La jueza Mercedes Alaya, que instruye el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos financiados por la Junta de Andalucía, ha enviado al Tribunal de Conflictos de Jurisdicción, dependiente del Supremo, el conflicto sobre las actas de los consejos de Gobierno desde el año 2001. Ahora será ese tribunal el que decida si la jueza puede leerlas o no.

Alaya lo ha hecho tres meses después de que la Junta lo planteara y después de recibir un serio aviso de la Audiencia de Sevilla, que le ha ordenado que devuelva los documentos al Gobierno andaluz mientras se resuelve el conflicto, en contra de lo que ella había decidido: custodiar las actas porque podrían ser alteradas o manipuladas.

La Junta pidió una fecha para recogerlas y ella, en una providencia, le responde: 'Este juzgado no tiene que señalar fecha alguna para la retirada de los sobres, pues están a su disposición desde la notificación del auto de la Audiencia'. Y subraya literalmente: 'No fueron las actas' lo que depositó en los juzgados la Junta, sino testimonio o copia compulsada de las mismas, sin documentos y sin deliberaciones o votaciones por tener carácter reservado.

Eso es también lo que destaca la jueza en el auto que inicia el conflicto, donde insiste en que el contenido que se reclama de las actas no es secreto, como ya resolvió la Audiencia cuando la Junta intentó anular su entrega. Pero va más allá y afirma que, incluso siendo secretas, la Junta tendría que entregarlas fundamentalmente porque sería una “auténtica paradoja” que siendo acusación particular “utilizara su posición de custodio para ocultar datos que indiciariamente sirvieran para incriminar a personas que ostenten o hayan ostentado cargos en la misma”.

La jueza dice que, aun siendo secretas, la Junta debería entregar las actas La reacción del Ejecutivo, añade con tono de reproche, debería ser de 'colaboración y transparencia' si 'estas personas con su presunta actuación delictiva (...) han atacado la fama y el buen nombre institucional de la Junta'.

La jueza apunta directamente en este auto a la responsabilidad del presidente andaluz, José Antonio Griñán, quien, según Alaya, pudo permitir un reparto de fondos públicos con un procedimiento ilegal. 'La Intervención General ha puesto de manifiesto de forma reiterada y explícita tanto al consejero de Economía, hoy presidente de la Junta, y al consejero de Innovación, Ciencia y Empresa, que [en el reparto de los fondos para ERE] se ha estado prescindiendo total y absolutamente del procedimiento administrativo', sostiene.

La Junta presupuestó 647 millones entre 2001 y 2010 para ayudas socio-laborales. Este fondo fue calificado como 'de reptiles' por el responsable de su reparto, el ex director general de Trabajo, Javier Guerrero. De ahí cobraron prejubilaciones personas que ni siquiera habían trabajado en las empresas donde se iniciaron los ERE. Ayer, viernes, la jueza imputó a tres de los intrusos, entre ellos un exedil del PSOE de Camas, hasta cinco delitos de tráfico de influencias y cinco de prevaricación, informa Efe. Son los primeros imputados de una cifra de 72, según la Junta.