El juicio oral por la quiebra de Sintel, filial de Telefónica, comenzará el próximo 4 de noviembre, once años después de la quiebra de la compañía que dejó a más de 1.800 trabajadores y 1.700 acreedores afectados.

El tribunal ha tomado esta decisión al finalizar la vista oral celebrada hoy, que ha estado dedicada a la resolución de cuestiones previas al juicio, en el que se determinará si los ocho antiguos directivos acusados cometieron delitos societario, de insolvencia punible y contra la Hacienda Pública.

A esta vista se han presentado siete de estos ocho imputados, ya que el expresidente de Sintel Ricardo Campos se ha ausentado por enfermedad, una incomparecencia que tendrá que corroborar el forense.

La Sala ha llegado a plantear la suspensión del juicio por varias incomparecencias

Tampoco han asistido a la vista los representantes de las tres firmas consideradas responsables civiles subsidiarias —Mas Tec Inc, Arcon y Sintel International—, una cuestión que ha levantado cierta polémica, ya que los acusados consideraban que la notificación no había sido adecuada y esto podía considerarse indefensión.

De hecho, la Sala ha llegado a plantear la suspensión del juicio, una posibilidad que finalmente se ha rechazado porque el juez ha considerado que los administradores de estas empresas podían darse por informados, dado que algunos de sus directivos estaban presentes.

La filial de Telefónica Sintel fue vendida en el año 1996 a Mas Tec Incorporated, propiedad de la familia Mas Canosa que, según la acusación, la descapitalizó de forma 'consciente' hasta llevarla a la quiebra cinco años más tarde.

Exempleados se han concentrado para denunciar el 'daño causado' por este 'crimen laboral'

Los antiguos empleados de la compañía organizaron entonces un campamento en el Paseo de la Castellana de Madrid que se prolongó durante seis meses y que se levantó tras alcanzar un acuerdo con el Gobierno que, según los extrabajadores, no se ha cumplido.

Algunos de estos antiguos empleados se han concentrado hoy a las puertas de la Audiencia para pedir que se les compense 'el daño causado' y el presidente de la asociación de extrabajadores de Sintel, Adolfo Jiménez, ha calificado el caso de 'crimen laboral'.

En ese sentido, la Fiscalía Anticorrupción ha solicitado penas de prisión de entre dos años y seis meses y cinco años y seis meses para los ocho acusados, además de una fianza de 300 millones de euros para resarcir a trabajadores y acreedores.

De esos 300 millones de euros, algo más de 100 millones serían para los empleados, una cantidad que la acusación ha considerado 'excesiva' ya que, en su mayor parte, se justifica por 'promesas incumplidas y daño moral'.