El PP, acusación particular en el caso Mercasevilla de corrupción, ha pedido para Antonio Rivas, exdelegado de Empleo de la Junta de Andalucía en Sevilla, una pena de un año de cárcel, 13 de inhabilitación y una multa de 3,6 millones por los delitos de cohecho, tráfico de influencias y uso de información privilegiada. Rivas está procesado por haber solicitado presuntamente a dos empresarios 450.000 euros en comisiones ilegales junto a los exdirectivos del mercado público Fernando Mellet y Daniel Ponce. La Fiscalía había pedido para Rivas una multa de 900.000 euros sólo por cohecho.

Las pesquisas dirigidas por la jueza Mercedes Alaya por la petición de comisiones ilegales llevaron al descubrimiento de una trama de colocación de falsos prejubilados en expedientes de regulación de empleo financiados por la Junta de Andalucía. Rivas dimitió el pasado domingo de su cargo en la dirección del PSOE de Sevilla y era el hombre fuerte de su partido en Camas (26.086 habitantes), municipio de la corona metropolitana de la capital. Dos concuñados suyos, según el diario El Mundo, y varios militantes socialistas de esa localidad, según confirmó el partido, han aparecido como falsos intrusos en distintos expedientes de regulación. Con estos, ya son nueve los militantes del PSOE directamente implicados en la presunta trama de colocación de falsos prejubilados.

La Fiscalía le había pedido una multa de 900.000 euros por cohecho

Están incluidos por el momento, según la Policía, como 'actores' principales Javier Guerrero, ex director general de Trabajo, que definió el fondo de 647 millones presupuestado entre 2001 y 2010 para prejubilaciones como 'fondo de reptiles', aunque luego se retractó, y el propio Rivas. Luego están los falsos prejubilados, que se acercan ya a la cincuentena. Entre ellos no sólo hay al menos siete militantes del PSOE, sino también parientes de cargos socialistas. Así, la concejala del Ayuntamiento de Camas, Concepción Ávila, dimitió ayer de su puesto, porque su marido, Juan Manuel López, 'ha sido beneficiario de una póliza presuntamente irregular', según una nota del PSOE.

Los siete militantes que aparecen en empresas en las que jamás habían trabajado son tres del PSOE de Camas Ricardo Medina, José Antonio García y López, dos del PSOE de El Pedroso (localidad de la que fue alcalde Guerrero), Alejandro Millán y el también exregidor Rafael Rosendo, uno del PSOE de Jaén, Antonio Garrido Santoyo, y el exdelegado de Asuntos Sociales en Sevilla, Juan Rodríguez Cordobés.

Rivas dimitió el pasado domingo de su cargo en el PSOE de Sevilla

La empresa González Byass emitió ayer un comunicado en el que explica que el ERE aprobado en 2008 y financiado con 17,4 millones por la Junta, que el PP cuestiona, es perfectamente legal y que el exconsejero de Empleo Antonio Fernández (2004-2010) está incluido en el listado de prejubilados de manera perfectamente legal como trabajador en situación de excedencia forzosa.

Fernández, hoy presidente del consejo regulador del vino de Jerez, no ha cobrado ni un euro por ese ERE.