Desde hoy a mediodía ha quedado claro lo que el ministro de Educación, Cultura y Deportes, José Ignacio Wert, entiende por “enfriar una patata caliente”. Si alguien pensaba que se trataba de calmar los ánimos, relajar posturas y acercar posiciones, estaba equivocado. Al segundo Consejo de Ministros, ejecutó dos polémicas medidas que su predecesora en el cargo, Ángeles González-Sinde, no logró sacar adelante en dos años: aprobó el reglamento de la ley Sinde y suprimió (o más bien desvió) la recaudación del canon digital.

Soraya Sáenz de Santamaría anunció, en la rueda de prensa posterior a la reunión de los ministros, la aprobación del reglamento que da luz verde a la Comisión de la Propiedad Intelectual, un organismo administrativo creado para cerrar páginas de enlaces. “Sólo se va a actuar, y siempre con la correspondiente protección judicial, frente a quienes indebidamente se lucran de los derechos de propiedad intelectual de otros, sólo contra los que hacen negocio de esas descargas ilegales”, señaló la vicepresidenta del Gobierno, que conoce bien la norma, ya que participó en las reuniones con González-Sinde para rescatarla, a principios del año pasado, en el Senado.

Santamaría expuso los objetivos de la polémica ley: “Salvaguardar los derechos de la propiedad intelectual, dinamizar las industrias culturales y proteger los derechos de los propietarios, creadores y otros titulares frente al expolio lucrativo de las webs de descargas ilegales”. Finalmente, en una nada velada alusión a la presión que ha recibido el Gobierno desde EEUU, concluyó: “Cumplimos nuestros compromisos electorales, pero también nuestros compromisos internacionales”.

El empuje desde Estados Unidos, como revelaron los papeles de Wikileaks, ha sido constante, debido a los intereses de la industria del cine norteamericana en nuestro país. “Hoy mismo, las empresas americanas dieron un ultimátum al Gobierno diciendo que se iban de España. Lógicamente, han aprobado la ley”, apuntaba a Público el abogado especializado en propiedad intelectual Josep Jover.

Los rumores sobre el desbloqueo en el Consejo de Ministros de la popular norma antidescargas comenzaron el lunes, después de que Wert, durante la presentación de José María Lassalle como secretario de Estado de Cultura, afirmara que “habrá novedades muy pronto” respecto a las descargas en internet.

Especialmente contenta estaba hoy Ángeles González-Sinde, según fuentes próximas a la exministra, que incluso ofreció unas declaraciones a Efe, reivindicando su parte de protagonismo en una ley que, al fin y al cabo, lleva su nombre. “Abre un camino para una convivencia en la red de todos, de los que quieren vivir de la cultura y de los que quieren disfrutar de la cultura”, señaló Sinde.

El presidente de la Coalición de Creadores (un lobby de la industria cultural), José Manuel Tourné, también aplaudió la decisión “de un Gobierno valiente y coherente con el apoyo a la ley que hizo en su momento”. “Los internautas verán que la ley sólo se utiliza contra los que hacen beneficio de la piratería. Y se acabará con esta polémica”, apuntó a Público.

Desde el sector de internet, volvieron a arreciar las críticas. Julio Alonso, empresario en la red y fundador de la compañía Weblogs, criticó al Gobierno por la forma en que ha aprobado el reglamento: “Después de haber anunciado que iban a hablar con todos los sectores, lo aprueban a las primeras de cambio. Así ya sabemos que el talante del ministro de Educación y Cultura, de ahora en adelante, va a ir en esta línea”.

Alonso cree que la ley es un duro golpe para las empresas en internet: “Crea inseguridad jurídica. Toda la actividad en internet se basa en que tengas una web, contenidos y enlaces. Si tienes un régimen en el que una comisión te puede cerrar la web por una queja de un tercero sin la intervención de un juez, tienes indefensión”.

El Partido Popular, que venía exigiendo la supresión del canon digital desde hace meses, ha cumplido su promesa al llegar al Gobierno. Sin embargo, la solución adoptada es, si cabe, más injusta que el modelo anterior. Si antes se cargaba a los compradores de aparatos electrónicos, ahora directamente lo pagará toda la sociedad, ya que su cuantía quedará a cargo de los Presupuestos Generales del Estado. “Esto es quitar de un sitio para ponerlo en otro. No es cargarse el canon digital, es cambiarlo de nombre. El pago es menos indoloro, pero pagaremos todos. Es una subvención directa”, denuncia Josep Jover.

La cantidad del “nuevo canon” se estipulará “tras el diálogo con los sectores afectados”, señala la referencia del Consejo de Ministros. Los sectores afectados serán las sociedades de gestión de derechos de autor como la SGAE. “La muerte del canon es la crónica de una muerte anunciada”, señaló hoy a este periódico Sabino Méndez, portavoz de la junta directiva de la SGAE, “ha sido mal anunciado y mal aplicado. Hacer tabla rasa no está mal, a ver si conseguimos un sistema más justo y más técnico”.

Otro de los grandes combatientes contra el canon, el presidente de la Asociación de Internautas, Víctor Domingo, espera “que no se caiga en el mismo error”. Domingo, que también lamenta que “este Gobierno tome decisiones sin hablar con la gente”, ha elaborado su propia propuesta: “Que la compensación se haga en la compra de la copia original”. Pero parece que esos no son los planes del nuevo Gobierno.

Los grandes beneficiados de la medida son los fabricantes de tecnología, cuyos productos estaban gravados con el canon. “Los artistas tendrán que agudizar el ingenio y buscarse la vida en un tiempo de gentes interconectadas y audiencias grandísimas”, señaló a Público el presidente de la patronal del sector, Jesús Banegas, que felicitó al Gobierno por cumplir su palabra.