacía un hueco en el sistema judicial: el supuesto Síndrome de Alienación Parental. Un síndrome inexistente y expresamente desaconsejado por el CGPJ, pero que tiene un impacto tremendo sobre mujeres, niñas y niños que sufren la violencia de género. Los Puntos de Encuentro Familiar no se han adaptado ni se les ha exigido que lo hagan ante la nueva realidad a la que sirven, ya que su gran volumen de trabajo está directamente relacionado con situaciones de violencia de género. Es decir, que se ha quedado obsoleto al cambiar el perfil de usuarios/as y que se ha mantenido, aunque el sistema ha evolucionado. Esto ha creado el caldo de cultivo perfecto para aplicar criterios del falso síndrome.

Si se cumpliesen las medidas del Pacto de Estado, y en concreto la que establece “el carácter imperativo de la suspensión del régimen de visitas…” en los casos de violencia de género, los Puntos de Encuentro Familiar caerían automáticamente en desuso. Si un hombre maltratador se considera con el derecho de ejercer violencia, nada le hará cambiar a no ser que haga un trabajo personal e interiorice la responsabilidad de su comportamiento y la necesidad de cambio. Por tanto, los PEF se convierten en el perfecto aliado de los maltratadores para mantenerse firme en su forma de proceder y negar el impacto que la violencia de género supone en las vidas de aquellas personas que debemos proteger.

Desde la Asociación Clara Campoamor consideramos imprescindible que se actúe en consecuencia, ya que en la violencia de género hay más de una víctima y necesitamos que se proteja igual a los y las niñas, dictando órdenes de protección hasta la total garantía de sus derechos y dando cobertura a su protección.

Respecto a la medida que prevé “la puesta en marcha de Puntos de Encuentro Familiar exclusivos y especializados…”, en los últimos años hemos visto cómo la falta de especialización y sensibilización ha dejado a una parte de nuestra infancia en la más absoluta situación de vulnerabilidad. Se están destrozando las vidas de miles de niños y niñas. Es por ello por lo que mujeres afectadas por decisiones judiciales adoptadas por informes desfavorables de los PEF se han organizado para visibilizar lo que está ocurriendo, creando redes y plataformas. María, nombre ficticio, de 43 años, describe su experiencia así: “Han destrozado la vida de mi hijo y la mía”. Este es el resultado.

Por último, la medida que prevé “posibilitar el derecho de los niños y niñas a ser escuchados y a participar en los asuntos que les afecten (…), y buscando siempre el interés superior del menor”, tampoco se aplica de manera efectiva. Daniel, de 8 años, es una víctima de violencia de género que acude todos los sábados al Punto de Encuentro Familiar atendido en nuestra Asociación y al que le gusta el fútbol. Su pregunta constante: “¿Por qué me obligas a ir?”.