Los tijeretazos autonómicos tienen ideología

¿Subir los impuestos a las rentas altas o rebajarlos? ¿Eliminar consejerías o reducir sus gastos para hacerlas más eficientes? ¿Ampliar la renta básica para los ciudadanos que no tienen ingresos o ampliar la jornada laboral de los empleados públicos? ¿Mantener la gratuidad de los libros de texto o eliminar las ayudas de los funcionarios? ¿Primar lo público o lo privado?

Los gobiernos autonómicos siguen enfrentándose a la crisis con el objetivo de reducir gastos y mejorar los ingresos para cuadrar las cuentas a fin de año y facilitar los servicios públicos a sus ciudadanos. Con la receta clara, las comunidades lo han hecho a su manera: "Cada uno ha hecho lo que creía mejor, sobre todo en política de gasto", afirma el vicepresidente y consejero de Economía del Gobierno de Navarra, Álvaro Miranda, que compara el gasto público autonómico con un petrolero al que cuesta hacer que dé la vuelta, pero al que ha sido inevitable mover desde que la bonanza económica es historia.

Asturias, Andalucía y Extremadura han subido impuestos a las rentas altas

"En 2007, todos éramos superricos y había mucho margen para recortar", recuerda Miranda, que se lamenta de haber tenido que rebajar el sueldo a los empleados públicos en la Comunidad Foral en 2010. Medida evitable, afirma, si se hubiese actuado antes con una "congelación salarial ordenada en 2008".

Apretándose el cinturón

Lo cierto es que la austeridad ha guiado las cuentas de todas las autonomías en 2011, cuyos recursos se han reducido en conjunto un 4,4% por la rebaja salarial generalizada para los funcionarios públicos en 2010, por los recortes en las partidas de gasto corriente y la racionalización de las administraciones.

Las diferencias radican en la intensidad de los ajustes. Y en uno de los extremos está la Región de Murcia. En diciembre, el Gobierno del PP presentó y aprobó una ley de medidas extraordinarias para ahorrar 300 millones de euros que provocó la movilización de los funcionarios públicos al ver atacados derechos básicos.

El tijeretazo en el gasto que están acometiendo las autonomías, señala el vicepresidente navarro, es lo que "nos permite centrarnos en lo que quieren los ciudadanos de sus gobiernos: buena salud, buena educación y prestaciones sociales". No obstante, las fuerzas políticas en la oposición difieren en ocasiones sobre cuál es el mejor reparto de los fondos disponibles y dudan de que siempre se persigan esos fines. Sobre todo, allí donde los gobiernos territoriales no tienen mayoría absoluta. Por ejemplo, en Navarra.

El secretario regional del Partido Socialista navarro (PSN-PSOE), Roberto Jiménez, destaca que este año no pactaron las cuentas navarras para 2011, como en los tres ejercicios anteriores, para poder enmendar "varias iniciativas que no eran prioritarias para los socialistas, como una partida de 7,5 millones de euros para el museo de los sanfermines", incluido en el Plan Navarra 2012.

Sanidad, educación y bienestar suponen entre el 70 y el 80% del gasto

El PSN votó favorablemente las cuentas una vez que esos fondos se "recondujeron; seis millones para universidades y uno, para dependencia", explica Jiménez. El vicepresidente achaca la falta de entendimiento de hace unos meses a "razones electorales".

En Asturias, donde el PSOE gobierna en coalición con IU, la consejera de Bienestar Social y Vivienda, Noemí Martín, pone de relieve el impulso que dio su formación para que el Gobierno del Principado subiese los impuestos a las rentas altas a partir de 100.000 euros: "Se trata de que la gente que puede hacer un mayor esfuerzo para ingresar en las arcas públicas, lo haga".

A lo largo de 2010, el mapa autonómico impositivo se ha alterado para incrementar la hucha pública y rebajar el impacto de los recortes de gastos. La mayoría de las comunidades gobernadas por el PSOE ha optado por subir el IRPF a las rentas altas, como es el caso de Asturias, Extremadura o Andalucía. También siguió esta pauta el Tripartito en Catalunya, que aprobó en mayo de 2010 una subida de dos puntos para las rentas de más de 120.000 euros y de cuatro para las de 175.000.

Subir o bajar impuestos

La reformas asturianas, explican desde su Ejecutivo, "están destinadas a aumentar la recaudación bajo criterios de homogenidad y progresividadad". El tipo máximo para rentas superiores a 100.000 euros es del 45%, y del 46% para las que estén por encima de los 175.000 euros. Mientras, los territorios gobernados por el PP mantienen un IRPF por debajo de la media, como es el caso de Madrid, Murcia, La Rioja y el País Valencià, o han traspuesto a su normativa autonómica la subida de dos puntos aprobada por el Gobierno de España.

El pasado viernes, la portavoz del PP en el Congerso, Soraya Sáenz de Santamaría, apuntó que si los conservadores ganan las elecciones del 22 de mayo en los históricos feudos socialistas de Extremadura y Castilla-La Mancha, rebajarán los impuestos para que los ciudadanos puedan "disfrutar de mejores servicios públicos".

