El Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) ha ordenado hoy al Ayuntamiento de Callosa de Segura (Alicante) que paralice la retirada de la cruz franquista del municipio, pese a que esta ya ha sido desmontada esta madrugada.

El auto se ha producido después de que esta mañana, poco antes de las seis y media, se haya retirado la cruz con un fuerte dispositivo policial, que ha terminado dos detenciones por resistencia a abandonar el lugar y por alterar el orden público al lanzar petardos a los guardias civiles.

Debido a esta orden judicial, el gobierno local tripartito (PSPV-PSOE, Izquierda Unida y Somos Callosa) se ha visto obligado a paralizar los trabajos, de lo que era el cuarto intento de retirar la cruz.

La sección primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJCV ha accedido a la petición que le había formulado la Plataforma Ciudadana en Defensa de la Cruz, representada en los tribunales por la Asociación Española de Abogados Cristianos, frente "a la actuación administrativa por vía de hechos" del Consistorio de Callosa de Segura. 

Los operarios trabajaban para desmontar la base de mármol de la cruz donde están inscritos los nombres de los callosinos del lado franquista que murieron durante la Guerra Civil española. En septiembre de 2016 ya se retiraron tanto la mención a Primo de Rivera como las placas de la Falange y la cruz en sí era el único elemento restante que faltaba por retirar.

El alcalde, el socialista Fran Maciá, explicó este pasado viernes que se solicitó a Subdelegación de Gobierno, tras dos sentencias firmes que avalan la decisión del ayuntamiento, a trasladar a los concentrados y a dotar de efectivos de los cuerpos de seguridad las actuaciones "para trabajar sin problemas".

El auto atiendo "a lo alegado por la parte apelante y la actuación del ayuntamiento, procede adoptar la medida cautelarísima" y ordena "al ayuntamiento de Callosa de Segura que cese inmediatamente" en la "ejecución de los trabajos de destrucción/retirada de la cruz y pedestal y/o su traslado a cualquier lugar".

El equipo de gobierno municipal ha convocado para mañana, martes, a las 11.30 horas una rueda de prensa para valorar la resolución judicial, que es firme y no admite recurso. 

El gobierno local acordó en 2016 la retirada de este monumento para cumplir con la Ley de Memoria Histórica que prohíbe símbolos franquistas en lugares públicos. 

Por su parte, el letrado de Abogados Cristianos de este caso, Juan José Liarte, ha afirmado en un comunicado, tras la resolución del TSJCV, que la Cruz de Callosa es "un Bien Patrimonial Protegido sobre el que hay varios procesos abiertos, entre ellos uno relativo a la protección de derechos fundamentales". 

Liarte ha anunciado que "pedirá la restitución del monumento a su localización habitual" y ha insistido en que en la cruz "no hay símbolos de exaltación al franquismo" y que, "por tanto, no incumple la Ley de Memoria Histórica". 

También ha avanzado que "la Asociación pedirá también la inhabilitación del regidor municipal para ejercer cargo público". 

En la nota de prensa, Liarte ha asegurado que "hay un vídeo de los concejales del municipio silbando un himno republicano mientras los operarios" retiraban esta madrugada la cruz, lo que, a su juicio, "demuestra que este Ayuntamiento puede incurrir incluso en un delito de odio".