'No va a estar en vigor y no va a haber referéndum inconstitucional planteado por el señor Ibarretxe. No lo va a haber'. La vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, se mostró tajante al anunciar que el Consejo de Ministros había pedido al presidente del Gobierno que recurra ante el Tribunal Constitucional la consulta sobre un diálogo para la paz y la normalización, aprobada por el Parlamento vasco.

¿Por qué el Gobierno no recurre ya? De la Vega señaló que el recurso de inconstitucionalidad se planteará en cuanto la ley aprobada el viernes por la Cámara vasca sea publicada en el Boletín Oficial de la comunidad autónoma, para lo que está previsto un plazo de 15 días, aunque ayer ya se publicó en el boletín de la Cámara vasca.

En cualquier caso, el Gobierno está trabajando para recurrir la ley 'en el minuto uno'. La vicepresidenta negó que la decisión adoptada ayer trate de impedir que sea el PP el primero en recurrir la consulta anunciada por el lehendari, Juan José Ibarretxe, para el 25 de octubre.

Asimismo, mostró su satisfación, porque el dictamen del Consejo de Estado 'avale la posición del Gobierno' y sea contrario a la norma por 'cuestiones competenciales y de fondo', ya que se trata de 'un referendum, una consulta cuya regulación y autorización se reserva al Estado'. 'El lehendakari puede hacer una encuesta, pero no un referéndum', aseveró.

El Gobierno incluirá en su recurso una petición expresa de suspensión automática de la ley, prevista para un periodo de cinco meses. De la Vega confía en que en ese tiempo el alto tribunal resuelva, pero si no le diera tiempo, el plazo se ampliará.

Añadió que es un recurso jurídico, pero que 'tiene contenido político', porque 'evita una ley que está fuera del marco constitucional'.
El consejero vasco de Justicia, Joseba Azkarraga, respondió al dictamen en el que se basa el Gobierno para recurrir la norma, insistiendo en que 'ni ETA ni Zapatero decidan por los vascos, ni que tampoco los españoles decidan por los vascos'.

En cuanto al llamado Manifiesto por una lengua común, De la Vega dijo no tener nada que añadir al presidente, porque 'no hay mejor manifiesto para la defensa del castellano que el establecido en la Constitución'.
Aseguró que el Gobierno trabajará para 'defender y proteger el uso del castellano' y las lenguas cooficiales, así como los derechos fundamentales de los ciudadanos, porque 'la lengua es un instrumento para el entendimiento y no de confrontación'.

No todos los que se querría

La vicepresidenta del Gobierno anunció que 'habrá recursos', aunque 'quizá no todos los que se querría', para la Justicia, porque su situación 'no es buena y no cumple con las necesidades de los ciudadanos de obtener una respuesta en tiempo razonable'. Pidió que frente a los asuntos que quedarán pendientes también se recuerden las sentencias dictadas.