Los gobiernos autonómicos de Madrid y de Andalucía están asfixiando a sus proveedores, las empresas y autónomos que les suministran bienes y servicios, con un inquietante crecimiento de los impagos en plena crisis pandémica y cuando analistas y agentes sociales llevan meses alertando de las contraindicaciones y los riesgos que entraña para el sistema económico español un aumento de la morosidad, entre los que destacan el de arrastrar a la ruina a negocios solventes y el de potenciar la insolvencia.

Los datos del Ministerio de Hacienda sobre los pagos a los proveedores por parte de las administraciones revelan cómo entre febrero del año pasado, el mes anterior a la pandemia, y octubre, el último con registros completos, las cantidades pendientes de desembolso por parte del Gobierno andaluz se duplicaban con creces mientras las del madrileño crecían en casi un 50%, en una tendencia que contrasta con la del grueso de las comunidades autónomas, que, salvo contadas excepciones, veían reducirse los débitos o elevarse en menor volumen.

En esos ocho meses, las cantidades pendientes de pago a proveedores por parte de la administración andaluza pasaron de 229,9 a 568,4 millones de euros, con un incremento del 147% (338,5), mientras las del madrileño se incrementaban en 235,4 (48,7%), de 483,1 a 718,5. Entre ambos suman 1.286.

El aumento de los impagos en ambas comunidades, las dos gobernadas por coaliciones del PP y Ciudadanos sostenidas por Vox en sus respectivos parlamentos y que incluyen el autobombo por su supuesta eficacia gestora entre los ingredientes habituales de sus argumentarios propagandísticos, se encuentran a una distancia notable de la registrada en las otras nueve comunidades en los que se registraron incrementos del volumen de morosidad.
Les siguen en el ranking, con aumentos de 60 y 57 millones de euros y de más del 80% sobre la cifra de salida, Aragón y Galicia.

El contraste lo ponen, junto con los gobiernos de Cantabria, Extremadura y Murcia, que también han reducido la cifra de pagos pendientes, la Generalitat catalana y la valenciana, las dos comunidades que se situaban como peores pagadores y que han ocupado ese puesto en otras ocasiones.

"Lo importante es cumplir la ley al cierre del año"

Ambas recortaron sus impagos y redujeron el periodo para materializarlos, de manera notable en ambos apartados en el caso valenciano y discretamente en el catalán, que arrastra un agujero de 1.280 millones de euros al tiempo que sigue siendo, con algo más de 44 días de media, la comunidad que más tarda en saldar las facturas.

Madrid, uno de los cinco territorios en los que en esos ocho meses crecieron los periodos de pago junto con Asturias, Canarias, Euskadi y Navarra, se acerca a los registros catalanes de manera meteórica: el Gobierno de Díaz Ayuso ha pasado de cumplir en menos de 26 días, algo que únicamente mejoraban los ejecutivos asturiano, canario y vasco, a verse superado tan solo por el catalán y por menos de tres días.

Un portavoz de la Consejería de Hacienda madrileña aseguró que la comunidad ha cerrado el año pagando a sus proveedores 25 días después de que presenten las facturas, por debajo de los 30 días que marca la ley y a partir de los cuáles empresas y autónomos pueden reclamar un recargo proporcional al 8% anual por el retraso.

"A lo largo del año se producen oscilaciones, y más en un año atípico como ha sido 2020, pero lo que cuenta al final es cumplir la ley a 31 de diciembre, y a esa fecha la comunidad cerró los pagos a 25 días", añadió.

Fuentes de la Consejería de Hacienda de la Junta de Andalucía aseguraron que este organismo "ha venido realizando desde marzo un importante esfuerzo para reducir el periodo medio de pago a sus proveedores y dotar de liquidez a los suministradores de la Administración autonómica, muchos de ellos autónomos y pymes, ayudándoles así a afrontar mejor la crisis económica derivada de la pandemia".

Eso se tradujo en una agilización de los pagos en los comienzos de la pandemia, aunque después "el volumen de operaciones comerciales se ha visto incrementado a consecuencia de la situación generada por la evolución de la covid-19 mes a mes", señalaron las mismas fuentes, que apuntaron que está reduciendo de manera notable la antigüedad de la deuda. "El volumen de operaciones ha aumentado precisamente para hacer frente a la pandemia y además se ha conseguido mejorar los índices de pago", señalaron.

"La decisión más potente de política social sería pagar"

"Se constata lo que veníamos anunciando. Esto es como conducir en dirección contraria por una autopista", señala Antoni Cañete, presidente de la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMCM), una asociación de pymes que lleva años denunciando los retrasos en los pagos tanto de las administraciones como de la gran empresa.

"La decisión de política social más potente que las instituciones podrían adoptar es pagar e inyectar liquidez en el tejido productivo, y más cuando todo el mundo sabe que una factura es una obligación de pago por un servicio o un suministro que se ha recibido", añade Cañete, que insiste en reclamar el establecimiento de un régimen sancionador para los impagos, una medida que el Congreso tiene de nuevo sobre la mesa tras el fracaso de la pasada legislatura. "No pagar no tiene consecuencias más allá de la deuda, y la gente recurre al impago cuando no puede ampliar capital ni vender para mantener a flote su empresa. Y eso es contagioso", anota.

