IU quiere que se consulte siempre a los ciudadanos en temas claves

La profunda huella dejada por el Movimiento 15-M ya tiene su correlato definitivo sobre el papel en el camino hacia las generales del 20 de noviembre. Se siente en cada esquina del programa electoral de Izquierda Unida, y sobre todo se respira en el dilatado capítulo de propuestas de regeneración democrática y de demanda de una mayor participación ciudadana en todos los ámbitos y al máximo nivel, con la consagración del referéndum obligatorio como herramienta clave para la toma de decisiones importantes. 

El texto ya está concluido. Comprende 83 páginas [descargar aquí]. Es fruto del trabajo desarrollado no sólo por la dirección de IU, sino también por las 15.000 personas que han participado en su elaboración, a lo largo del proceso de Convocatoria Social impulsado desde el verano. El trayecto, pilotado por los responsables de Acción Política y Programas, José Luis Centella y Marga Ferré, alcanzó su cima en la asamblea federal del 8 y 9 de octubre, cuando se pusieron en común iniciativas que ahora, ya sí, figuran en el programa con el que IU comparecerá el 20-N. 

IU quiere que sea obligatorio un referéndum para temas económicos "trascendentales"

IU siempre había promovido en sus programas anteriores –también en el de 2008– el impulso de la participación ciudadana, pero ahora esa reclamación gana peso y fuerza gracias a la influencia del 15-M. El equipo de Lara defiende en su programa, de hecho, la implantación de un "Estado social participativo", que ponga a los ciudadanos "en el centro de la política". ¿Cómo se traduce? Para empezar, con el "establecimiento de mecanismos de autorización de actuación pública, como las consultas populares o los referendos, para asuntos de trascendencia estatal, autonómica o municipal convocados por el presidente del Gobierno, los presidentes de las comunidades autónomas o los alcaldes o un número determinado de ciudadanos", refleja el texto en la página 23.

Y, para que no haya escapatoria, la federación exige que se introduzca en la Constitución la obligación de convocar un referéndum cuando se dirima la "integración en organizaciones supranacionales" o "la adopción de decisiones económicas trascendentales". Es decir, que no vuelva a pasar una reforma de la Carta Magna como la aprobada el pasado septiembre dando la espalda a los españoles. 

Los ciudadanos dispondrían de otra llave maestra, ya anticipada en la asamblea federal: podrían revocar el mandato del presidente del Gobierno, de los jefes de los Ejecutivos autonómicos, de los alcaldes y de los diputados y senadores, un derecho que quedaría garantizado en la Constitución. ¿Cómo se haría? Transcurrida la mitad del periodo por el que el cargo público fue elegido, un mínimo del 20% de los electores de la circunscripción podrían pedir que se someta al escrutinio popular la continuidad de ese cargo en su puesto.

Intervenir en la gestión

Los políticos imputados deberían dejar de forma automática su cargo

La participación se lleva, no obstante, a todos los niveles: para IU, los ciudadanos también deben poder intervenir en la "gestión de los bienes y servicios públicos" (educación, salud, Seguridad Social, derechos laborales, presupuestos...), a través de mecanismos de "democracia representativa, directa y comunitaria", como pueden ser "audencias públicas, asambleas de barrio, consejos autónomos municipales u observatorios populares".

También se propugna reformar "totalmente" el procedimiento de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP): que no hagan falta 500.000 firmas para llevar la propuesta al Congreso, que los ciudadanos puedan presentarla ante la Cámara y discutirla en ella y que puedan abordar asuntos hoy vedados (como todos los que se regulan por ley orgánica, caso de los estatutos de autonomía, los derechos fundamentales o la Corona). 

Pero, ¿cómo agilizar el procedimiento, cómo garantizar que se oiga la voz de los españoles sin ralentizar en exceso la toma de decisiones? IU aboga por que se desarrolle el "voto electrónico".

Hacia una III República

El programa recoge más ideas para revitalizar la democracia y las instituciones: mejorar la financiación de los ayuntamientos, eliminar las diputaciones provinciales, reformar "radicalmente" el Senado para que sea una "Cámara de las Federaciones", impedir que los salarios de los representantes electos sean superiores al del "funcionario de rango más alto de la Administración en la que ejercen su labor", cambiar la Ley Electoral, garantizar la transparencia de las Administraciones Públicas y el derecho de acceso a la información o aprobar una Ley integral y "severa" Anticorrupción, que imponga incluso el cese de los políticos imputados y el abandono de su cargo. El derecho al voto se rebajaría: pasaría de los 18 a los 16 años. 

El cambio político "sustancial" que prevé IU, y en todos los órdenes, conlleva a su vez un "proceso constituyente" que aboque a la instauración de la Tercera República, agotado como cree la federación el régimen nacido en la Transición. 

