"Asturias se salva luchando"

"Asturias se salva luchando". Durante cuatro décadas de democracia y autonomía ese ha sido el grito más coreado en las manifestaciones sindicales asturianas. Y es que los 40 años de democracia y autonomía lo han sido también de crisis y desindustrialización, sobre todo para las comarcas mineras, un territorio perdedor de la globalización, con 60.000 habitantes menos desde el final del siglo XX.

Nunca han sido buenos tiempos para los de abajo. La clase obrera asturiana salió de la larga noche del franquismo para toparse, casi al día siguiente, con la dura realidad de la crisis y la llamada reconversión, eufemismo de lo que en la mayoría de los casos fue sencillamente la desindustrialización y la liquidación como chatarra de sectores económicos completos. No se habían celebrado todavía las primeras elecciones democráticas cuando en 1976 una masiva manifestación llenaba las calles de Mieres, capital de la cuenca del Caudal, en defensa de su histórica siderurgia. Volverían a hacerlo en 1979, aunque sin éxito, ya que ese mismo año echó el cierre la histórica Fábrica de Mieres, fundada un siglo antes, en 1879. Se iniciaba la desindustrialización de un territorio que desde el siglo XIX había vivido del metal y del carbón. De un territorio receptor de inmigración se pasaba a un territorio emisor de emigración.

En 1982 el PSOE gana las elecciones. El partido hermano del Sindicato Obrero Minero de Asturias arrasa en las cuencas. Desde 1974 Felipe González visita varias veces las cuencas, donde el PSOE, la UGT y el SOMA experimentan una rápida reconstrucción durante la Transición democrática. Sin embargo, tan solo tres años más tarde, en 1985, tiene lugar la primera huelga general que enfrenta a los mineros con el Gobierno socialista, al que, en su mayoría, han votado estos trabajadores. Reivindican aumentar la inversión en modernización de las explotaciones y también en seguridad. 1985 ha sido un año trágico: 73 muertes en accidentes laborales en las cuencas mineras asturianas. Los pozos siguen estando tecnológicamente anticuados y la muerte es una presencia constante. De fondo, hay algo que preocupa casi tanto como perder la vida en la mina: cómo va a afectar al sector la integración en una Comunidad Económica Europea que obliga a reducir las ayudas públicas a las explotaciones carboníferas. Las noticias que vienen de Europa no son buenas. Alemania está cerrando minas en la cuenca del Rhur. Ese mismo 1985, los mineros británicos, un ejército desarmado de miles de hombres, son derrotados por Margaret Thatcher tras una heroica huelga de un año de duración.

La batalla minera

Ocupado en el ajuste de otros sectores que también darán la batalla, como el naval o la siderurgia, el Gobierno de Felipe González retrasa los planes de ajuste en la minería. La amenaza latente se concreta en 1991. La empresa pública Hunosa, con unas pérdidas anuales de miles de millones de pesetas, pone sobre la mesa un plan para reducir su enorme plantilla, más de 25.000 personas, y cerrar los pozos más deficitarios. El proyecto desatará, en palabras del historiador Ramón Piñeiro, "el ciclo más prolífico de huelgas generales que ha conocido la minería asturiana". Ningún otro sector en reconversión tiene la cohesión, organización y legitimidad para resistir del mismo modo al Gobierno de Felipe González. El enfrentamiento será el más duro, con huelgas generales que se extienden al conjunto de las comarcas y sectores laborales, así como un repertorio de acción colectiva que incluye encierros en los pozos y masivas manifestaciones que no solo movilizan a los trabajadores directamente implicados sino también a sus familias y a toda la comunidad que les rodea. Cuando los pozos paran, para todo: fábricas y talleres, servicios públicos, comercio y bares. La parte más espectacular son los cortes de tráfico, las barricadas ardiendo, los sabotajes y las batallas campales a pedradas contra los antidisturbios, pero si los mineros pueden ir tan lejos en su lucha es porque saben que tienen el respaldo de la mayoría social en las cuencas y en el conjunto de la región.

El 23 de octubre de 1991 una huelga general paraliza Asturias en defensa de un futuro para su industria y su minería. La protesta es a escala regional similar en magnitud y éxito a la huelga general del 14 de diciembre de 1988. Miles de personas llenan el centro de Oviedo al grito de "Asturias se salva luchando". Aunque la movilización interpela a toda la sociedad asturiana, la minería y las cuencas son la locomotora de una masiva movilización que anticipa los Teruel Existe, Soria Ya, Jaén merece más, el Yo paro por León y otros gritos de una España periférica abocada a la decadencia y el envejecimiento.

Un cierre a cámara lenta

La contundencia de la respuesta obliga al Gobierno a llegar a un pacto, moderar sus planes y realizar concesiones: cierre a cámara lenta de la minería, negociado con los sindicatos, y con buenas condiciones. La reducción de los puestos de trabajo no será con despidos masivos, sino a través prejubilaciones. Además, a partir de 1998, las comarcas mineras recibirán unos millonarios fondos para su reindustrialización. Más de 6.000 millones de euros invertidos en un territorio que apenas llega a los 200.000 habitantes.