"El cómputo es negativo en todo el país", indica Eduardo Abad, secretario general de UPTA (Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos), que anota cómo "Madrid y Andalucía, que sacaban la bandera de ser las comunidades que antes pagaban a empresas y autónomos, parece que no son las que mejor lo hacen".

Abad comprende que "el ‘efecto covid’ lleva a que las administraciones tengan que destinar recursos a afrontar la pandemia, y eso empeora el pago a los proveedores". Sin embargo, apunta, en una situación de crisis de demanda como la actual "eso para la cadena de valor y de pagos es como echarle gasolina al fuego".

"Esto no ha hecho más que empezar"

Esos retrasos en los pagos suelen tener como principales damnificados a los eslabones más débiles del sistema productivo, los profesionales y las microempresas, que se encuentran en el tramo final de la cadena de subcontratación.

"El autónomo, que está al final de esa cadena, es quien acaba sufriendo en realidad el impago", explica Abad, ya que no contrata con las administraciones sino con las empresas que se adjudican los contratos de estas, y eso conlleva mayores dificultades para acceder a la financiación bancaria por la vía del 'confirming' y las pignoraciones que cuando el contratista es una institución pública.

Cañete también llama la atención sobre la necesidad de arbitrar un sistema de reaseguro público del crédito para garantizar el tráfico comercial y salvar la cadena de pagos, ya que "las aseguradoras han modificado los índices de riesgo para los seguros de impago, y eso está dificultando las operaciones", cuyos volúmenes decrecen para no poner en riesgo la supervivencia de las empresas.

"Esto no ha hecho más que empezar", asegura en relación con el aumento de la morosidad Cañete, que reclama liberar los remanentes de las administraciones locales para que puedan agilizar los pagos.

Almeida: más impagos y más retraso en liquidar

Otra de las figuras ascendentes en el PP de Pablo Casado, en alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, tampoco sale muy bien parado en lo que a cumplir con los proveedores se refiere.

Entre los ayuntamientos de las ocho principales ciudades de España, las únicas que superan los 400.000 habitantes, solo hay tres que aumentaran el volumen de dinero pendiente de pago a las empresas y autónomos que les suministran bienes y servicios y únicamente dos que ampliaran el plazo para liquidar las facturas.

Tan solo uno, el madrileño, se encuentra en ambos apartados, y con los registros más abultados en los dos: 47,1 millones más pendientes de pago, lo que supone un incremento del 35% en solo ocho meses, y ocho días más de tardanza que antes de la pandemia en liquidar esos compromisos, que ya se retrasan por encima de las tres semanas.

Ese ritmo de pago, se mantiene todavía por debajo de la media de los principales consistorios del país, aunque solo por unas décimas (23,3 por 23,6 días) y a la espera de observar cómo evoluciona ese dato en los meses siguientes.

Llama la atención el caso de Barcelona, cuyo volumen de compromisos pendientes de liquidar creció en 13,7 millones de euros (46%) mientras el periodo de liquidación se redujo en una tercera parte para caer a poco más de once días y situarse como el ayuntamiento más rápido en saldar las cuentas entre los de mayor tamaño. "Nos han escuchado y han comprendido la situación. Y actúan", apunta Cañete.

Por último, los consistorios de Valencia, Sevilla, Zaragoza y Málaga, los dos primeros gobernados por coaliciones de izquierda y los dos segundos con alcaldes del PP, mejoran tanto en el volumen de deuda como en los plazos de pago.

Plazos por encima de lo admisible salvo en la Seguridad Social

No obstante, y a pesar de esa mejoría, el de Sevilla sigue superando, ahora por cinco días, el plazo de 30 jornadas de retraso en liquidar una factura desde que le es presentada y a partir del cual las administraciones incurren en mora y los proveedores pueden reclamarle intereses en las cantidades que les adeuda.

Es el único de los principales ayuntamientos del país en los que se daba esa situación en octubre, algo más generalizado entre las comunidades autónomas: lo rebasan, además de Catalunya y Madrid, Baleares (39,8 días), Aragón (39,68), Asturias (34,06) y Castilla y León (33,08).

A nivel general, las administraciones, que han sufrido una notable merma de ingresos que en caso del Estado se sitúan entre el 8% y el 9% (caso 18.000 millones) en materia de impuestos, según los datos de la Agencia Tributaria, han tenido un comportamiento de cal y arena con sus proveedores, ya que la mayoría de ellas ha aumentado las cantidades pendientes de liquidación, aunque en volúmenes reducidos, mientras recortaban los plazos de pago.

Así, las cantidades pendientes de la Administración central, la Seguridad Social y las comunidades autónomas crecía en su conjunto en 104 millones de euros entre febrero y octubre, periodo en el que las entidades locales (ayuntamientos, comarcas y diputaciones) reducían los suyos en 16,4.

Los plazos de pago solo crecían para la Seguridad Social, que sigue siendo con apenas catorce días el único sector de las administraciones públicas que se encuentra por debajo de los treinta que marcan el límite del incumplimiento. El resto lo supera, por poco en el caso del Estado (30,59) y las comunidades (33,17) y holgadamente, hasta duplicarlo con creces (68,42) en el ámbito local.