La crisis ha puesto contra las cuerdas el mayor logro de los principales países de la Unión Europea, el Estado del bienestar, y con ello una de sus principales banderas, la sanidad pública. No sólo la angustiada Grecia que ha tenido que fusionar hospitales para reducir costes estructurales y de personal y ha liberalizado las oficinas de farmacia tiene problemas para mantener su sistema.

Los problemas financieros ahogan incluso a los más fuertes, que no se atreven a cuestionar la universalidad y gratuidad de la asistencia sanitaria. Pero el envejecimiento progresivo de los europeos ha acabado de activar las alarmas: hay que prevenir para poder curar.

Los gobiernos de Reino Unido, Alemania, Francia e Italia estudian fórmulas de ahorro. El objetivo común es no tener que recortar la cobertura ni incrementar la aportación del paciente al sistema, que en algunos países, como Alemania o Francia, ya copaga por acudir al especialista de la sanidad pública.

En España, esa opción no se contempla, insiste el secretario general de Sanidad, José Martínez Olmos. El sistema español es de los que menos gasta representa uno de los porcentajes en referencia al PIB más bajos de la UE y sin embargo se sustenta exclusivamente con los impuestos de los ciudadanos, sin que paguen más por ir al médico.

Según destaca Martínez Olmos, en el último año se ahorraron unos 4.500 millones de euros reduciendo el gasto farmacéutico (se potenciaron los genéricos y se rebajaron los precios) y bajando los salarios de los funcionarios. Pese a todo, apunta que las autonomías no destinaron ese dinero a Sanidad. Los proveedores calculan que las autonomías les deben unos 15.000 millones de euros. Estas aún no han puesto sobre la mesa su deuda sanitaria exacta. Tampoco han especificado cuánto invierten en el sistema (la financiación sanitaria no es finalista y cada autonomía es libre de reubicar el dinero previsto para sanidad). Tampoco ninguna autonomía ha aclarado su propuesta para reducir el gasto.

Está previsto que el Consejo Interterritorial (órgano de decisión formado el Ministerio de Sanidad y las autonomías) aborde el asunto en julio. Hoy se reúnen los integrantes de la Mesa de Diálogo Social, formada por el Ministerio, los sindicatos UGT y CCOO y la patronal CEOE.

Reforma paralizada

¿Cómo reducir el gasto sanitario garantizando los mismos servicios? ¿Cómo contener el gasto con una población envejecida? El Gobierno británico creía tener la respuesta a esta aparente paradoja con una reforma que se ha visto neutralizada antes incluso de que se ponga en práctica.

Antes de las elecciones, el primer ministro, David Cameron, dijo que no sólo no reduciría el presupuesto de sanidad en una época de recortes generalizados del gasto público, sino que lo aumentaría al ritmo de la inflación. Sin embargo, tras llegar al poder ordenó al ministro de Sanidad una reforma con la que ahorrar 23.000 millones de euros para 2015. Se supone que ese dinero se utilizaría para afrontar el inevitable crecimiento del gasto en la sanidad.

La reforma pretendía dar más poder a los médicos de cabecera y concederles facultades administrativas, para promover la competitividad en el sistema. Las facturas correrían a cargo del NHS (el sistema público de salud, en sus siglas en inglés), pero el tratamiento podría llevarse a cabo en un centro privado si con ello se reducía el coste.

Para alcanzar la meta marcada, el NHS debía mejorar su productividad en un 4% cada año, cuando en ejercicios anteriores la tendencia era la contraria. Se supone que una mayor presencia de la sanidad privada sería la clave. Actualmente, sólo el 3,5% de las operaciones quirúrgicas que no son de emergencia se realizan en esos centros. Una de cada 20 libras que gasta el NHS va a organismos sanitarios privados y el Gobierno quería aumentar ese porcentaje.

La reacción negativa de la mayor parte de la profesión médica y de los liberales demócratas, socios de los conservadores en el Gobierno de coalición, obligó a congelar el proyecto de ley cuando ya había entrado en el Parlamento. Cameron desautorizó a su ministro de Sanidad y encargó una reforma de la reforma a una comisión independiente.

El copago, en alza

La sanidad alemana fue la primera que, ya en 1883, por iniciativa del canciller Bismarck, se empezó a financiar con un seguro público social obligatorio, aunque también tiene un papel importante el gasto privado. Las competencias se reparten entre el Gobierno y los estados federados, con más poder de decisión.

