A finales de marzo un informe de las organizaciones Food & Water Europe, Amigos de la Tierra, CECU y VSFJustica Alimentaria Global revelaba el impacto global de la industria agroalimentaria del porcino española. Entre las principales conclusiones del informe se encuentra la expansión incontrolada de esta industria, que ha convertido al porcino español en uno de los modelos más similares al de la ganadería industrial estadounidense. Esta tendencia ha provocado una profunda concentración del sector del porcino, con el cierre de 128.000 granjas entre 1999 y 2013. Pese a esta deriva, la industria del porcino no para de crecer y ya supone un 37% de la producción ganadera española. El 40% de la producción porcina va a la exportación, esto ha supuesto que España lidere el ranking de la Unión Europea y sea el tercer país mundial en exportación porcina solo por detrás de China y Estados Unidos.

En los últimos años, el miedo de agricultores y ganaderos españoles y europeos a tratados de libre comercio como el CETA o el TTIP ha generado en la memoria colectiva la idea de una industria alimentaria europea protegida de prácticas como el regado con glifosato, los cultivos genéticamente modificados o la utilización de hormonas y antibióticos en las carnes. No obstante, el informe señala a España como el país europeo que mayor cantidad de antibióticos utiliza en los animales consumiendo un tercio de todos los medicamentos para ganadería utilizados en el conjunto de la UE. Además, la mayor parte de la soja y el maíz utilizados para los piensos son transgénicos facilitados por Monsanto para la ganadería industrial. “Uno de los grandes interesados en que triunfe el CETA o el TTIP ha sido España, que se ha mantenido en silencio. Nuestro modelo alimentario es mucho más perverso que el sistema norteamericano y canadiense. Entre las grandes integradoras se encuentran Cargill y Monsanto, quienes actúan como franquicias suministrando a las macrogranjas el maíz y la soja transgénica para los piensos. En España se engorda al animal y se lo vuelven a llevar fuera”, explica el presidente de la organización Mensa Cívica.

Dada la utilización masiva de antibióticos en los animales, esta organización -que reúne a diversos actores preocupados por la alimentación sostenible a lo largo de toda la cadena de producción (empresas de catering, restaurantes, cocinas autogestionadas, grupos de productores y logística)- elevó a la Comisión Europea una recomendación para que las compras públicas por parte de las administraciones exigieran una reducción de la carga de antibióticos en la ganadería. “Como la industria no quiere acabar con los antibióticos lo que estamos intentando es que la Unión Europea incentivo otro tipo de compra pública. Elevamos la recomendación en medio de la indiferencia del Ministerio de Agricultura y de la patronal de caterings que jamás han mostrado adhesión a esta propuesta”, añade su presidente Jorge Hernández.

España ha tomado el rumbo opuesto a los países históricamente líderes en exportación de Europa como Alemania y Dinamarca. En el país nórdico fue la propia industria porcina la que prohibió el uso de antibióticos promotores de crecimiento en los cerdos a partir de 1995. Gracias a esa preocupación el uso de estos medicamentos bajó por debajo de los 50 miligramos, mientras que España lidera el ranking de la UE alcanzando los 400 miligramos por kilo y los antibióticos se utilizan masivamente sin prescripción veterinaria. A pesar de la falta de regulación europea en este sentido, los países europeos han tomado la delantera cuestionando los métodos de la industria española y el dumping ejercido hacia el resto de países de la Unión. Conocidos son los casos como el volcado de carne de cerdo procedente de Aragón por parte de ganaderos franceses, que llevó a los medios patrios a cargar al unísono contra el vecino del norte.

El empleo indiscriminado de medicamentos no solo afecta al mundo animal, repercute directamente en la salud humana. El presidente de Mensa Cívica pone como ejemplo el caso de Alemania con el brote de la bacteria E.coli procedente de los pepinos cultivados en Almería: “El uso descontrolado de antibióticos está provocando que los humanos tengamos unos agentes antimicrobianos elevadísimos en nuestro cuerpo, es decir, que en España nos estamos acostumbrando a convivir con antibióticos y las bacterias se hacen resistentes. Si fuéramos atacados por bacterias resistentes como en el caso del E.coli, España tendría un grave problema de salud pública. Y si los antibióticos dejan de ser útiles en el ataque de las bacterias, corremos el riesgo de volver a la Edad Media desde un punto de vista sanitario”. En 2015, la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) detectaba por primera vez en los cerdos la resistencia a un tipo de antibiótico que empleado como última opción en humanos infectados; y alertaba de que el uso indiscriminado de antibióticos en la industria ganadera es el culpable de la caída en la efectividad de los tratamientos.

