En política mirar para atrás ayuda a comprender algunas cosas y, a menudo, saca los colores a más de uno. Es lo que pasa con la financiación autonómica, un asunto sometido a diferentes procesos de negociación entre las autonomías y el Gobierno central. Y, como parece que va a pasar ahora, siempre ha habido reuniones y acuerdos bilaterales que, al final, se han ratificado multilateralmente en el Consejo de Política Fiscal y Financiera por todas las partes y a modo de trámite.

La última gran negociación fue en 2001. Algunos protagonistas han desaparecido de las páginas políticas, pero otros siguen ahí. Y siguen negociando. En la Moncloa estaba José María Aznar, del PP, que gozaba de una enorme mayoría absoluta en las Cortes. Tenía aún el apoyo de CiU gracias a la dependencia que un menguado Jordi Pujol tenía de los escaños del PP en el Parlament.

Pese a todo, el gobierno del PP no racaneó protagonismo a CiU y a la Generalitat de Catalunya en una negociación desarrollada a través de varias reuniones al más alto nivel y llamadas entre Aznar y Jordi Pujol, que ya empezaba a recelar de él. Así lo recuerdan algunos de los negociadores de entonces de forma fidedigna.

El Gobierno pactó primero, a dos, con los catalanes el modelo y después acordó con el PSOE, que gobernaba en seis de las quince autonomías implicadas, su plasmación. Negoció bilateralmente pese a que, entonces, ningún estatuto le obligaba a hacerlo, como pasa ahora con el aprobado en 2006 en las Cortes.

El equipo negociador de CiU lo integraban el conseller de Economía, Francesc Homs, y el aún diputado Josep Sánchez Llibre. En el de Aznar estaban Cristóbal Montoro, que era ministro de Hacienda y ahora es la cara económica del PP, Antonio Beteta, que era secretario general de Política Fiscal y ahora forma parte del gobierno de Aguirre, Vicente Martínez Pujalte, el hombre de Zaplana en el asunto, y el secretario de Estado de Hacienda, Enrique Giménez Reyna.

Este último fue apartado de la negociación al final. No porque no consiguiera progresos, sino porque se vio implicado en el caso Gescartera, una estafa millonaria que afectó a pequeños inversores y a instituciones como los huérfanos de la Guardia Civil o el obispado de Valladolid.

Por la parte del PSOE el equipo negociador lo coordinó Jordi Sevilla. Le asistían Antoni Castells, dirigente del PSC en la oposición, Octavio Granado, senador, y Magdalena Álvarez, consejera andaluza de Hacienda.

Uno de los negociadores socialistas recuerda que la primera negociación fue con CiU, después con el PSOE para 'cerrar el modelo' y al fin con las comunidades para acordar detalles, puesto que muchas de ellas acababan de recibir las competencias de sanidad. El pacto se cerró en verano de 2001, pero en otoño Montoro incluyó 'de rondón' una enmienda en la ley de acompañamiento del Presupuesto en el Senado que no daba acceso al nuevo sistema si no aceptaban los términos de transferencia de la sanidad. 'Un trágala en toda regla', explica un negociador.

Más evidente fue la bilateralidad de los dos primeros modelos de financiación, el de 1993 y el de 1996. El socialista Felipe González primero y el popular Aznar después cambiaron el 15% del IRPF primero y el 30% después por los votos de CiU para sus respectivas investiduras. En 1996 los presidentes autonómicos socialistas no aceptaron el sistema pactado en el Hotel Majestic de Barcelona y quedaron excluidos.

Ayer el número dos del PSOE, José Blanco, lo recordó denunciando la 'hipocresía' del PP. Añadió que en 2001 ocurrió lo mismo y que incluso algunas autonomías del PP se quejaron de un modelo 'que ha fracasado'.