El empresario Josep Manel Bassols, delegado en Catalunya de la empresa vinculada a la trama del 3 por ciento, Oproler, pidió por carta en 2011 al expresidente de la Generalitat Artur Mas, que buscara a su esposa, la por entonces magistrada del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya Nuria Bassols, un cargo en el Govern.

Dos años después de estas gestiones la juez fue designada Directora de Transparencia de la Generalitat, según refleja un escrito de la Fiscalía Anticorrupción incluido en el sumario de la causa que instruye el juez número 1 de El Vendrell (Tarragona)

En la carta, localizada por la Guardia Civil en un pendrive intervenido a Bassols, éste pretendía "poner en conocimiento de Mas" la situación de su cónyuge que estaba interesada en "un cambio de puesto de trabajo". Mencionaba como persona de contacto al diputado de CiU Ramón Camp i Batalla, entonces vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

Según el sumario, Camp i Batalla le comentó que estaba en contacto con el exconseller de Justicia y exsecretario del Gobierno de Catalunya, Germà Gordó, y se refirió a él como "la persona ideal". "Entre los dos resolveremos la situación", dijo según reflejan documentos que obran en la causa.

El empresario consideraba a Gordó, al que la Fiscalía Anticorrupción califica como "el conseguidor o el recaudador" de presuntas comisiones ilegales pagadas por constructoras a CDC a cambio de concesiones de obras públicas, como la única persona de CDC que había respondido a sus ruegos.

Además, y según refleja un documento de la empresa Oproler, el empresario mantuvo una reunión personal en el Palau de la Generalitat en las mismas fechas en la que, además de Gordó, estuvo presente Artur Mas, según quedó anotado.

Unos meses antes de que la juez se incorporara a la Generalitat, su marido estableció una cita urgente personal con Gordó "para enfocar el tema del trabajo" y le invitó a una cacería que debía celebrar en una finca de Toledo o de Ciudad Real.

En un escrito, los fiscales Anticorrupción José Grinda y Fernando Bermejo sostienen que "no existe explicación legal y coherente que justifique la cantidad de gestiones, comidas, interlocuciones y reuniones" que Gordó ha mantenido con empresarios, algunas de ellas en la sede de la antigua CDC e incluso en el Palau de la Generalitat.

"Germà Gordó ha ido más allá del tráfico de influencias y ha actuado decisivamente para la adjudicación de contratos con la Administración pública", concluye la Fiscalía, que señala al ahora diputado de JxSí en el Parlament como actor principal en las contrataciones.

En base a informes de la Guardia Civil, la Fiscalía enumera cinco casos en que Gordó habría actuado "decisivamente": obras del Consorcio de Educación, trabajos en un dique en el Puerto de Barcelona, la mejora de la carretera C-55, la plaza de les Glòries de la capital catalana y en un instituto en Manresa (Barcelona).