El líder del PSdeG-PSOE, Manuel Pachi Vázquez, acusó ayer al Gobierno de Alberto Núñez Feijóo de adjudicar por 352 euros más que el bipartito el proyecto de construcción de la autovía de la Costa da Morte.

En la sesión de control del Parlamento gallego, Vázquez se lamentó de que el presidente de la Xunta no haya explicado por qué 'rescindió' la primera adjudicación, de 584,5 millones de euros, realizada por el anterior ejecutivo. Y por qué ha vuelto a adjudicar nuevamente, esta vez por 937,5 millones, esta autovía Carballo-Berdoias.

Además, se da la circunstancia de que, según sostienen los socialistas, la adjudicación ha sido realizada a la oferta más cara, a una Unión Temporal de Empresas (UTE) liderada por FCC. 'Supera en 263 millones de euros la oferta más económica, la de Dragados', explican fuentes del partido.

En su turno, el presidente de la Xunta rechazó las críticas de los socialistas argumentando que en los concursos 'lo primero es la puntuación técnica'. E invitó a los socialistas a denunciar el caso si observan irregularidades.

Fuentes de la Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas aseguraron ayer que, pese a las palabras de los socialistas, la adjudicación no ha sido todavía realizada. No obstante, aseguraron que se hará de 'modo inminente' y no ocultaron que la oferta de FCC es la mejor posicionada. 'La diferencia entre el proyecto del bipartito y el de la actual Xunta es la diferencia existente entre un fiasco y una autovía viable', insistieron en el entorno del conselleiro Agustín Hernández.

Tras la denuncia de los socialistas, Hernández ofreció una rueda de prensa en la que acusó al anterior Gobierno de haber estado dispuesto a negociar con la concesionaria un incremento del 30% respecto a la tarifa inicial y a rebajar la calidad de la infraestructura.

Respecto a la polémica sobre el gasto previsto por Feijóo para 376 sillas de la biblioteca de la Cidade da Cultura (191.600 euros), el presidente de la Xunta de Galicia intentó defenderse al asegurar que pretende invertir 'como máximo la mitad' de lo que gastó el anterior Gobierno autonómico en mobiliario. .