'No teníamos ni idea'. El comentario encabezaba la reflexión vertida por los distintos portavoces de los grupos parlamentarios del Congreso. A ellos se dirigió Público ayer para preguntarles si conocían que las Mesas de las Cámaras habían concedido desde 2004 un asistente a los expresidentes de ambas instituciones que siguieran con escaño. La respuesta fue la misma en todos los casos: desconocimiento general. Según la versión relatada por varios diputados y senadores, en ningún momento los órganos de gobierno de las Cámaras comunicaron tal decisión de forma oficial.

Este diario informó en su edición de ayer que el acuerdo de dotar de un secretario personal a los expresidentes nació en la última legislatura de José María Aznar, cuando la Cámara Baja estaba presidida por Luisa Fernanda Rudi y la Alta, por Esperanza Aguirre primero (2000-2003) y por Juan José Lucas después (2003-2004). El primer beneficiario fue Federico Trillo, el primer presidente del Congreso del PP. El 6 de mayo de 2004, el Boletín Oficial de las Cortes Generales (BOCG), en el arranque del primer mandato de José Luis Rodríguez Zapatero en la Moncloa, daba cuenta de que la Mesa daba había adjudicado una asistente a Trillo. Un mes más tarde, el 2 de junio, el BOGC publicaba que el Senado autorizaba el nombramiento de una secretaria para Lucas. Rudi también mantuvo de abril a julio de 2004, hasta que pasó a ocupar su escaño al Parlamento Europeo, a una persona de confianza a su lado. El socialista Manuel Marín, elegido por Zapatero para dirigir el Congreso en su primera legislatura, abandonó la política activa nada más dejar su acta.

Los grupos desconocían la existencia de ese derecho

En la pasada primavera, la Mesa del Congreso volvió a abordar este asunto. Y fue, según las fuentes parlamentarias que han tenido acceso al acta de la sesión consultadas por este periódico, el 12 de abril de 2011. Entonces, se aprobó asignar otro asistente, por cuatro años y con carácter eventual, a los futuros expresidentes que dejen de ser diputados. José Bono, que ya ha anunciado que saldrá de la primera línea de la política y que no revalidará escaño tras el 20-N, sería así el primer beneficiario, aunque sus portavoces no han confirmado si hará uso de esa prerrogativa.

El 12 de abril, Bono estaba ausente cuando el vicepresidente cuarto de la Mesa, Jordi Jané (CiU), planteó modificar el acuerdo al alza, para que tuvieran derecho a secretario los expresidentes sin escaño. Fuentes parlamentarias aseguran que la propuesta se validó por unanimidad, según consta en el acta. Los acuerdos de la Mesa no se divulgan ni se publican en el BOCG salvo en lo que a su ejecución respecta. Y no tienen que pasar por el pleno. Desde el Senado, un portavoz aseveró que la Mesa 'no había aprobado' un cambio como el del Congreso.

La izquierda minoritaria muestra su indignación con la 'prerrogativa'

Lucas dispone desde 2004 de un asistente en calidad de expresidente de la Cámara alta. Así lo confirmaron ayer fuentes oficiales de la institución. Pero el caso de Lucas es especialmente llamativo: desde 2004 es vicepresidente segundo del Senado, y como tal tiene derecho a dos ayudantes. De forma que ahora trabajan con él tres personas de confianza, y no dos, como tienen el vicepresidente primero y los cuatro secretarios el Gabinete del presidente, Javier Rojo, lo integran ocho asistentes.

Estos ayudantes de expresidentes tienen categoría de administrativo y cobran unos '1.800 euros netos al mes'.

Las direcciones del PSOE en el Congreso y el Senado afirmaron ayer desconocer estas decisiones. 'Los acuerdos de las Mesas no conciernen a los grupos y no tenemos conocimiento de ellos salvo que nos afecten de forma directa', explicaba Mamen Sánchez, portavoz adjunta en la Cámara Baja. José Miguel Camacho, número dos del partido en el Senado, no escondía tampoco la sorpresa. Ignoraba asimismo la especial circunstancia que rodea a Lucas.

El PSOE alega que el grupo no tiene por qué saber lo que decide la Mesa

Público no logró recabar la versión del PP. CiU y PNV, los dos únicos partidos que junto a socialistas y conservadores se sentaron en la Mesa del Congreso esta legislatura (2008-2011) rehusaron entrar a valorar las decisiones del órgano o adelantar si ese derecho conferido a los expresidentes de las Cámaras debería retocarse. 'Son cosas de PSOE y PP y nosotros estuvimos al margen. Y como grupo, la Mesa jamás nos comunicó nada', justificaban los nacionalistas vascos.

La izquierda minoritaria expresó su indignación con la medida. 'Yo no formo parte de la Mesa, y no sabía nada decía Gaspar Llamazares, de IU. Pero no veo la necesidad de que un expresidente de una Cámara disponga de un ayudante. No tiene sentido. Los expresidentes no tienen una labor institucional que lo justifique. Me parece algo extraño, opaco. No debe existir ese privilegio'.

Misma censura por parte de ERC, dura sobre todo con el 'oscurantismo' con el que el Parlamento aprobó y revalidó la iniciativa: 'La Mesa es un búnker cuando le interesa. Y este es uno de esos casos. Esto es un ataque a la transparencia. Y avisamos: esto crea abstencionistas. Además, es incongruente esta opacidad cuando este año se han publicado las declaraciones de bienes y rentas de todos los parlamentarios. Lucharemos por la transparencia total y por que se elimine este derecho', prometían fuentes del partido.

Núria Buenaventura, portavoz de ICV, no ponía paños calientes: 'Es escandaloso. No sabíamos nada. Se nos llena la boca de transparencia y se habla de recortes en sanidad o educación y luego se aprueba un apaño como este, bastante indecente, por mucho que sea el chocolate del loro'. Para la dirigente ecosocialista, 'se debe quitar ya esta prerrogativa o al menos hacerlo con transparencia. 'No tiene sentido tener un asistente. ¿Por qué los expresidentes de las Cámaras sí y no un expresidente de comisión, por ejemplo?'

Francisco Jorquera, cabeza del BNG en la Cámara Baja, también condena el 'sorprendente oscurantismo' de las Mesas, máxime cuando diputados y senadores han puesto luz a su patrimonio. No obstante, el nacionalista gallego impone una 'cautela': no reprueba que los expresidentes del Parlamento 'gocen de ciertas prerrogativas por la dignidad de su cargo', pero siempre que estén vinculadas a un 'estricto régimen de incompatibilidades', de forma que si pasan a la empresa privada una vez fuera del escaño, debería cancelarse ese derecho.

Otros pequeños partidos alegaron igual desconocimiento de la decisión de las Masas, pero la juzgaron menos grave que ERC, IU, ICV y BNG. 'Creo que es un tema menor, al que no doy importancia, aunque no veo necesidad alguna de que un expresidente del Parlamento tenga un asistente', manifestó Ana Oramas, de Coalición Canaria. Carlos Salvador, portavoz de UPN, entiende 'deseable' que se conozca 'sin complejos' una medida así. Cree que es lógica y 'nada descabellada' pues facilita que los expresidentes de las Cámaras tengan una 'actividad semipública' tras haber dejado su cargo y puede ser 'útil'. Para Utxue Barkos, de Nafarroa Bai, el acuerdo de las Mesas, que debería ser 'transparente', causa 'sorpresa' y es de 'difícil digestión', aunque, como no conoce los argumentos que llevaron a tomarlo, prefiere no valorarlo. Rosa Díez (UPyD) no se proununció.