Los letrados del Congreso de los Diputados han remitido un informe a la Mesa de la Cámara en el que avalan la procedencia legal de autorizar las indemnizaciones por cese solicitadas por dos expresidentes del Tribunal de Cuentas, Ubaldo Nieto y Manuel Núñez, y la exadjunta al Defensor del Pueblo y exresponsable en funciones de dicha institución, María Luis Cava de Llano.

Fuentes parlamentarias señalaron a Público que el documento preparado por los servicios jurídicos de la Cámara Baja examina la legislación vigente y concluye que procede autorizar estas indemnizaciones siempre que, como es el caso, medie petición, y se cumpla con el requisito, establecido el pasado mes de julio por el Ministerio de Hacienda, de su incompatibilidad con cualquier otro ingreso público o privado.

La cuantía que correspondería a Nieto y a Núñez asciende a un total de 180.124 euros, que representan el 80 por ciento de su sueldo bruto anual de dos anualidades, como prescribe la Ley. No obstante, no pueden cobrarlo de una vez, sino en mensualidades de 7.505 euros durante dos años. En cuanto a María Luisa Cava, su cesantía se eleva a 172.115 euros, siguiendo la misma operación: 80 por ciento del sueldo anual de dos años, a cobrar mensualmente (7.171 euros al mes). Aunque la aprobación corresponde al Congreso, el desembolso debe gestionarse por el Tribunal de Cuentas y el Defensor del Pueblo, respectivamente.

La decisión final corresponde a la Mesa del Congreso. Los servicios jurídicos, a quien este órgano pidió informe la semana pasada al recibir las solicitudes de los exaltos cargos, destacan, aparte de avalar la legalidad de las peticiones, que hasta la fecha ha sido habitual autorizar estos gastos en cumplimiento de la normativa vigente.

Además de Nieto y Núñez, otros cuatro exconsejeros del Tribunal de Cuentas han comunicado a Hacienda que optan por la indemnización por cese igual que sus compañeros. Se trata de Luis Martínez Noval, Ciriaco de Vicente, Rafael Corona y Juan Velarde. A todos ellos corresponde también 180.124 euros, ya que en este órgano todos sus miembros tienen el mismo sueldo. Estas indemnizaciones están previstas, en ocasiones, para cubrir las incompatibilidades que se exigen a estos cargos al dejar el puesto.

Otros exaltos cargos que han solicitado la indemnización son el exgobernador del Banco de España Miguel Angel Fernández Ordóñez , a quien corresponde un total de 264.000 euros, y la expresidenta del Tribunal Constitucional María Emilia Casas y los exmiembros del mismo tribunal Javier Delgado y Elisa Pérez Vera.