Un país saturado de purines

La progresiva concentración de la industria afecta especialmente a Cataluña y Aragón que acogen a cerca de la mitad de los cerdos del país. Lleida contaba en 2015 con casi 10 cerdos por habitante, y en algunas comarcas de Zaragoza y Huesca la media oscila entre 25 y 40 cerdos por habitante. Estas cifras si solo se tradujeran en datos económicos nos llevarían a pensar en la buena salud de estos territorios, pero desde las organizaciones ecologistas alertan de la grave problemática medioambiental que afecta a ambas comunidades. En 2015 España generó 61 millones de metros cúbicos de purín, cantidad suficiente para llenar 23 veces el Camp Nou. Estos residuos orgánicos procedentes de la actividad ganadera son utilizados como abono fertilizante, si bien dada la sobreexplotación de los terrenos está provocando la contaminación de los acuíferos. “El 41% de los acuíferos en Cataluña están contaminados por nitrógeno excediendo los límites legales. Tenemos 147 municipios catalanes con problemas de acceso agua potable y la Generalitat se gasta seis millones al año para abastecer a estas poblaciones de agua. Todos estos impactos que estamos pagando entre todos están permitiendo el desarrollo descontrolado de la agroindustria”, detalla David Sánchez de Food & Water Europe.

En algunas comarcas de Zaragoza y Huesca la media oscila entre 25 y 40 cerdos por habitante

Estos impactos sobre la comunidad han llevado al Síndic de Greuges de Cataluña (el defensor del pueblo catalán), en un informe de diciembre de 2016, a aconsejar al Parlament la reducción del número de cerdos en la comunidad. “Lo que poníamos de manifiesto en el informe es que en Cataluña hay alrededor de 8 millones de cerdos que están generando un problema en los acuíferos en el eje entre Lleida y Girona. En Cataluña se ha permitido doblar las hectáreas a abonar, facilitando que los ganaderos inundaran el terreno de abonos por partida doble”, explica el director de relaciones institucionales del Síndic Francesc Vendrell.

En Aragón, el Servicio de Seguridad Alimentaria del Gobierno reportó 61 incidencias relacionadas con la calidad de las aguas y 30 municipios se están viendo afectados por los altos niveles de nitratos. Estos hechos han llevado a varios municipios a oponerse al modelo de ganadería intensiva predominante en la comunidad. Es el caso del municipio oscense de Loporzano situado dentro del Parque Natural de la Sierra y los Cañones de Guara. Ante la tentativa de instalación de dos macrogranjas en su término municipal, los vecinos mostraron su rechazo frontal uniéndose bajo la Plataforma Loporzano SIN Ganadería Intensiva. “Es una zona que tiene un desarrollo turístico, como el ornitológico, que la hace incompatible con el uso de ganadería industrial. Vemos el ejemplo de Cataluña y tememos que Aragón se convierta en un territorio plagado de purines que empeore nuestra calidad de vida”, explica su portavoz Jaime Seuma. La oposición de más de la mitad de los vecinos de Loporzano ha logrado que el juzgado contencioso-administrativo aceptara las medidas cautelares presentadas por la plataforma y paralizaran en enero de 2017 la instalación de las dos macrogranjas.

Una de las provincias, al margen de las aragonesas y catalanas, que arrastra la misma problemática medioambiental y que se encuentra entre las seis provincias con mayor concentración de porcino es Segovia. Desde Ecologistas en Acción Segovia subrayan la necesidad de imponer una moratoria de cuatro años para nuevas instalaciones de ganadería porcina: “La provincia de Segovia cuenta con más de un millón de cabezas de cerdo que producen unos volúmenes de residuos que superan la capacidad acogida de los campos segovianos”. En la provincia se ha multiplicado por diez el nivel de nitratos en el suelo en los últimos seis años.

