Si el líder del PP, Mariano Rajoy, auguraba una campaña tranquila para las elecciones autonómicas en Madrid, se equivocaba. La Audiencia Provincial ha reabierto el caso del supuesto espionaje político llevado a cabo por expolicías y ex guardias civiles a sueldo del Gobierno regional, presidido por Esperanza Aguirre, al apreciar indicios de delito. 'De lo actuado aparecen indicios suficientes de la comisión de delito de malversación de caudales públicos por el que se sigue la causa', reza el auto que se hizo público ayer.

Con esta decisión, la Audiencia estima un recurso contra el archivo de la causa presentado por el Partido Socialista de Madrid (PSM). Los supuestos espiados, el vicealcalde de Madrid, Manuel Cobo, y el exconsejero de Justicia Alfredo Prada decidieron finalmente no recurrir después de recibir una llamada de la dirección nacional del PP en la que les instaban a aparcar el tema para no perjudicar los intereses del partido.

El tribunal reclama los gastos de gasolina y teléfono de los exagentes

Este escándalo ha servido para poner de manifiesto una vez más los enfrentamientos entre la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, y el alcalde, Alberto Ruiz-Gallardón, cuya mano derecha, Cobo, es uno de los supuestos espiados.

Los presuntos seguimientos están fechados en los meses de abril y mayo del año 2008, los previos al XVI Congreso Nacional del PP, en el que Mariano Rajoy revalidó la presidencia de las filas conservadoras. Por esta época, tanto Cobo como Prada se posicionaron a favor del líder del PP, mientras Aguirre y el núcleo duro de su Gobierno mantenía una postura muy crítica.

La resolución observa indicios suficientes de los seguimientos

Con la decisión de ayer, las heridas, que fueron cerradas a la fuerza por la dirección nacional del partido obligando a la retirada de los recursos, se vuelven a abrir. 'En el estado actual de las diligencias no existen motivos para proceder al sobreseimiento provisional y archivo de las mismas', sostiene el auto.

Desde el día que estalló el escándalo, destapado por El País, hasta el día de hoy, la Comunidad de Madrid ha negado los hechos insistiendo en que el Gobierno regional ni ha espiado ni organizado, ni amparado espionaje a miembros del Partido Popular.

Pese a ello, la Sección 16 de la Audiencia argumenta que 'las cinco personas imputadas tienen carácter de funcionarios. Y en virtud de esa condición tenían la disponibilidad sobre sus teléfonos móviles, vehículos, combustible y demás efectos necesarios a su labor como funcionarios'.

El PP de Madrid cree que se violan sus derechos y pedirá amparo al CGPJ

Las personas a las que se refiere la magistrada ponente, Luz Almeida Castro, son los ex guardias civiles José Oreja Sánchez, José Luis Caro y Antonio Coronado; el exdirector de Seguridad de la Comunidad de Madrid Sergio Gamón y el ex empleado público Manuel Pinto.

Es por su condición de trabajadores públicos, prosigue el auto, 'por desempeñar las funciones de su competencia en la administración' por la que 'gozaban de una nómina mensual durante el tiempo en que realizaron losseguimientos'.

Este es precisamente uno de los principales argumentos del recurso contra el archivo que presentó el PSM. Los socialistas madrileños sostuvieron que habían presentado hasta diez pruebas, entre ellas una relación de vehículos oficiales y móviles, o la declaración de diferentes testigos, y no se llegaron a realizar.

La jueza Carmen Valcarce acordó el sobreseimiento en julio de 2010 al considerar que no podía acreditarse que ninguno de los imputados habían destinados bienes de la Consejería de Presidencia, Justicia e Interior, cuyo titular es Francisco Granados, a 'actividades ajenas a la función pública'. También, descartaba indicios de malversación.

Ahora, la Sala ordena que se completen las diligencias que se frenaron al dar carpetazo a la causa, como comprobar las matrículas de los vehículos de los asesores y los gastos de combustible y de teléfono.

El auto recoge, además, que los informes policiales 'han llegado a determinar la autoría, a nivel indiciario, de los partes de seguimiento'.

A esta conclusión, asegura el texto judicial, 'se ha llegado tras una laboriosa tarea de investigación y cruce de datos, entre los datos suministrados por la compañía telefónica Movistar de los teléfonos asignados a los tres asesores de seguridad de la Comunidad de Madrid, Caro, Coronado y Oreja, sus posicionamientos y el texto de cada uno de los partes'. Es a ellos, a los que un informe de la Unidad Central de Delincuencia Económica de la Policía, fechado el 24 de julio de 2009, considera autores de los partes.

Del cotejo de los partes con el cruce de los datos telefónicos se deduce, siempre según el auto, que 'los posicionamientos son coincidentes en todos y cada uno de los días, incluidos aquellos en los que las personas objeto de seguimiento se han ausentado de Madrid, visitando poblaciones cercanas'.

La resolución hecha pública ayer valora también las declaraciones de Caro, Oreja y Coronado. 'Por su imprecisión, vaguedad y ausencia de credibilidad juegan como indicio en su contra', precisa. En este sentido, recuerda que primero negaron 'rotundamente' cualquier relación con los hechos investigados. Y, después, cuando se investigaron sus teléfonos y los partes de seguimiento, 'pasaron a tratar de justificar su presencia casual en dichos lugares'.

Como ejemplo, se cita que 'alegaron su presencia en los alrededores de Cibeles [sede del Ayuntamiento de Madrid] por la existencia de varias consejerías en la zona, dato que obviamente no explicaría, ni su presencia sistemática en la zona, ni mucho menos, cuando se trata de localidades de fuera de Madrid'. Sobre Pinto y Gamón, la Sala también ve indicios suficientes.

En sus declaraciones ante el juez, Cobo dejó patente que su agenda coincidía con los partes de seguimiento. Nunca ha retirado estas declaraciones.

En el Gobierno regional reaccionaron ayer culpando al Gobierno. Creen que la reapertura es una estrategia de los socialistas para tapar el caso Faisán. La secretaria de Comunicación y portavoz del PP de Madrid, Lucía Figar, anunció que pedirán amparo al CGPJ al considerar que se están 'violando sus derechos'. Creen que se trata de una maniobra 'electoralista'.