Los tres abogados detenidos el pasado miércoles por la Guardia Civil ingresaron anoche en prisión por orden del juez de la Audiencia Nacional Fernando Grande-Marlaska. Arantza Zulueta, Jon Enparantza e Iker Sarriegi están acusados de integración en organización terrorista como miembros de la estructura que ETA utiliza para trasladar las directrices de la dirección de la banda e imponer la ortodoxia entre sus presos.
Sarriegi es un ex futbolista profesional que comparte un bufete en Hernani con Enparantza. Junto a los letrados, el magistrado también envió a prisión a Naia Zurriarain, que trabaja en el despacho de Zulueta en Bilbao, y a la profesora de ikastola Saioa Agirre. Además de las tareas de correo entre la dirección y los presos, el juez dice que los abogados facilitaban información sobre objetivos y se encargaban de gestionar el impuesto revolucionario, 'labores que iban mucho más allá de las loables funciones de defensa ejercidas con carácter complementario'.
Cinco de los detenidos quedan en libertad, dos de ellos bajo fianza
El frente de makos, como ETA califica a sus casi 800 presos en Francia y España, vive fricciones en su seno que se han visto agudizadas desde que la dirección de ETA apartase al colectivo de cualquier decisión respecto a la última tregua, incluida su ruptura. La red, que encabezaba Zulueta, lleva por nombre H-Alboka y se trata de uno de los seis subaparatos que dependen de la oficina política de ETA.
En tareas relevantes dentro del subaparato se situaba también el letrado Jon Enparantza, cuyas últimas intervenciones públicas se debieron a la representación de los intereses de la familia del etarra fallecido Jon Anza. El abogado fue el encargado de pasar a ETA una breve información sobre la costumbre del ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, de comer en un conocido restaurante madrileño.
También propuso, en una carta encontrada en poder de ETA, asesinar al presidente del PNV, Iñigo Urkullu. La misiva fue escrita días después del asesinato de Inaxio Uria, el 3 de diciembre de 2008, y en ella, Enparantza traslada los inconvenientes que estaba causando a la izquierda abertzale el crimen de Uria, por lo que apuesta por atentar directamente contra los políticos del PNV. Tanto el ministro del Interior como el consejero vasco Rodolfo Ares se pusieron en contacto ayer con el presidente del PNV para trasladarle los detalles de la información.
'Iban más allá de las loables funciones de defensa', dice el juez Marlaska
Las fuerzas de seguridad creen que Enparantza hacía llegar la información del colectivo de presos y sus aportaciones a David Plá, al que consideran máximo responsable de H-Alboka y enlace del grupo asentado en Euskadi con la dirección de la organización terrorista ETA. Sin embargo, Plá fue puesto ayer en libertad por un juez de París. Tanto la Policía Nacional como la Guardia Civil siguen convencidos de que Plá es un miembro destacado del aparato político, encargado de coordinar a los abogados. De hecho, el juez detalla en su auto las citas orgánicas mantenidas entre Plá y Enparantza.
El juez tomó estas decisiones en consonancia con lo solicitado por el fiscal Luis Barroso. Así, quedaron en libertad el artista plástico y profesor de la Universidad del País Vasco Erramun Landa y el sindicalista jubilado de LAB José Luis Gallastegi Lagar. Ambos deberán comparecer periódicamente en el juzgado.
Para el que fuera hace años jefe del subaparato H-Alboka Domingo Aizpurua Aizpuru, alias Pitxas, el juez Grande-Marlaska decretó la puesta en libertad, al ya haber sido condenado en Francia por asociación de malhechores, delito análogo al de integración en banda armada, que recoge el Código Penal español.
El juez decidió también fijar una fianza de 30.000 euros para la puesta en libertad del responsable de Pesca de LAB, Juan María Jáuregui, y de 12.000 euros para para el ingeniero Asier Etxabe Azkue.
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