Para los socialistas no hay duda. Se trata de 'una estrategia' de la derecha, cuyo comportamiento 'raya en el gamberrismo político'. Tiene un claro propósito: 'Justificar los recortes y las medidas de retroceso social que pretende tomar el PP'. Y carece de toda justificación: 'Es una deslealtad institucional sin límites'.
Así lo señaló ayer Marcelino Iglesias tras la reunión celebrada por la Ejecutiva del PSOE, que tuvo lugar bajo la dirección de José Luis Rodríguez Zapatero. Aunque todas las comunidades que el 22-M cambiaron de color político sólo representan el 10% del PIB, el presidente del Gobierno llamó la atención sobre el impacto que para la imagen internacional de España pueden tener denuncias como las hechas por el PP en Castilla-La Mancha, donde sus portavoces han cuestionado que se disponga de fondos para pagar las nóminas de los funcionarios, y también en Asturias.
Zapatero advierte del impacto en la imagen exterior de España
'Es especialmente grave porque somos observados por nuestros acreedores y por los mercados', advirtió Iglesias poniendo altavoz a lo dicho a puerta cerrada por Zapatero. El portavoz del PSOE insistió en varias ocasiones en 'exigir a Rajoy que dé credibilidad a las cuentas públicas españolas'. 'El PP está haciendo un flaco favor a España. Patriotismo es que nuestras cuentas públicas no estén en duda por nadie', enfatizó.
En términos similares se pronunció el consejero de Hacienda del Principado, Jaime Rabanal, después de que la presidenta del PP de Gijón, Pilar Fernández Pardo, apuntara que Asturias puede estar en la misma situación que su partido ha denunciado en Castilla-La Mancha. 'Están tirando piedras contra un tejado que es el de todos. Están poniendo en cuestión la confianza en nuestra deuda y, por tanto, la prima de riesgo aumentará', avisó.
En Galicia, donde se encendió la primera alarma al cifrar Alberto Núñez Feijóo en 12.000 millones la deuda sanitaria, el PSdeG ha pedido que se contrate una auditoría sobre el Servizo Galego de Saúde para poder conocer su situación 'real' y desmontar la 'estrategia engañosa del PP'.
Los socialistas se muestran indignados por unas acusaciones que, según sostienen, 'son falsas a sabiendas'. Iglesias subrayó que las cuentas públicas están 'perfectamente auditadas'. El portavoz socialista emplazó a comprobar esas cifras en la web del Ministerio de Hacienda, que las hace públicas cada tres meses, antes que fiarse de las que puedan difundirse desde las propias instituciones autonómicas.
Alcanzado este punto, Iglesias recordó que en el País Valencià el déficit supera el 17% de su PIB y que Madrid acumula la mitad de la deuda de todos los ayuntamientos, con más de 6.000 millones. '¿De qué presumimos?', preguntó a continuación, ya que ambos terri-torios están gobernados por el PP. '¿Que se debe dinero? Pues claro. Pero algunos pagan a 300 días y otros, como Valencia y Murcia, a mil', apuntaron otras fuentes de la Ejecutiva.
Con estos datos sobre la mesa, el PSOE sostiene que el PP 'produce alarmas sin datos' para justificar recortes. Pero niega que tales alarmas tengan fundamento. 'No tiene ni pies ni cabeza. No es razonable que se produzcan determinadas acusaciones antes de ver los papeles', subrayó el portavoz del PSOE, quien expresó 'la voluntad de todos nuestros gobiernos y ayuntamientos de hacer un traspaso de poderes ejemplar'.
Iglesias rechazó también que se haya producido la quema de documentación oficial, como se ha denunciado en Castilla-La Mancha. 'Es una imprudencia importante confundir papeles particulares con documentación pública. Les puedo asegurar que no son documentos públicos', dijo el secretario de Organización.
El PSOE, según se asegura desde su dirección, no quiere 'echar más leña al fuego' porque esta controversia 'perjudica a todos'. Pero pasará al ataque si el PP insiste. De momento, el secretario de Política Autonómica, Gaspar Zarrías, ha abierto una ronda de contactos para estudiar posibles respuestas e iniciativas.
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