No hay ley (junto a la de las bodas gays) que levante más críticas y resquemores entre los conservadores que la de aborto. En ambos casos, el PP ha presentado un recurso de inconstitucionalidad. Pero si los conservadores se guardan decir qué harán, en el caso de gobernar, con la norma que permite el matrimonio homosexual, sí que han dejado claro que si llegan al poder el 20-N modificarán la ley del aborto. Diga lo que diga el Tribunal Constitucional.

Esta nueva norma fue aprobada por el pleno del Congreso en diciembre de 2009. Además de liberalizar el aborto, situó en los 16 años la mayoría de edad para decidir sobre la interrupción del embarazo e incluyó una enmienda pactada entre el PSOE y el PNV para que las adolescentes de 16 y 17 años tengan que informar a sus padres de su decisión de abortar. La única excepción a este punto lo marca el hecho de que la comunicación de esta decisión pueda suponer a estas menores 'violencia intrafamiliar, amenazas, coacciones o malos tratos'.

El PP recurrió la actual ley en junio de 2010 ante el Tribunal Constitucional

El PP no sólo rechaza la nueva ley porque permite el aborto libre en las primeras 14 semanas de embarazo. También critica que la norma establezca que de las 14 a las 22 semanas de gestación se pueda abortar si existe grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada. Federico Trillo, cuando presentó en junio de 2010, como coordinador de Justicia del PP el recurso de inconstitucionalidad, calificó este punto como un 'coladero'. Pero precisamente con este argumento entre 1996 y 2004 (los ocho años en que gobernó el PP) se realizaron un total de 588.337 abortos. Cuando el PP gobernó, jamás señaló la necesidad de cambiar o abolir la ley que se encontró al llegar al poder y que databa del año 1985. Sin embargo, luego José María Aznar ha apadrinado marchas contra el aborto y Federico Mayor Oreja llegó a decir que el aborto es peor que los abusos sexuales de curas a menores.

Además, la reforma de la Ley del Aborto reconoce por vez primera el derecho de los profesionales sanitarios a la objeción de conciencia. Eso sí, el derecho siempre será individual, se deberá manifestar con anterioridad y por escrito y se restringirá a 'los profesionales directamente implicados en la interrupción voluntaria del embarazo'.

La píldora del día después se puede comprar sin receta desde hace dos años

El PP se dedicó a boicotear la ley desde el primer día. El presidente murciano, Ramón Luis Valcárcel, llegó a llamar a la insumisión un mes después de la entrada en vigor de la norma. También hubo fuertes críticas desde el Gobierno de Madrid y desde el de Valencia. El Gobierno de Navarra, además, se sumó al recurso de inconstitucionalidad que presentaron los conservadores. Pero las cifras que arroja ya la reforma de la ley no acompañan las tesis de los conservadores. Los augurios acerca de que la reforma de la Ley del Aborto traería un aumento considerable de las interrupciones del embarazo no se han cumplido. La prueba está en que, con los datos aportados por las comunidades autónomas, en el año 2010, cuando la nueva ley entró en vigor, el número de intervenciones bajó alrededor del 2%.

Andalucía, Madrid, Catalunya y el País Valencià (que suman más del 70% de las interrupciones de todo el territorio español) registraron en 2010 un 1,9% menos de abortos que el año anterior. La Ley del Aborto no distingue si los abortos se realizan en un centro privado o en un hospital público. Lo que persigue es que la prestación se financie 100% con dinero público y a la mujer no le cueste nada.

La educación sexual sigue siendo la asignatura pendientede las administraciones

A falta de los datos oficiales del Ministerio de Sanidad, la asociación que engloba a las clínicas abortistas (Acai) sube ese porcentaje del 1,9% hasta el 5%, si bien su portavoz, Santiago Barambio, achaca las cifras 'a una combinación de factores demográficos (hay menos mujeres inmigrantes en edad reproductiva) y mejoras en la educación sexual'. Aunque en este último punto se han logrado avances, su plena implantación en las escuelas sigue siendo la asignatura pendiente de esta ley.

Lo que sí se ha puesto en marcha, y que también quiere detener el PP, es la venta de la píldora del día después sin receta médica. Se puede hacer desde septiembre de 2009 y tampoco ha supuesto un aumento vertiginoso de las ventas. Antes, las mujeres, y dependiendo de donde residieran, tenían un corto o largo periplo hasta conseguir dicha receta.