Un grupo de antiguos presos políticos españoles declararon por primera vez en Buenos Aires, durante unas seis horas, ante la jueza argentina que lleva la causa por los crímenes cometidos durante la dictadura franquista, confirmaron hoy fuentes judiciales.

Cuatro antiguos detenidos políticos que denuncian haber sido torturados durante su reclusión entre los años 60 y 70, la hija de un asesinado en 1965 y una abogada que representa a la hermana de un fusilado en 1975 declararon este lunes ante la jueza federal María Servini de Cubría, precisó el abogado Máximo Castex, querellante en la causa.

'Fue un gesto importante porque es poco común que la jueza los reciba personalmente en esta etapa de instrucción. Además, la magistrada ratificó su voluntad de viajar en junio próximo a España para recabar información para la causa', manifestó el letrado.

Esta querella, presentada en abril de 2010 por 'delitos de genocidio y/o de lesa humanidad' cometidos durante la Guerra Civil (1936-1939) y la dictadura de Francisco Franco, abarca el período comprendido entre el 17 de julio de 1936 y el 15 de junio de 1977, fecha de las primeras elecciones democráticas celebradas en España tras la dictadura.

'Se abrió una grieta en un muro de impunidad del franquismo instituido en nuestro país, apoyado por la judicatura de allí y los medios que aplaudían que la justicia española interviniera a nivel internacional, pero se negaban a levantar la alfombra y ver que había debajo', afirmó José Galante Serrano, uno de los denunciantes que brindó su testimonio.

Junto con Galante Serrano, miembro del grupo La Comuna (integrada por personas que combatieron contra el franquismo en su última etapa, desde los años 60 y que sufrieron cárcel, exilio, clandestinidad y otras represalias), declararon los expresos Sabin Arana Bilbao, Josu Ibargutxi y Manuel Blanco Chivite.

También testificaron Gema Carretero, que tenía 12 años cuando asesinaron a su padre, Federico Carretero López, y Doris Benegas, abogada de Flor Baena, hermana de Humberto Baena, fusilado el 27 de septiembre de 1975, en las últimas ejecuciones antes de la muerte del dictador el 20 de noviembre. Los denunciantes, que viajaron desde España para la declaración judicial, presentaron además en los tribunales de Buenos Aires más de 60 expedientes de casos para sumarlos a la causa.

El pasado marzo, Servini dirigió una resolución a los abogados que representan en Argentina a víctimas de la dictadura franquista para que facilitaran una relación de personas a las que podría tomar testimonio en Madrid en los próximos meses.

La causa fue abierta en Argentina según el principio de justicia universal y numerosas víctimas se han sumado a esta querella después de que el juez español Baltasar Garzón, que trató de investigar estos hechos , fuera inhabilitado el pasado febrero por el Tribunal Supremo, por ordenar escuchas policiales entre los cabecillas de una red de corrupción y sus abogados.