La situación del PP en  Baleares se puede resumir con dos frases. La primera es de la presidenta de la formación, Rosa Estarás, quien no tuvo inconveniente en reconocer que no ponía 'la mano en el fuego por nadie' en la trama de cobro de comisiones ilegales en el Consorcio de Desarrollo Económico de Baleares (Cdeib), en el que se han visto envueltos varios dirigentes de su partido.

La otra es la de Catalina Cirer, la portavoz conservadora en las Islas, quien aseguró que no iba a aceptar que el PSOE o Unió Mallorquina le dieran 'lecciones de corrupción'.

A falta de saber que ocurre con el ex conseller de Comercio, Josep Cardona, que está imputado pero cuenta con la confianza del partido, y a la espera de ver si algún día Jaume Matas da alguna explicación sobre su gestión al frente del Gobierno balear, el partido ha tratado de hacerse con las riendas de la situación con el fin de que no se dañe más su imagen. Para ello se constituyó en septiembre un Comité de Ética que funciona de forma autónoma y que está compuesto por cuatro prestigiosos juristas, con Román Piña Homs como presidente.

Por otro lado, el partido ha decidido expulsar del partido o suspender de militancia a varias personas implicadas en casos diferentes. Así llevan un total de 12 nombres, entre involucrados por temas de gobierno, un concejal del Ayuntamiento de Palma y varios empresarios afiliados al PP. Muchos mandaron ellos mismos la solicitud de baja voluntaria. A otros se les tuvo que exigir el carnet. Es es el caso del ex director general de Juventud, Juan Francisco Gálvez, a quien consideraron 'cabecilla' de la trama del consorcio de Turismo Joven.