Todos los asalariados están obligados a pagar un seguro social. Pero quienes tienen una renta superior a 46.800 euros anuales sólo pueden optar por los seguros privados. Así, el sistema cubre a 72 millones de personas a través de los seguros públicos y a 8,5 millones mediante privados.

El pago de estos seguros se efectúa en las llamadas cajas sanitarias, que permiten asegurarse de forma pública o privada. Las empresas pagan al seguro social la misma cantidad con la que contribuyen sus afiliados, según su nivel de renta. Con eso se financia la sanidad. No obstante, los pacientes deben pagar, por ejemplo, 10 euros más por cada día de hospitalización y otros 10 euros en la primera visita ambulatoria de cada trimestre.

La sanidad alemana ha sido objeto de numerosas reformas en las que siempre ha aumentado la aportación de los pacientes y se han eliminado parte de las prestaciones gratuitas. La más controvertida fue la última, el pasado noviembre: aumentaron el copago (de un 14,9% a un 15,5% del coste total) para equilibrar un déficit de 11.000 millones.

Aunque Alemania sigue siendo uno de los países que más porcentaje de su PIB destina a la sanidad, una veintena de cajas sanitarias públicas (casi una cuarta parte del total) tienen problemas de liquidez. Por ejemplo, la caja City BKK, acaba de declararse en quiebra y cierra el 1 de julio, dejando a más de 136.000 personas sin seguro.

Recorte constante

La Seguridad Social francesa sufre recortes progresivos desde la década de 1960. Aún así, y pese a los recortes aún más duros de Nicolas Sarkozy en los últimos años, el sector público sigue asegurando en este país el 75,5% del gasto sanitario total de los franceses.

La espina dorsal del sistema sanitario francés es la Caja Nacional del Seguro de Enfermedad de los Trabajadores Asalariados (CNAMTS), a la que se adosan varias mutuas complementarias, mayoritariamente formadas por organismos profesionales o ONG. Según la última estimación de la Comisión de Cuentas de la Seguridad Social (CCSS), el déficit en 2011 será de unos 10.300 millones de euros, un poco menos que el año anterior. Pese a todo, el déficit global de todas las ramas de la Seguridad Social, a pesar de los recortes masivos de servicios sanitarios, se sitúa en algo más del doble de lo que era en 2003-2008, cuando todavía no estaba en marcha este programa de recortes.

En los últimos años, el Gobierno conservador ha cerrado unos 200 hospitales (especialmente servicios quirúrgicos o maternidades) y dispensarios de proximidad públicos, y además ha suprimido parte de lo que devolvía la Seguridad Social al paciente que gastaba para su salud.

Los sindicatos han denunciado que esa política tiene efectos aberrantes, y destacan, por ejemplo, cómo el cierre de un dispensario de proximidad en una región conlleva el incremento del gasto público en transporte en ambulancia, o en complicaciones pre y postoperatorias. Con el tijeretazo de Sarkozy, el gasto sanitario aumentará algo más del 2% este año, según la CCSS.

Clientelismo sanitario

Los presupuestos generales de Italia de este año dedican a la Sanidad 106.800 millones de euros, una cifra que representa el 8,9% del PIB y es una de las más altas de Europa. En 2001, las competencias en sanidad se traspasaron a los gobiernos regionales. Esto dio lugar a clientelismos, aumento de impuestos y derroche, sobre todo en las regiones del sur. El resultado es que pese a la elevada inversión en sanidad, las listas de espera son interminables y las negligencias se han disparado.

En 2007, el Gobierno de Romano Prodi revisó las cuentas regionales y vio que para seguir manteniendo el nivel de inversión era necesario racionalizar el gasto. El plan era tomar como ejemplo las regiones más eficientes e intentar que el resto aplicara el mismo modelo. En 2010, se firmó el Pacto por la Sanidad, que establecía unas cuotas de ahorro obligatorias para las regiones menos eficientes. Pero esto tampoco está resultando la panacea, ya que los hospitales tienen que recortar en camas y personal. Como además las regiones que ofrecen el peor servicio sanitario son también las que más dinero derrochan, el sistema puede acabar haciendo que las diferencias entre el norte y el sur sean aún mayores.