Alberto Rubio, ex secretario general de CCOO de Asturias, con 11 huelgas generales en su hoja de servicios, resume los fondos mineros como "una gran idea mal realizada". La sensación que ha quedado en las cuencas es amarga. Las prejubilaciones fueron exitosas en la medida que mantuvieron las sidrerías y los centros comerciales llenos e impidieron un desplome del nivel de vida de las familias, pero con los fondos mineros todo el mundo reconoce hoy que se desperdició una oportunidad histórica. La misma sociedad que dio la batalla por evitar un cierre de la mina a la "thatcheriana" dilapidó los frutos de su lucha en ocurrencias, proyectos empresariales fallidos y casos de corrupción. El dinero que debía servir para dar futuro al territorio no generó ni de lejos los puestos de empleo imaginados para las siguientes generaciones, muchas de ellas formadas en la Universidad, y que han ido emigrando a Oviedo, Gijón, pero también a otros lugares de España y del mundo.

"Las mejores inversiones fueron las que se hicieron en el hábitat y las infraestructuras. Ya no hay escombreras por todas partes y el agua no baja negra, como cuando yo era niño y pensaba que ese era el color natural de los ríos", sostiene Rubio, para quien la paradoja es que las cuencas mineras sean hoy a la vez un lugar más agradable para vivir pero que al mismo tiempo no dejen de perder población: 41.000 habitantes menos en lo que llevamos de siglo XXI. "Faltan jóvenes porque falta empleo, y porque se fomentó la emigración de los más preparados, pero esto no es ni el desierto de las antiguas zonas mineras británicas, ni la gente se ha pasado a la extrema derecha, como en muchas partes obreras de Francia que antes votaban comunista y ahora a Le Pen", opina este minero jubilado, vecino de Pola de Laviana. Aunque la izquierda siga siendo hegemónica en las cuencas, Rubio lamenta la pérdida de parte del carácter asociativo y reivindicativo de un territorio en el que "en eso estábamos muy por encima de la media", y destaca en el plano positivo la calidad de vida de un territorio rodeado de naturaleza, con buenos servicios públicos e incluso una oferta cultural alta para el tamaño de sus poblaciones. "Con empleo, aquí puedes vivir muy bien, con todo al lado de casa y gastando menos dinero que en Oviedo o Gijón", explica el veterano sindicalista.

La reconversión interminable

La primavera de 2012, medio siglo después de las huelgas de 1962, estalla el último conflicto minero de la historia de España. Mineros de Asturias, León y Aragón se levantan contra los planes del Gobierno de Rajoy de liquidar de manera rápida lo que queda de un sector moribundo, pero que todavía empleaba a 3.200 personas.

Durante 65 días los mineros se movilizan, cortan trenes y carreteras y marchan a Madrid, donde el 11 de julio son recibidos como héroes por miles de madrileños y madrileñas indignados con las políticas económicas del Gobierno. Los mineros son vistos como la punta de lanza en la lucha contra los recortes del PP. Si ellos vencen, otros sectores pueden también vencer. Rajoy capta el mensaje, aprieta el acelerador de la liquidación de la minería e infringe un castigo ejemplar a la huelga: aplica la represión, rompe hábilmente la unidad de acción entre el SOMA-UGT y CCOO y obliga a los sindicatos, muy debilitados, a firmar un plan de cierres de cara a 2018 a cambio de prácticamente nada. Tras haber sido privilegiado como interlocutor sindical por el PP, en octubre de 2014 el diario El País hace pública la fortuna irregular del líder sindical José Ángel Villa. Todo apunta a que la filtración viene del propio Gobierno de Mariano Rajoy. Triste epílogo para el último episodio de un movimiento obrero con más de un siglo de historia.

Hoy, seis años después de la fallida movilización minera de 2012, solo queda un pozo abierto: el histórico Nicolasa. El cierre de las centrales térmicas ha supuesto una nueva reconversión, la transición ecológica, que Hunosa ha comenzado con algunos proyectos en el sector de las energías renovables. Desde una central de biomasa a un gran plan de paneles solares en una enorme escombrera de Mieres. Pequeños grandes éxitos como la transformación de la antigua factoría siderúrgica de La Felguera en un moderno parque tecnológico, del Pozu Santa Bárbara de Mieres en un equipamiento cultural o incluso la prestigiosa estrella Michelín para un restaurante de Pola de Lena, Monte San Feliz, suponen rayos de esperanza para unas cuencas instaladas desde hace 40 años en la reconversión permanente, y en las que la nostalgia de los tiempos pasados convive con el orgullo territorial y de clase de unos habitantes que se resisten a emigrar y dar por perdida la batalla por el futuro de sus valles. Las cuencas se salvan luchando, aunque en 2022 ya no sea con barricadas.