Tres sindicatos policiales han expresado este jueves su malestar por los expedientes abiertos a tres agentes tras las cargas policiales de los días 17, 18 y 19 de agosto. La Unión Federal de Policía (UFP), que cuenta con unos 14.000 afiliados, ha anunciado que denunciará al exministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, a su sucesor en el cargo, Antonio Camacho, y a la delegada del Gobierno en Madrid, Dolores Carrión, por 'inacción de leyes', entre ellas la ley de seguridad ciudadana y la ley constitucional.

La UFP, a través de su portavoz, Alfredo Perdiguero, cree que el Ministerio del Interior tiene 'mucha prisa por sancionar al que trabaja en la calle' después de 'cuatro meses sin órdenes políticas'. 'Así la cadena se rompe por el escalón (sic) más débil', añade. Este sindicato considera que 'la presión social ha tenido más validez que los policías' porque 'ahora mismo es más social ir con los llamados indignados que con los policías'. Además, critican que desde que llegó a su cargo, el actual ministro del Interior 'no ha sido capaz de decir nada a favor de la Policía'. 

Por otro lado, tanto la Confederación Española de Policía (CEP, con más de 26.000 afiliados) y el minoritario  Sindicato Profesional de Policía (SPP, unos 5.000 afiliados), han denunciado 'amenazas de muerte e intentos por localizar datos sobre identidades y domicilios' de varios agentes que participaron en las cargas violentas contra la marcha laica.

Ambas organizaciones denuncian a través de un comunicado que 'se está produciendo una auténtica 'caza al policía'' a través de Internet y que se están 'cometiendo delitos que van desde las injurias y calumnias hasta las amenazas de muerte'. 'La labor de señalamiento que se está produciendo con determinados funcionarios, colgando en Internet decenas de fotografías suyas con un claro objetivo amenazante, ha dado paso a comportamientos mucho más graves, que van desde amenazas directas de muerte (reclamando tiros en la cabeza) hasta la petición de datos sobre identidad y domicilio de los funcionarios para agredirles', agregan.

El CEP y el SPP consideran que la actuación de los agentes 'ha sido digna de elogio' y que ha contribuido 'al reforzamiento de la imagen de España'. Además, señalan como 'la única responsable de todo lo ocurrido' a la delegada del Gobierno, Dolores Carrión, 'quien desoyendo los informes de los responsables policiales (...) autorizó la manifestación laica por una ruta desaconsejada, a sabiendas de que podrían ocurrir incidentes'. Por esta razón piden su comparecencia ante la Asamblea de Madrid para que explique 'su caótica y lamentable gestión' y para que 'justifique cómo ha llegado a convertirse en la máxima responsable del desorden público en Madrid'. 

No sólo Carrión es foco de las críticas de estas dos organizaciones. El ministro del Interior y los periodistas también reciben críticas. El primero, 'por no comparecer', por 'negar su apoyo' y 'por omisión'. Los segundos, porque, según afirman, 'hace cinco meses se suscribió un acuerdo con la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE) para minimizar los incidentes durante las alteraciones del órden público, entre policías y profesionales de la información, mediante el uso de petos identificativos y de acreditaciones oficiales, y no se ha desarrollado este acuerdo'.