Seis meses de tortura encerrada en el baño de un sótano. Ese fue el precio que Sahar Gul, una joven afgana de 15 años, tuvo que pagar por negarse a prostituirse.

Su marido, su cuñada y sus suegros pretendían divertir con su cuerpo a los amigos de la familia y, de paso, sacar dinero por ello. Pero Sahar, que fue vendida por sus padres a un soldado afgano que le doblaba la edad, no lo permitió.

Como castigo, soportó medio año de encierro. Además de tener que sobrevivir con escasos alimentos y agua, la joven recibió descargas eléctricas y múltiples golpes. Por si fuera poco, su familia política también le arrancó el pelo y las uñas.

'Quiero a mi marido, mi cuñada y a mi suegro en la cárcel', sentenció Sahar hace dos días en un vídeo publicado por el diario británico The Telegraph. Aún con múltiples moratones, desde su cama del hospital Wazir Akbar Khan de Kabul, la joven reclamó justicia.

Su suegra y su cuñada fueron detenidas en el momento en que la Policía rescató a Sahar de su casa, el pasado 27 de diciembre. Pocos días después, el 3 de enero, las Fuerzas de Seguridad también consiguieron atrapar a su suegro, que se había dado a la fuga el mismo día en que fue encontrada. Su marido, en cambio, todavía sigue en paradero desconocido.

El presidente afgano, Hamid Karzai, ordenó a su Ministerio del Interior que investigue el caso y detenga a los responsables de la tortura. Mientras la unidad especial designada para tal fin continúa con la búsqueda del marido de Sahar, ella intenta recuperarse de las heridas, al menos, de las externas.

'Ya se ha recuperado de entre el 30% y el 40% de sus heridas en brazos y piernas, pero tiene problemas mentales que irán a mejor día tras día', declaró su médico, Feriba Omarzada, al diario The Telegraph una semana después de su hospitalización.

Por su parte, varias ONG han denunciado la situación de las mujeres en Afganistán. Sólo en el segundo trimestre de 2011, la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Afganistán registró 1.026 casos de violencia contra ellas, según datos de Intermón Oxfam. Además, la ley del Gobierno para la eliminación de la violencia contra la mujer, que tipifica como delito las bodas infantiles, sólo está en vigor en diez de las 34 provincias del país.