Dos juezas de Madrid han acordado no admitir a trámite sendas demandas de filiación planteadas por un hombre y una mujer que sostienen ser hijos del rey Juan Carlos. Las magistradas coinciden en el argumento de que la inviolabilidad e irresponsabilidad de los actos del monarca que define la Constitución impide proseguir contra él procesos de esta índole.

Estas decisiones judiciales han sido tachadas de 'desvarío' por el diputado de Izquierda Unida Gaspar Llamazares. 'Incluso en un marco tan laxo como el que la Constitución Española fija para el rey, ampliar su aplicación al ámbito del derecho de familia me parece excesivo y desmesurado', declaró a Público el parlamentario de IU.

Añadió que según esa argumentación Juan Carlos tendría la consideración de un 'rey absoluto e impune', cuando es un rey constitucional, 'que debe responder de demandas de paternidad como cualquier otro ciudadano'. En su opinión, tiene derechos y obligaciones 'que no se suspenden por el hecho de ser rey'. 'Aunque no gobierna, tiene atributos de reyes que sí gobernaban y de manera absoluta. Es impensable'.

Llamazares cree que el rey debe responder de demandas de paternidad como cualquier otro ciudadano

Izquierda Unida tiene planteada una proposición al Gobierno para que se estableza por ley un Estatuto de la Casa Real, que regule, entre otros extremos, ante qué tribunal debe responader el monarca, cubriendo el vacío legal existente al respecto.

Desde el punto de vista exclusivamente jurídico, el portavoz de Jueces para la Democracia, Joaquim Bosch,  también considera los autos discutibles. En su opinión, la inviolabilidad e irresponsabilidad que la Constitución predica del monarca se refiere exclusviamente a sus funciones y actos como jefe del Estado, lo que se colige de que el monarca se limita a refrendar decisiones de otras instituciones como el Gobierno.

Pero esa falta de responsabilidad no puede alcanzar al ámbito civil, ya que afectaría a otros principios constitucionales como el de igualdad. 'Una protección tan extensiva supondría privar de otros derechos a otros ciudadanos, como en este caso el derecho a reclamar la paternidad, la tutela judicial efectiva, la no indefensión, o la igualdad de todos ante la Ley'.

Bosch indica que cualquier desigualdad de trato debe tener una justificación razonable, y en este caso no acierta a comprender cuál puede ser.

Jueces para la Democracia cree que no se puede privar a los ciudadanos del derecho a reclamar la paternidad

Las titulares de los juzgados de Primera Instancia número 19 de Madrid, María Isabel Ferrer-Sama, y número 90, Milagros Aparicio, han acordado este mes la inadmisión a trámite de sendas demandas de filiciación planteadas por Albert Solá Jiménez e Ingrid Jeanne Satiau, que pedían que se les declarase hijos del rey 'por vía consanguínea'.

La juez Ferrer-Sama tardó un día en rechazar la tramitación de la demanda de Solá Jiménez, al destacar, según recoge en su auto, que el artículo 56 de la Constitución establece que 'la persona del rey es inviolable y no está sujeta a responsabilidad'.

Añade que ese artículo recoge 'la tradición histórica e internacional' que atribuye al monarca una protección o estatus especial que imposibilita no sólo que se le exija responsabilidad penal, sino también que se dirijan contra él acciones civiles como una demanda de filiación. Según ella, la doctrina, 'no sin alguna fisura, establece la inviolabilidad para la conducta personal del Rey, y la irresponsabilidad, para los actos que realice en ejercicio de sus funciones constitucionales.

La juez subraya que la Ley no prevé ningún juzgado para conocer las demandas civiles contra el rey

La magistrada también subraya que ningún precepto de la Ley del Poder Judicial atribuye a ningún juzgado el conocimiento de las demandas civiles contra el rey, ya sea por actos de carácter personal o del ejercicio del cargo, lo que interpreta como que ha sido el propio legislador quien ha trasladado la inviolabilidad del rey a las normas orgánicas y procesales al no prever ningún órganos jurisdiccional para conocer los litigios contra el rey.

La otra juez, Milagros Aparicio, es más escueta al no tramitar la demanda de Ingrid Sartiau, y se limita a destacar 'el blindaje constitucional' del rey frente a este tipo de demandas, ya que es inviolable de acuerdo a la Carta Magna.

Estas dos personas pueden apelar ahora a la Audiencia Provincial de Madrid, previo depósito de 50 euros. Albert Solá Jiménez, gerundense de 56 años, asegura que su madre se quedó embarazada del rey tras conocerle en Barcelona, donde él viajaba estando en la academia militar de Zaragoza. Nació en 1956, siete años antes que la infanta Elena, la hija mayor de los reyes.

En cuanto a Ingrid Sartiau, belga de 46 años, dice que su madre tuvo una relación con el rey hasta 1966, fruto de la cual nació ella en aquel año --nació después de la infanta Cristina y antes del príncipe Felipe--. Ambas personas se han sometido a un test de compatiblidad de adn por un especialista de la Universidad de Lovaina, que ha establecido que son hermanos al 91 por ciento de probabilidad.