Actualmente, ya hay autonomías que aplican rebajas fiscales como la de Madrid, que desde 2003 aplica esa política de manera "selectiva", introduciendo deducciones fiscales para vivienda, para las familias con menos recursos, para los emprendedores y para los premios del juego. La Xunta de Galicia, por su parte, también ha optado por aprobar incentivos fiscales como rebajar el impuesto de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados para "facilitar el acceso a la vivienda y reactivar el mercado inmobiliario". Y siempre en el marco de "no subir impuestos".

Las autonomías se han apretado el cinturón, en conjunto, un 4,4%

Los bastiones socialistas tradicionales también han optado por tocar la "fiscalidad verde", aprobando el impuesto que grava los carburantes, conocido como céntimo sanitario, y que comienzan a aplicar este año en Andalucía y Extremadura. La máxima del Ejecutivo andaluz es que" paguen más quienes más tienen y quienes más contaminen". También lo aplica Murcia.

En Castilla-La Mancha, su presidente, José María Barreda, explica que han "aumentado el impuesto sobre las nucleares e incorporado uno nuevo, que significa alguna recaudación, sobre los molinos eólicos" para reducir los efectos "del notable tijeretazoe_SDRq que han dado en el gasto corriente y así "no tener que tocar las políticas sociales".

Estas pueden no ser las últimas decisiones que adopte el Gobierno castellano-manchego por el lado de los ingresos. "Estamos estudiando la experiencia extremeña sobre las entidades financieras [desde 2002 esta comunidad grava su volumen de depósitos]". Un impuesto que también aplica Andalucía y que está recurrido ante el Tribunal Constitucional por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.

Otras autonomías como Canarias no quieren oír hablar de subir impuestos. Su consejero de Economía y Hacienda, Jorge Rodríguez, recuerda que al principio de legislatura, con el PP todavía en el Gobierno, suprimieron el impuesto de sucesiones y donaciones.

Políticas sociales

Las leyes de presupuestos para 2011 de las comunidades subrayan, en general, la necesidad de mantener los niveles de bienestar social. Así, el presidente de Andalucía, José Antonio Griñán, asegura que "el mantenimiento de la protección social" es una de las prioridades de su Gobierno como la de crear empleo e impulsar la recuperación.

Con las competencias de sanidad, bienestar social y educación transferidas a las autonomías, la mayoría de los territorios destinan entre un 70-80% de sus fondos a políticas sociales. Según Barreda, la clave no es el porcentaje, "sino las prioridades de los gobiernos porque esos recursos se pueden utilizar de forma diferente, primando lo público o lo privado".

En este punto, el presidente castellano-manchego recuerda que el Estado del bienestar actual no siempre estuvo ahí. "Basta con que el que gobierne empiece a desinvertir en la sanidad o en la enseñanza pública para que se deteriore", apunta, recordando que esto ha ocurrido ya en Gran Bretaña en el ámbito de la sanidad, con Margaret Thatcher.

En esta dirección apunta también la consejera asturiana Noemí Martín: "Parece que los poderes económicos después de haber generado la crisis, quieren cargarse el Estado del bienestar. Tenemos que blindar los derechos que tanto nos costó conseguir". Por ello, señala como objetivo prioritario desde el Gobierno del Principado que "la política social no retroceda, sino que se consolide". En su opinión, hay diferentes formas de salir de la crisis y sostiene que "hay modelos dirigidos a la privatización de los servicios públicos esenciales".

Las comunidades gobernadas por el PP prefieren no gravar el IRPF

En estos dos últimos años, el aumento del número de desempleados y de familias que han perdido todas las ayudas e ingresos ha sido continuado en todas las comunidades. Martín subraya el esfuerzo que están realizando para garantizar la renta social básica a los asturianos, entre 442 y 730 euros al mes. Si en 2008 hubo 6.000 beneficiarios titulares, la cifra aumentó hasta 8.100 personas en 2010. El presupuesto destinado fue de 32,5 millones de euros. Este ejercicio, esta partida se ha reducido ligeramente hasta los 32 millones.

Desde enero, los castellanoleoneses cuentan con un nuevo derecho, el de la renta garantizada de ciudadanía. La gerente de Servicios Sociales de Castilla y León, Milagros Marcos, explica que es "el último escalón de protección" para quienes no tienen recursos. No obstante, matiza, "en ningún caso queremos desincentivar el empleo. Se trata de cubrir las necesidades básicas de subsistencia", para lo que cuentan con 27 millones de euros, aunque "es un crédito ampliable", sostiene Marcos.

"La austeridad tiene que estar al servicio de la solidaridad", recuerda Barreda, sobre todo con los más afectados que son los desempleados. En este ámbito, la consejera de Igualdad y empleo de Extremadura, Pilar Recio, resalta el plan de empleo público puesto en marcha en la región y que ha permitido en los dos últimos años que las "personas que perdieron las prestaciones pudiesen tener acceso a un empleo en los ayuntamientos" para que generasen derechos y siguiesen en el circuito. Desde su punto de vista, "ha sido prioritario el enfoque social" para salir de la crisis.