En consecuencia, diversas asociaciones de turismo rural diseminadas por la provincia decidieron unirse bajo la asociación Turismo Rural y Activo para dar a conocer a las administraciones el grave perjuicio que está causando el porcino en la actividad turística, donde se ha notado un descenso de las pernoctaciones. Para su presidente Domingo Asenjo la agroindustria genera tal impacto medioambiental y -en especial- sobre la calidad de vida, a causa de los fuertes olores que producen los purines, que hace imposible el desarrollo de otras actividades económicas en la zona. Desde la asociación han instado a las industrias y a la Junta a respetar los mínimos legales: “Hemos propuesto soluciones inmediatas como son que se viertan los purines únicamente de lunes a jueves, que una vez esparcidos se tapen en un plazo máximo de veinticuatro horas y que se respeten las distancias mínimas de los núcleos urbanos. Con estas medidas se minimizarían los olores en los días con más afluencia de población y turismo como son los festivos y fines de semana”.

La contaminación que han causado sobre el medioambiente los purines procedentes del porcino se han visto agravados en los últimos tres años por el cierre de las Plantas de Tratamiento de Purines. Esta decisión se hizo efectiva en 2014 debido a la eliminación por parte del gobierno de Mariano Rajoy del sistema de incentivos a las renovables, cogeneración y residuos. De esta forma, una de las soluciones que posibilitaba el uso alternativo de los purines para la generación de combustible se vio clausurada. El propio Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea determinó a mediados de marzo “que España ha incumplido sus obligaciones respecto al tratamiento de los residuos, sin poner en peligro la salud humana ni dañar el medioambiente”.

El necesario retorno al modelo de ganadería tradicional

Los graves perjuicios sobre la salud humana, animal y en el medioambiente que está generando la agroindustria -en pro de aumentar el negocio y los márgenes de exportación- deben llevar a un necesario replanteamiento del modelo de producción patrio. Como apuntábamos al inicio, el número total de granjas de porcino en España ha descendido drásticamente en las últimas dos décadas. El cierre masivo de pequeñas granjas ha provocado que el 80% del sector esté copado por explotaciones intensivas y que el 90% de los cerdos del territorio estén hacinados sobre naves enjauladas. En opinión de David Sánchez, de Food & Water Europe, urge una vuelta al modelo de ganadería extensiva: “España tiene una peculiaridad, que son las poblaciones de cerdos de raza ibérica de Extremadura, Galicia, Andalucía y Castilla y León. Lo que se ha conseguido con todo este proceso es que estén desapareciendo las explotaciones de estas zonas rurales y, al final, tenemos granjas en las que los cerdos están hacinados en zonas que no tenían vocación ganadera”.

Para los afectados por la alta concentración de las industrias porcinas intensivas, estamos ante un modelo que no genera empleo y arraigo de la población en los territorios donde se encuentran las instalaciones. Es el caso de Segovia, donde se ha visto cómo los antiguos granjeros han pasado a ser meros trabajadores de las macrogranjas. “Los propietarios ya no son gente del pueblo sino agentes externos que traen el pienso de fuera para engordar al cerdo, y toda la transformación y el lucro que genera su comercialización no se queda aquí. Se marchan y nos dejan la problemática de los purines y ningún beneficio”, denuncia el presidente de la Asociación de Turismo Rural y Activo.

Desde IU Castilla y León llevan trabajando varios años para acabar con la despoblación que arrastra la comunidad –junto a Castilla La Mancha y Extremadura, es la comunidad menos densa de España-. Entre los diagnósticos que explican la pérdida de población a lo largo del territorio, el único diputado de IU en las Cortes José Sarrión señala la falta de arraigo de las agroindustrias: “En Castilla y León estamos viviendo una burbuja porcina y nos estamos dedicando de facto a competir con el modelo de producción de Estados Unidos. Con la diferencia de que éstos protegen a su pequeño productor y tienen más de 8.000 mercados locales”. Y concluye: “No se trata de producir por producir, debemos entender que la agricultura y ganadería sirven para que haya una fijación en el territorio. En Francia están haciendo políticas con la población vinculada a los territorios, esta población que ha emigrado de las zonas rurales y que quiere mantener una vinculación con el territorio a través de cooperativas de productos locales”.