El capítulo se cierra con la obligada mención al laicismo, piedra clave para IU. El equipo de Lara incluye una amplia batería de medidas: derogación de los acuerdos con la Santa Sede, aprobación de una Ley de Libertad de Conciencia, eliminación de cualquier donación a cualquier confesión religiosa y supresión de la casilla del IRPF a la Iglesia, salida de la religión de las escuelas, barrido de toda simbología religiosa en centros públicos y en actos oficiales y rechazo a las ayudas a los colegios que excluyan o segreguen al alumnado.

-Programa íntegro de IU para las elecciones generales del 20 de noviembre (PDF)

LAS IDEAS CLAVES PARA EL 20-N
La prioridad, el empleo y la defensa de lo público

Las 83 páginas del programa de IU para el 20-N basculan sobre dos elementos centrales: la creación de empleo y la defensa a ultranza de los servicios públicos. La parte económica, sin embargo, reviste pocas novedades, ya que Lara ha presentado en las últimas semanas sus planes para poner en marcha tres millones de puestos de trabajo hasta 2015, para ayudar a pymes y autónomos y para combatir el fraude fiscal y asegurar que los más tienen más paguen impuestos.

A continuación, se citan algunas de las medidas reflejadas en el programa de IU: 

-Incremento del IBI un 100% para las viviendas vacías.
-Imposición de una tasa por pernoctación en instalaciones hoteleras.
-Transformación de las cajas de ahorros en un sistema de banca pública.
-Control de los altos salarios en las Administraciones Públicas. Supresión de dietas para los cargos que acudan a consejos de administraciones de empresas públicas. Eliminación de los sueldos vitalicios de los políticos.
-Racionalización del gasto público.
-Derogación de la reforma laboral actual. Jornada de 35 horas semanales. Salario mínimo de 1.100 euros al mes.
-Jubilación a los 60 años. 
-Eliminación de la figura del becario.
-Vuelta a sus trabajos de los empleados afectados por un ERE aprobado para empresas con beneficios en sus cuentas de resultados.
-Suspensión de los desahucios para los parados.
-Aprobación de la dación en pago. 

-Cierre de las centrales nucleares.
-Abaratamiento del transporte público. Transporte público gratuito para los parados.
-Alquiler social de la vivienda. -Impulso de la energía fotovoltaica en los tejados de la vivienda.
-Gestión pública del agua.

-Extensión de la educación obligatoria y gratuita hasta los 18 años.
-Gratuidad de los libros de texto. -Guarderías gratis. -Reducción progresiva de los conciertos educativos.
-Establecer como "objetivo" la gratuitad de los estudios universitarios.
-Supresión de la selectividad. 

-Rechazo del copago sanitario.
-Ampliación del catálogo de cobertura sanitaria, que incluya óptica, ortopedia y salud buco-dental.
-Garantía del derecho a una muerte digna.
-Red nacional de residencias públicas para mayores.
-Financiación y gestión pública de la Ley de Dependencia.
-Aprobación de una renta mínima o salario social básico.

-Desaparición de la Audiencia Nacional y los tribunales militares.
-Instrucción penal, a cargo de la Fiscalía y no de los jueces.
-Desmilitarización de la Guardia Civil y, a más largo plazo, construcción de un nuevo cuerpo policial civil y único. 

Igualdad, cultura y paz

-Creación de un Ministerio de la Igualdad.
-Modificación de la Ley Electoral para que se aprueben listas cremallera (compuestas por hombres y mujeres al 100%).
-Instauración obligatoria de la paridad en las instituciones y órganos y consejos de participación ciudadana.
-Prohibición de los anuncios de prostitución.
-Erradicación de la brecha salarial entre hombres y mujeres.
-Ley Integral contra la LGTB-fobia.
-Despatologización de la transexualidad.
-Educación en la diversidad sexual.
-Derogación de la Ley de Extrajería. Nueva Ley de Derechos y Libertades de los Extranjeros en España.
-Reconocimiento del derecho de sufragio activo y pasivo a los nacionales de países no comunitarios con dos años de residencia legal en España. 

-Acceso "libre y gratuito a todos los museos y al patrimonio arquitectónico y cultural".
-Creación de una mediateca pública y estatal.
-Defensa de la excepción cultural europea.
-Gestión pública de los derechos de autor. No al canon digital.
-Acceso a Internet como derecho universal y gratuito.
-Uso obligatorio del software libre en las Administraciones Públicas".
-Constitución "inmediata" del Consejo Estatal de Medios Audiovisuales (CEMA). 

-Petición de la disolución de la OTAN y el cierre de todas las bases estadounidenses en el mundo.
-Consideración de la cooperación al desarrollo como política pública y aumento de los recursos destinados a ella en tiempos de crisis.
-Que España se reconozca como potencia administradora de iure del Sáhara Occidental. Defensa de la autodeterminación del pueblo saharaui y de la independencia de Palestina.