Una día después de que el nuevo Gobierno de Castilla-La Mancha denunciase haber remitido a Hacienda datos que ubican la cantidad de facturas impagadas en los 2.600 millones de euros, la vicepresidenta primera del Gobierno, Elena Salgado, salió a matizar la información aportada por los conservadores.

La también titular de Economía y Hacienda reconoció conocer la información aportada por el equipo de María Dolores de Cospedal. Pero aseguró que esta adolece de una cuestión, a su juicio, 'bastante seria'. Se trata de la firma del interventor.

En una entrevista concedida a Radio Nacional de España, Salgado insistió en la necesidad de que el interventor de Castilla-La Mancha se siente con el interventor general del Estado para ver 'una por una las facturas' que el Gobierno regional dice tener en su poder. De lo contrario, es posible que en la documentación aportada por el PP 'es posible que haya facturas del año anterior que ya estén contabilizadas en el déficit del año pasado'.

Sólo así, según explicó la vicepresidenta primera, podrán diferenciarse cuáles son obligaciones reconocidas y cuáles son, si existiesen, las famosas facturas en el cajón de las que lleva hablando el equipo de la número dos del PP desde antes incluso de que asumiese el cargo de presidenta de Castilla-La Mancha.

El nuevo dato aportado por el Gobierno regional el viernes sumaba 829 millones de euros más a la cifra de deuda inicial y la ubicaba en los 2.606 millones. Los conservadores ubican el déficit real de la región en el 6,4%, cuando el límite anual es del 1,3%.

En la misma entrevista, Salgado señaló que en el momento en el que esté clara la procedencia de cada una de las facturas se podrá sentar con Cospedal para 'ver cuál es la situación de Castilla-La Mancha y conocer de su parte qué es lo que va a hacer para revertir la situación'.

Público intentó ayer sin éxito conocer la valoración que hace el nuevo equipo de Gobierno regional sobre las palabras de la titular de Economía y Hacienda.

Los socialistas castellano-manchegos también salieron a valorar el informe remitido por Cospedal a Hacienda. José Manuel Caballero, secretario general de Organización de la formación regional, exigió a la presidenta que 'deje de manipular los datos sobre la situación económica de la región con informes que no son oficiales y que nadie firma ni se hace responsable'.

El dirigente socialista demandó a Cospedal 'que se siente a gobernar y a resolver los problemas de los castellano-manchegos, que es para lo que la eligieron en las urnas hace ya casi dos meses'. 'Ese informe está manipulado y es absolutamente falso', sostuvo al tiempo que aseguraba que esta acusación será refrendada por los datos oficiales que hará públicos el Ministerio de Economía el próximo mes.

A juicio de Caballero, de la actitud de Cospedal se desprende que esta 'sigue obsesionada con desprestigiar a Barreda [expresidente de la Junta] y dedica más tiempo al PP de la calle Génova [sede nacional de la formación] que a presidir Castilla-La Mancha'.

Asimismo, el secretario de Organización del PSOE regional denunció que el nuevo consejero de Hacienda, Diego Valle, 'ha dado la orden de que se dejen de publicar todos los meses en la página web de la Junta los datos reales, oficiales y validados por la Intervención General sobre la ejecución del Presupuesto'.

Por su parte, Leandro Esteban, portavoz del Gobierno regional respondió solicitando a los socialistas que aparten a Barreda 'de toda responsabilidad política', informa Ep.

Una vez más, los conservadores acusaron al expresidente de mentir sobre la situación de la región y de haber llevado a la comunidad a la 'ruina'.

En respuesta a las acusaciones de Caballero, Esteban señaló que la oficialidad de los datos que han aportado 'es la del Gobierno regional' y que 'el siguiente informe será el de la Sindicatura de Cuentas'. Además, demandó una reunión 'urgente' con el Ministerio de Economía.

Mientras, en clave nacional, el PP está intentando desplegar la misma estrategia que ya han puesto en práctica en comunidades como la de Castilla-La Mancha. La de denunciar 'facturas en el cajón'.

La primera piedra la tiró el lunes Cristóbal Montoro, responsable económico de los conservadores. Sin aportar una sola prueba dijo no descartar que su partido encuentre 'cajones con facturas impagadas' si llega a la Moncloa.

Ayer, lejos de frenar la polémica, otro hombre de peso en el partido, Esteban González Pons, vicesecretario de Comunicación, afirmó que 'a lo mejor' la vicepresidenta Salgado tiene también 'facturas escondidas'.

Para sustentar sus sospechas, Pons recordó que 'hay dos comunidades autónomas muy importantes como Castilla-La Mancha y Catalunya en las que, cuando se ha cambiado de Gobierno se ha descubierto un extraordinario agujero y facturas debajo de las alfombras y encima de las estanterías'.

La ministra Salgado respondió a estas palabras llamando 'irresponsable' a González Pons. 'Hay personas que deberían haber desaparecido de la vida política española hace mucho tiempo', añadió en relación al dirigente conservador.

'Son declaraciones irresponsables y lo son más en días como los que estamos viviendo y hacen daño a España', insistió la vicepresidenta en RNE, informa Servimedia. A pesar de ello, la vicepresidenta primera del Gobierno reconoció que estas declaraciones del dirigente conservador pueden resultar irrelevantes para los mercados porque Esteban González Pons carece de credibilidad.