El caso del menor camerunés a quien la Comunidad de Madrid puso en la calle la semana pasada, por dudar de su edad y de su documentación, y cuya readmisión en los servicios sociales fue luego ordenada por el fiscal jefe provincial de Madrid, Eduardo Esteban, ha permitido sacar a la luz decenas de situaciones idénticas en varias provincias españolas.

La Fundación Raíces presentará en los próximos días en los Juzgados de Plaza de Castilla (Madrid) 18 nuevos casos de menores de edad subsaharianos a los que el Gobierno regional se ha negado a acoger, alegando que tienen 'en torno a 18 años'. El abogado del chico camerunés, Juan Ignacio de la Mata, explicó ayer que, según consta en sus pasaportes, los desamparados tienen entre 16 y 17 años. A falta de alojamiento, algunos de ellos viven en la calle.

La Fundación Raíces presentará en Madrid 18 nuevas reclamaciones

La Comunidad de Madrid rechaza las fechas de nacimiento que figuran en sus documentos oficiales, que algunos incluso acompañan de una carta de verificación del embajador de su país en España. El Gobierno regional se basa en las pruebas óseas realizadas a las muñecas de los chicos en clínicas privadas para determinar su edad. No obstante, no tiene en cuenta que este sistema tiene un margen de error de dos años.

Tras registrar la primera denuncia en Madrid la semana pasada, el resto están llegando al juzgado con cuentagotas. 'Hago todo lo que puedo, mañana presentaré otros cuatro casos', señala De la Mata.

Entre las 18 denuncias que están tramitando, la abogada de la Fundación Raíces destaca que hay cuatro casos especialmente 'sangrantes', por corresponder a solicitantes de asilo. Añade que varios de los otros chicos cumplen también los requisitos necesarios para solicitar el asilo.

En Catalunya, cuatro de los 35 casos son además solicitantes de asilo

La Consejería de Familia y Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid rechazó ayer extender a los 18 nuevos casos la resolución del primer joven, porque los 'desconoce' y no tiene órdenes del juez.

La Comunidad de Madrid, que hasta ahora se ceñía a los resultados aproximativos de las pruebas óseas, recordó ayer que la Fiscalía de Granada también había considerado mayor de edad al camerunés, cuando detuvo la patera en la que llegó a Motril. De hecho, a pesar de que el chico declaró entonces ser menor de edad, fue internado con los adultos durante 40 días en los Centros de Internamiento para Extranjeros (CIE) de Tarifa (Cádiz) y Aluche (Madrid).

Abogados de Catalunya y Euskadi tienen documentados una cuarentena más de casos similares. Además, en Álava el 80% de los 101 menores tutelados por los servicios sociales están bajo sospecha. Todos ellos son africanos, la mayoría subsaharianos. El consistorio los tiene 'bajo sospecha permanente', critica Anna Stern, miembro de la delegación vasca de SOS Racismo.

Con los servicios sociales saturados, la organización tiene detectados al menos una veintena de chicos subsaharianos que vive en las calles.

El 80% de los 101 chicos tutelados en Álava están 'bajo sospecha'

El diputado del Grupo Vasco EAJ-PNV y portavoz en materia de inmigración, Emilio Olabarria, interpelará mañana en el Congreso de los Diputados de manera urgente al ministro de Trabajo e Inmigración, Celestino Corbacho, con la intención de que el Gobierno central unifique, en todas las fiscalías, la prueba ósea como criterio 'único' para determinar la edad de los menores extranjeros no acompañados. Olabarria insta a rechazar el pasaporte como documento de referencia porque 'muchos' menores no acompañados portan documentos con la edad falsificada.

El 17 de abril de 2007, una sentencia de la Audiencia Provincial de Guipúzcoa reconoció la validez del pasaporte de un marroquí como documento de referencia, sin necesidad de recurrir a la prueba ósea.

En Barcelona, el presidente de la fundación privada FICAT, Albert Parés, ha registrado 35 casos de inmigrantes menores de edad con el mismo problema sólo en los últimos ocho meses. Al igual que en Madrid, varios de ellos viven en la calle, tras haber sido expulsados por los servicios sociales de los centros de protección.

La Fundación ha presentado ya una veintena de recursos ante el juzgado. A tres de ellos, los Mossos dEsquadra los acompañaron a la comisaría para abrirles expedientes de expulsión. Parés considera que esta medida es 'muy grave, porque se basa únicamente en la sospecha de un fiscal'.

El PNV pide que la oseometría tenga más valor que la documentación

La Ley de Extranjería establece que sólo se puede hacer una prueba ósea a aquellos inmigrantes que carecen de documentación, por lo que Parés denuncia que la Policía ha realizado cientos de análisis ilegales a menores de edad.

A uno de estos muchachos, la Sección de Menores de la Fiscalía Provincial de Barcelona lo consideró el pasado 2 de febrero mayor de edad alegando 'que no había quedado acreditado' que se tratase de un menor, según subraya literalmente el decreto.

El motivo de la falta de certeza es que el joven se negó a realizar la prueba ósea y apeló a su pasaporte, tal y como dicta la ley que debe procederse para calcular la edad.

Hassan es un sin techo desde que fue expulsado del centro de menores

Cuando cumplió la mayoría de edad, el viernes pasado, Hassan Sabat llevaba tres días viviendo en las calles de Santa Coloma de Gramanet (Barcelona). “El martes me dijeron que tenía que irme del centro en el que vivía. Me abandonaron antes de cumplir 18”, narraba ayer el chico. Después de una semana “pasando mucho frío por las noches”, el joven ghanés sigue sin protección y documentación. Al igual que en la Comunidad de Madrid, “la Generalitat de Catalunya no está entregando los documentos que acrediten la tutela a los menores”, denuncia su abogado. Esto impide que estos puedan solicitar el permiso de residencia y, al alcanzar la mayoría de edad, tener derecho a residir y trabajar en España, tal y como marca la Ley de Extranjería.

Además de quedar en desamparo, al ser expulsado de los servicios de protección, Hassan ha perdido su red social. “Todos mis amigos viven en Bosc [uno de los centros de atención en los que le acogieron durante más de nueve meses] y ahora vivo solo en la calle”, se lamenta. En casos similares, las fiscalías regionales han llegado a solicitar pruebas de determinación de la edad a chicos cuyos pasaportes habían sido validados incluso por la Policía Científica. El pasado 16 de enero, el Ministerio Público reclamó la presencia de Hassan para realizarle las pruebas radiológicas óseas, “teniendo en cuenta que su aspecto físico corresponde con el de una persona mayor de edad”, según describe el auto. No obstante, la ley no recoge este argumento como válido cuando el extranjero dispone de pasaporte.  Ante su negativa a someterse a la prueba, la fiscalía lo catalogó como adulto, sin pruebas. “Ocurre como en la presunción de inocencia: los chicos son menores hasta que se demuestre lo contrario”, critica su abogado.