LOS JÓVENES DE ALTSASUAmnistía Internacional, 'observador' en el juicio de caso Altsasu en la Audiencia

El juicio por la agresión a dos guardias civiles y sus parejas en Alsasua (Navarra) empieza este lunes en la Audiencia Nacional envuelto en polémica por la acusación de terrorismo que pesa sobre los ocho jóvenes acusados de estos hechos y para quienes el fiscal pide entre 12 y 62 años de cárcel.

Amnistía Internacional, que entiende que la Fiscalía debe retirar su acusación porque lo ocurrido no puede ser calificado de terrorismo y por tanto no sería competencia de la Audiencia Nacional, también acude al juicio en calidad de "observador".

“Este caso es un ejemplo de cómo España está aplicando una legislación que ha ampliado de forma desproporcionada los tipos de terrorismo, alejándose de los requisitos de claridad y precisión exigidos por el Derecho penal y por diversos relatores de Naciones Unidas”, asegura Esteban Beltrán, director de Amnistía Internacional España.

“Por supuesto que las agresiones denunciadas son graves y que los guardias civiles y sus parejas tienen derecho a una investigación judicial. Pero nos preocupa que la definición ambigua e imprecisa que contiene el Código Penal sobre terrorismo, especialmente tras la reforma realizada en 2015, pueda emplearse para calificar y castigar comportamientos que no tienen una naturaleza terrorista” asegura Virginia Álvarez, responsable de Política Interior en Amnistía Internacional y una de las personas de la delegación asistente al juicio.

Tensión política

El Ministerio del Interior ha enviado a la directora general de apoyo a víctimas de terrorismo, Sonia Ramos, a la apertura de la vista oral, para asistir en todo momento a los agredidos, informa Europa Press.

Mientras, el pasado sábado, el Gobierno de Navarra y el Ayuntamiento de Pamplona respaldaban en la capital foral a los acusados con una manifestación de protesta a la que acudieron 38.000 personas, según la Policía Municipal, y más de 50.000, según la organización, informa EFE.

Los familiares de los acusados, que encabezaban la manifestación con una pancarta con el lema "Justicia. No es terrorismo", aseguran que no piden impunidad sino que exigen Justicia ante "la exageración, la distorsión y la desproporción", ya que consideran que lo ocurrido debía haberse tratado como una pelea de bar y no como terrorismo.

De hecho, las defensas de los imputados han acusado en numerosas ocasiones a la Audiencia Nacional de "jugar sucio" al vincular los hechos del 15 de octubre de 2016 con terrorismo, ya que ellos aseguran que no pasa de ser "una bronca de bar".

El largo viaje de una denuncia

El caso contra los agresores de Alsasua, que fue denunciado por el Colectivo de Víctimas del Terrorismo (Covite), correspondió a la Audiencia Nacional por decisión del Tribunal Supremo después de que la Audiencia de Navarra, que no veía delito terrorismo, planteara una cuestión de competencia ante el alto tribunal.

La Fiscalía encuadra la actuación de los acusados, vinculados al colectivo "Ospa!" (fuera), en las campañas Alde Hemendik (Fuera de aquí), creadas por el entorno de ETA y que buscan la expulsión de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado del País Vasco y Navarra, "influyendo de manera negativa en la calidad de vida de los miembros de la Guardia Civil, así como en la de sus familiares y amistades como paso previo a su exclusión social".

Los siete principales acusados son Ohian Arnanz, Jokin Unamuno, Adur Ramírez de Alda (los tres en prisión provisional), Jon Ander Cob, Julen Goicoechea, Aratz Urrizola e Iñaki Abad.

Todos ellos se enfrentan a una petición fiscal de 50 años de cárcel por cuatro delitos de lesiones terroristas (12 años y medio por cada uno) y a Ohian Arnanz se le atribuye además un delito de amenazas terroristas, lo que eleva la petición contra él hasta los 62 años y 6 meses de prisión.

Está previsto que los acusados comiencen a declarar este lunes y que el martes testifiquen los guardias y sus parejas, que estarán asistidos por la directora general de apoyo a víctimas del terrorismo, Sonia Ramos, y la asistente social del Ministerio del Interior que les ha atendido desde que se produjo la agresión.