El portavoz de IU en el Congreso, Gaspar Llamazares, ha trazado ya su estrategia a fin de evitar que la reforma de la Constitución, para que incluya en su texto una regla que limite el déficit público, sea tramitada sin referéndum y por el procedimiento de lectura única. Su línea de acción va en tres direcciones: una enmienda a la totalidad, recopilar adhesiones de diputados para pedir una consulta popular, como ya avanzó el martes, y la presentación de un recurso de amparo ante el Constitucional.

Según explicó ayer el diputado a este diario, la vía de recurrir al Alto Tribunal nace tras estudiar los efectos que genera que esta reforma de la Carta Magna se tramite por el procedimiento de lectura única. El reglamento del Congreso de los Diputados establece que “cuando la naturaleza del proyecto o proposición de ley tomada en consideración lo aconsejen o su simplicidad de formulación lo permitan, el Pleno de la Cámara, a propuesta de la Mesa, oída la Junta de Portavoces, podrá acordar que se tramite directamente y en lectura única”.

Llamazares está convencido de que una reforma de la Constitución “que introduce un elemento muy limitativo de los derechos sociales” altera el entramado legal y, por tanto, no está justificado el procedimiento de lectura única.

“Se pretende que esto esté hecho en prácticamente dos días. Es una caricatura de la participación parlamentaria”, lamentaba ayer el portavoz de IU, que intentará sumar al resto de su grupo –ERC e ICV– a esta iniciativa.

El próximo día 30, la Mesa del Congreso de los Diputados y la Junta de Portavoces se reunirán para la admisión a trámite de la propuesta. Este mismo día, Llamazares recurrirá esta decisión. Con toda probabilidad la Mesa se reafirmará en la admisión a trámite. Es en ese momento en el que IU recurrirá en amparo al TC y solicitará al Parlamento que se paralicen los trámites.

La segunda de las vías abiertas por el portavoz de IU es la de intentar convencer al mayor número posible de diputados de que reclamen un referéndum. Para ello, enviará cartas a todos los parlamentarios para lograr apoyos. Llamazares insiste en la idea de que la reforma planteada afecta al núcleo duro de la Carta Magna “en términos de contenido”.

Es tras la aprobación de la reforma cuando se abre un plazo de 15 días para que, si lo consideran oportuno, un 10% de los diputados (35) o de senadores (26) soliciten una consulta popular.

No sólo IU salió ayer a defender la necesidad de un referéndum. El portavoz del PNV en el Congreso, Josu Erkoreka, admitió que su formación ve “con muchísima reticencia” la propuesta del Gobierno de reforma de la Carta Magna para limitar el déficit público. Y consideró, además, que no sería mala una consulta popular al respecto, algo que calificó de “poco probable” a no ser que “se vuelquen a favor” los diputados del PSC. “No sería malo que el pueblo se pronunciara sobre esta propuesta”, señaló Erkoreka en declaraciones a Radio Euskadi recogidas por Europa Press.

En un sentido similar se mostró la secretaria general del Partido Andalucista, Pilar González, que apostó por que sea la sociedad española “la que decida si quiere o no imponer un techo de gasto”.

En el extremo opuesto se ubicó el líder del PP, Mariano Rajoy, que ayer esgrimió dos argumentos contra el referéndum en un acto de partido en Vélez-Málaga. El primero, simplemente, que no es legalmente obligatorio. “Ahora, como en la reforma tras el tratado de Maastricht, no es necesario”, dijo. El segundo, poco empírico, es que “es un sentir de la sociedad española que no se puede gastar como se ha gastado en los últimos tiempos”, informa Ángel Munárriz.

Pasando de las formas al fondo de la cuestión, el BNG consideró ayer la reforma propuesta un “disparate” que favorece “a los usureros”. Para Guillerme Vázquez, portavoz nacional de la formación, el anuncio del presidente del Gobierno “pone de manifiesto la carencia de soberanía del Estado”.

En una rueda de prensa convocada para valorar el anuncio de modificación de la Carta Magna, Vázquez tachó de “escándalo” que PP y PSOE “estén de acuerdo en que a nivel de rango constitucional se paguen los intereses que pidan por los préstamos los usureros del siglo XXI”, informa Europa Press.

Mientras, desde Compromís, su portavoz en Les Corts, Enric Morera, sostuvo que esta “reforma exprés” recorta autonomía financiera y está “dictada por el mercado”.

La coalición Bildu, por boca de su portavoz en el Parlamento de Navarra, Maiorga Ramirez, rechazó reformar la Carta Magna al entender que lesiona el autogobierno y que el déficit es un “instrumento” en política.