El pleno en el Congreso de esta semana rara –más corta por el festivo del jueves– arranca mañana a las nueve con la discusión del proyecto de ley orgánica de reforma del Código Penal para castigar con más dureza la lucha contra el fraude fiscal y en la Seguridad Social. El Ejecutivo deberá defender su texto frente a las dos enmiendas de devolución presentadas por la oposición, del PSOE y de Izquierda Plural (IU-ICV-CHA). 

Los socialistas anticiparon esta tarde su posición. Calificaron el texto de 'injusto y problamente inconstitucional y de una gravedad sin precedentes'. 'Constituye una impunidad a los grandes defraudadores, da cobertura legal a la amnistía fiscal aprobada hace unos meses', aseguró en rueda de prensa el portavoz de Justicia en la Cámara baja, Julio Villarrubia.

El diputado centró su crítica en dos aspectos para explicar su postura. Primero, denunció que el Gobierno 'rebaja la pena uno o dos grados a los que tienen dinero para pagar, incluso cuando ya han sido imputados'. En efecto, así consta en el proyecto de ley: que el autor del delito podrá ver suavizada su condena 'en uno o dos grados, siempre que antes de que transcurran dos meses desde la citación judicial satisfaga la deuda tributaria y reconozca judicialmente los hechos'. Villarrubia lo tachó de 'barbaridad' y 'despropósito', porque, haciendo un paralelismo, es como perdonar a un ladrón que devuelve lo robado. 'Así trata este Gobierno a los defraudadores de cuello blanco'. 

Pero los socialistas juzgan aún 'más grave' que el Ejecutivo pretenda 'criminalizar, por primera vez, a trabajadores, desempleados y pensionistas', al tipificar como delito y castigar con pena de seis meses a tres años de prisión al ciudadano que cometa 'cualquier infracción, por pequeña que sea, a la Seguridad Social', por disfrutar indebidamente de una prestación a la que no tuviera derecho. Villarrubia censuró que el Gobierno 'equipare' el fraude mínimo, incluso de 'un euro', que pueda cometer un empleado, un parado o un pensionista con el 'delito de un empresario' que defraude a la Seguridad Social 120.000 euros o más. El PSOE entiende que el hecho de que un ciudadano engañe a la SS es una conducta 'reprobable' y que merece 'todo reproche social', pero no merece en absoluto 'ser gravemente criminalizada', porque además ya está sancionada en el ámbito de texto refundido de la ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social. En resumen, remachó, el Gabinete de Mariano Rajoy consagra un 'Derecho penal de los millonarios', se comporta 'fuerte con los débiles y débil con los fuertes'. 

Por todo ello, por ese 'atropello democrático' que contraviene 'el principio de igualdad' y la 'desproporción de penas', el PSOE 'sopesa sin duda' llevar al Tribunal Constitucional (TC) la norma, a menos que durante la tramitación parlamentaria se le dé la vuelta 'como un calcetín', aseveró.