Hay cosas que no cambian. Tras confirmarse la disolución de ETA, el Partido Popular del País Vasco ha avanzado que mantendrá exactamente la misma posición que antaño, cuando la existencia del fenómeno terrorista le valía para mantenerse distante de cualquier mesa que buscase abordar vías hacia la paz. Ahora ya no existe oficialmente la violencia, pero los conservadores seguirán sin acercarse a la comisión del Parlamento Vasco que busca, precisamente, fijar las bases de una nueva etapa en Euskadi.

No en vano, la Ponencia sobre Memoria y Convivencia creada en la cámara de Vitoria nació, literalmente, coja. Allí están desde sus inicios los grupos parlamentarios de PNV, EH Bildu, Elkarrekin Podemos y PSE, quienes representan al 88% del hemiciclo. Sin embargo, el PP vasco (nueve parlamentarios en un pleno de 75) decidió no acudir ni a una sola de sus reuniones, alegando que no quería ni oír hablar de convivencia en un espacio donde también estuviese EH Bildu, la coalición política en la que está integrada Sortu y en la que también participan Eusko Alkartasuna (EA), Alternatiba y la ya extinta Aralar.

¿Existe algún mínimo resquicio para que el PP cambie de postura tras la disolución definitiva de ETA? En absoluto. Fuentes de la formación conservadora señalaron a Público que “la postura es la misma que se viene manteniendo”. En tal sentido, señalaron que “mientras participen en la ponencia partidos que no condenen el terrorismo, no se entrará”, ya que entienden que “no se puede construir si no hay un suelo compartido”.

Primera reunión de la Ponencia de Memoria y Convivencia, en el Parlamento vasco, en mayo de 2017. E.P.

Mientras los populares continúan anclados en esa posición, el resto de grupos parlamentarios mantienen una agenda intensa que se plasmará durante las próximas semanas en una serie de comparecencias de distintas personalidades.

Según ha podido confirmar este periódico, entre los próximos invitados a la Ponencia sobre Memoria y Convivencia se encuentran Gema Varona, experta en victimología e integrante del Instituto Vasco de Criminología, el grupo que realizó el informe sobre torturas en Euskadi; el presidente de la Fundación Euskal Memoria, Iñaki Egaña; y el responsable de Egiari Zor (entidad que representa a las víctimas del terrorismo de estado), Tasio Arrizabalaga. Sus intervenciones están previstas para el martes 15.

Siete días después llegará el turno del abogado y ex preso abertzale Txema Matanzas, que participó en el proceso de cambio de estrategia del denominado Colectivo de Presos Políticos Vascos (EPPK, por sus siglas en euskera) y Carmen Gisasola, una ex militante de ETA que se acogió a la denominada Vía Nanclares, mientras que para el 28 de mayo está prevista la comparecencia de Esther Pascual, una de las impulsoras de ese proyecto de reinserción al que se sumó un grupo de disidentes del EPPK.

Durante las semanas previas al anuncio de disolución de ETA, la ponencia sobre memoria y convivencia recibió a otras personalidades que coincidieron en pedir cambios en materia de política penitenciaria. Esos reclamos fueron compartidos por Mercedes Gallizo, ex responsable de Instituciones Penitenciarias en el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, o por el ex magistrado del Tribunal Supremo Joaquín Giménez, entre otros.

La agenda de Amnistía Internacional

En ese contexto, este martes también comparecerá en el Parlamento Vasco el presidente de la sección española de Amnistía Internacional (AI), Esteban Beltrán, quien acudirá a la Comisión de Derechos Humanos para presentar el informe anual de esa organización. Hablará también sobre la propuesta realizada por AI a comienzos del año pasado en torno a conceptos como verdad, justicia y reparación. Nada más conocerse la disolución de ETA, la entidad presidida por Beltrán anunció que a partir de esta semana va a impulsar una “agenda común de derechos humanos” entre las autoridades “vascas y navarras”, con el objetivo de que también sea compartida por el gobierno de Rajoy.

A criterio de AI, esa agenda “debe poner a todas las víctimas de violaciones y abusos por delante”, lo que necesariamente implicará “garantizar por completo el acceso a verdad, justicia y reparación para las víctimas de ETA y de otros grupos armados, incluidas las víctimas de los GAL y del Batallón Vasco Español”. Además, “deben investigarse judicialmente los atentados cometidos por ETA que aún estén sin esclarecer”.

La organización internacional de defensa de los Derechos Humanos también reclama que se garantice que “todos los abusos cometidos por agentes de las fuerzas de seguridad se investigan adecuadamente” y plantea “revisar la legislación antiterrorista (Código Penal y Ley de Enjuiciamiento Criminal) para adecuarla a los estándares internacionales de derechos humanos; y poner fin al régimen de incomunicación para las personas detenidas”.

En su propuesta, Amnistía Internacional tampoco obvia la cuestión de las cárceles: al respecto, vuelve a remarcar que debe producirse “una revisión de la actual política penitenciaria por parte del Gobierno central”, de manera que “los presos y presas puedan cumplir condena cerca de su lugar de arraigo, siempre que sea posible e individualmente lo soliciten según marcan los principios de Naciones Unidas para la Protección de todas las Personas sometidas a cualquier forma de detención o prisión, así como la reiterada jurisprudencia al respecto del Tribunal Europeo de Derechos Humanos”.

Urkullu con el embajador de EEUU

En ese contexto, el inicio de semana estará marcado también por otro hecho relevante: el lehendakari Iñigo Urkullu recibirá en el Palacio de Ajuria Enea al embajador de EEUU en España, Richard Duke Buchan III, un acaudalado empresario de Carolina del Norte muy cercano al presidente Donald Trump y con cierta influencia dentro del Partido Republicano.

El embajador de EEUU en España, Richard Duke Buchan III./Amcham Spain

Se trata de la primera reunión con un representante extranjero que mantendrá Urkullu tras la disolución de ETA, lo cual aporta aún más interés en torno a lo que puedan hablar durante su encuentro.

Cabe destacar que EEUU fue uno de los países que apoyó firmemente la denominada “lucha antiterrorista”, sobre todo en los años dorados de George W. Bush en la Casa Blanca y José María Aznar en La Moncloa. Fue entonces cuando el Departamento de Estado incluyó a las formaciones políticas Batasuna, Euskal Herritarrok y Herri Batasuna en la lista negra de “organizaciones terroristas”. Allí continúan.