Accidente aéreo militarYak-42: 15 largos años de mentiras y maltrato del Estado a las familias de las víctimas

El 26 mayo del 2003 quedó para la historia como la fecha de la mayor tragedia de las Fuerzas Armadas españolas en tiempos de paz: un vetusto avión Yakovlev 42, fletado a través de una cadena de subcontratas por el Ministerio de Defensa de Federico Trillo, se estrelló cerca de su escala, Trebisonda, en la costa norte turca. De las 75 personas muertas en el siniestro, 62 eran militares españoles que provenían de Kabul.

Ahora, se confirma lo que muchos de los familiares de las víctimas sabían desde hace más de una década: existen restos de sus seres queridos que aún siguen en territorio turco y que jamás fueron identificados.

Se trata de un hito más en un sinfín de desplantes, insultos, maltrato y desprecio ante los intentos de padres, viudas e hijos por conocer toda la verdad de lo ocurrido, personas que han llegado a ser calificados en el pasado de "locos" por el propio Ministerio, que les ha llegado a acusar de "avergonzar a los muertos" con su comportamiento.

En los días y semanas posteriores al accidente, el Ministerio y su entonces máximo responsable, Federico Trillo, se apresuraron a achacar el accidente a un error humano combinado con algunos fallos técnicos del aparato que habían desembocado en tragedia. El Gobierno, dirigido entonces por José María Aznar, lo había hecho todo bien, se concluyó entonces. Comenzaba así un larguísimo viacrucis judicial — se abrieron cinco procedimientos judiciales— y personal para muchos de los familiares que no han cejado en su empeño por despejar todas las dudas y las mentiras oficiales de semejante tragedia.

"La ministra ha mentido, como siempre"

El Ministerio de Defensa informaba esta misma semana de la aparición de un resto humano —una parte de una pierna— de una víctima del siniestro en un cementerio turco. Está sin identificar. La propia ministra, María Dolores de Cospedal, explicaba en el Congreso que aún no se sabe si la pierna localizada en un cementerio turco es de una víctima española del accidente aéreo, y aseguraba que se había "llamado a todos los familiares, menos a los de uno de los fallecidos que no quieren saber nada del asunto".

"La ministra ha mentido, como siempre", afirmó a este diario Rosario Benítez, viuda del comandante José Antonio Fernández Martínez. Por su parte, Mari Paz Fernández, viuda del comandante José Manuel Ripollés, comentaba a este diario poco después de las declaraciones de Cospedal que había gente afectada a la que no habían llamado. "Lo que no se puede consentir es que salga primero en los medios, si esto lo sabían hace mucho, ¿por qué no nos han informado antes?", se preguntaba.

Restos humanos

Las inexplicables prisas que tuvo tras el accidente el Gobierno por la identificación y traslado de los restos mortales de los militares españoles fallecidos supusieron un cúmulo de despropósitos para las familias afectadas. A 30 de ellos se le asignó una identidad errónea, y hubo casos en los que se llegaron a mezclar restos de varios cuerpos en un ataúd.

De hecho, la aparición de la pierna de una de las víctimas del accidente 15 años después, y a raíz de las gestiones del padre de uno de los fallecidos, viene a confirmar lo que muchos llevan denunciando durante años: hubo restos de sus seres queridos que se quedaron en Turquía. "No entendemos el porqué de esta noticia ahora", comentaba a este diario Benítez, que añadía: "Los familiares ya lo denunciamos en 2004".

Todo ello, pese la postura defensiva del Ejecutivo, que consideró que el trabajo realizado fue "riguroso" y atacaba las informaciones y las denuncias de los familiares. Por poner un ejemplo de entre muchos, en las cartas enviadas en su momento por el secretario general de Política de Defensa de entonces y responsable de atender a las familias, Jaime Jiménez-Ugarte (más tarde embajador en Suecia, luego con cargo en Marca España y hoy retirado), aseguraba que no hubo “restos identificables” que se dejaran atrás y que “todos retornaron a España debidamente identificados”.

Avión "de mierda"

El Gobierno fletó el fatídico vuelo a través de una cadena de hasta seis subcontratas; la compañía Ukranian Mediterranean (UM Airlines) percibió sólo 38.000 euros de los 149.000 que pagó España por ese servicio. La documentación completa no aparece por ninguna parte, pese a los esfuerzos de los afectados por encontrarla. Algunos de los militares criticaron el estado de la aeronave —elocuentemente, el comandante José Antonio Fernández, le dijo a su mujer antes de embarcar: "Reza por mí, este avión es una mierda"—, mientras se acumulaban las quejas anteriores al siniestro por el uso de aquella "tartana" aérea.

Las condiciones de los pilotos, como se supo después, eran física y mentalmente inapropiadas para realizar el vuelo, ya que acumulaban 23 horas de trabajo. Asimismo, la caja negra del aparato estaba estropeada, por lo que del siniestro sólo se conservan las grabaciones de la comunicación con la torre de control de Trebisonda. El Gobierno español además, no contrató los seguros obligatorios para cada uno de los militares que viajaban en ese vuelo.

‘Premios’, indultos… y un tibio perdón

A todo el cúmulo de desplantes y chapuzas del Estado hay que añadir la ausencia de asunción de responsabilidades políticas por esta tragedia, completamente evitable según dedujo el propio Consejo de Estado en un demoledor dictamen emitido en 2017. El entonces ministro, Federico Trillo, cuya gestión cuajada de mentiras y perlas fue reprobada en la Comisión de Defensa del Congreso en 2005, fue recompensado con el cargo de embajador en el Reino Unido, cargo que abandonó en 2017 precisamente a raíz del citado dictamen del Consejo de Estado. Hubo medallas y ascensos para los militares responsables de las falsas autopsias y de las repatriaciones. 

Sólo tres militares fueron condenados, en 2009, por el asunto del Yak 42: el general Vicente Navarro (quien se libró de la cárcel por una enfermedad y falleció), el comandante José Ramón Ramírez y el capitán Miguel Sanz. Fueron defendidos gracias al dinero en B del PP, según declaró Luis Bárcenas en la Audiencia Nacional. Ramírez y Sanz fueron indultados por el Gobierno de Rajoy (el ministro de Justicia era Alberto Ruiz-Gallardón), ante el estupor de los afectados.

Tras los carpetazos judiciales, los afectados sólo recibieron las disculpas del Estado, también a principios de 2017. Fue la propia Cospedal quien afirmó no tener problema en pedir perdón en nombre del Estado a las familias, aunque su ministerio se niega atender la petición de indemnizaciones solicitadas por varios familiares directos para sufragar su larguísimo periplo judicial.

El enésimo desplante llegó el pasado día 25 de mayo, justo cuando se cumplían 15 años de la catástrofe; coincidió con la celebración del Día de las Fuerzas Armadas en Logroño y no hubo ni una sola mención en los actos centrales a los caídos en la mayor tragedia militar —claramente evitable y pésimamente gestionada— que ha sufrido España en tiempos de paz.