El pago de tasas se extenderá también al Registro Civil, según informaron este miércoles fuentes del Ministerio de Justicia, que han precisado que la cuantía oscilará entre los 10 y los 40 euros y que se aplicarán en trámites como matrimonios, divorcios, cambios de nombres y apellidos, así como en las peticiones de nacionalidad.

El Ministerio de Justicia ha negado que vaya a privatizar el Registro Civil, cuya reforma trasladará esta competencia a los registradores de la propiedad despojando así a los jueces de la misma, y ha indicado que se está estudiando en qué trámites habrá que aplicar la tasa, de la cual estarán excluidos los nacimientos y defunciones.

Así lo ha manifestado a los periodistas el director general de los Registros y del Notariado, Joaquín Rodríguez Hernández, que ha rechazado las críticas de 'privatización' hechas por algunos colectivos judiciales al borrador de anteproyecto de Ley de Reforma Integral de los Registros.

En este sentido, Rodríguez ha recordado que Izquierda Unida (IU), ya propuso una enmienda a la anterior ley, en la que pedía al Gobierno que cediera este servicio a los registradores.

En sede ministerial, Rodríguez ha insistido en que los nacimientos, defunciones y resoluciones judiciales, que actualmente constituyen los dos tercios de las gestiones habituales en el Registro Civil, serán siempre gratuitas.

No obstante, no ha revelado en qué trámites habrá que pagar una tasa, ya que esa decisión no está tomada a expensas de analizar los sistemas de sus socios europeos en los asuntos relativos al Registro Civil, con diferencias significativas entre ellos.

La reforma del Registro Civil, han señalado las fuentes, logrará un ahorro sustancial, pues este servicio dejará de financiarse en los presupuestos generales del Estado, que destina una partida anual de no menos 350 millones de euros, incluidas las nóminas de los funcionarios públicos.

No obstante, el Estado mantendrá el gasto destinado a las nóminas de los funcionarios que hasta ahora ejercían esta tarea y que ahora serán reubicados en otros lugares de la Administración de Justicia.

Así, las funciones relativas al Registro Civil pasarán a los cerca de 1.000 registradores, que son funcionarios públicos del Estado y que tienen a su cargo una plantilla de alrededor de seis trabajadores cada uno, y que han visto disminuidas sus tareas considerablemente en los últimos tres años tras el estallido de la burbuja inmobiliaria.

De esta forma, la ley concede una mayor carga de trabajo a los registradores, con el propósito de evitar despidos y mantener así las plantillas gracias a los costes que habrá que pagar por las tasas, y que serán fijados por el Ministerio de Justicia.

El volumen de trámites que realiza el Registro Civil oscila en torno al 1.300.000, de los cuales 450.000 corresponden a nacimientos y la misma cantidad a defunciones.

Los registradores, han apuntado las fuentes, no cobrarán más dinero por realizar esta función, sino que asumirán una nueva responsabilidad con el fin de adquirir una mayor protagonismo ante la sociedad.

Así se lo trasladado a Justicia la Junta de Gobierno del Colegio de Registradores y las Asambleas de Decanos Territoriales, que han aceptado la propuesta ministerial y el esfuerzo que supone asumir una mayor carga de trabajo, porque de esta manera tendrán mas competencias, según han afirmado las fuentes.

La cesión de esta competencia implica además que los jueces, que venían realizando estas gestiones, dispondrán de más tiempo para agilizar su trabajo, que está congestionado, al verse liberados de esta tarea.

Este anteproyecto de ley viene a sustituir a Ley 20/11 de 21 de julio del Registro Civil, aprobada por el anterior Gobierno, cuya entrada en vigor estaba prevista para 2014, y que pese a 'desjudicializar' el registro, no propone un modelo alternativo de un servicio cuya percepción ciudadana es que no funciona y que genera frustración por las largas colas que se generan, han destacado las fuentes.

Han especificado que si no se llegara a un acuerdo antes de la entrada en vigor de la Ley 20/11, se decretaría una prórroga para mantener la actual situación, si bien esperan que el proyecto de ley sea aprobado en Consejo de Ministros durante el primer trimestre de 2013.