La reforma educativa que prepara el Gobierno tumba definitivamente la polémica asignatura de Educación para la Ciudadanía (EpC). En el borrador que el ministro de Educación, José Ignacio Wert, presentó el pasado martes a las comunidades autónomas, ni siquiera hay rastro de la llamada Educación Cívica y Constitucional, la materia que se mantenía en la ESO y que no tenía 'contenidos polémicos', como dijo el ministerio que sí contenía EpC.

La asignatura que ocupará el lugar de esta materia se llama Valores Culturales y Sociales en Primaria y Valores Éticos en Secundaria. Será la alternativa para los alumnos que no cursen Religión. 'Ambas tendrán una carga horaria equivalente a la carga horaria media del resto de asignaturas ofrecidas en el bloque de asignaturas específicas', reza el borrador de la futura ley.

Sindicatos, estudiantes y padres han criticado duramente la eliminación de EpC por considerar que el ministerio ha cedido a las presiones de la Iglesia y porque significa una vuelta al pasado. 'La Lomce recoge la reivindicación de la Conferencia Episcopal de impartir la educación en valores a través de dos asignaturas, la religión confesional y su alternativa', denuncia UGT, que demanda que la educación en valores sea 'una materia obligatoria' de tal forma que el alumno, si quiere, pueda complementarla con la enseñanza religiosa.

El sindicato STES coincide con UGT y lamenta que la Iglesia haya conseguido 'volver a introducir en el currículo la materia de religión con una alternativa dura y evaluable que empujará al alumnado a cursar religión, pues sabe que tiene garantizadas notas de lujo', asegura el portavoz de la organización, Augusto Serrano. CCOO también denuncia que el 'ministerio cede a las presiones y recoge las propuestas partidistas de determinados sectores', hecho que confirma 'el profundo trasfondo ideológico de la reforma'.

El sindicato de Estudiantes considera que detrás de la eliminación de Educación para la Ciudadanía está 'la nostalgia de volver a utilizar la escuela como un púlpito a través del cual adoctrinar a la juventud'. Igual que la Confederación Española de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos (Ceapa), que tacha estos cambios en el currículo de 'clasistas' y 'conservadores'. A su juicio, el Gobierno pretende 'desviar un mayor número de alumnos' a la asignatura de Religión, aunque el presidente del colectivo, Jesús María Sánchez, considera que la medida 'no será efectiva' porque la escuela 'no es el sitio ni el lugar para impartir esta materia'.

Los únicos que han celebrado la eliminación de EpC son Profesionales por la Ética y HazteOir, para los que supone 'una buena noticia para la libertad de educación' y la Confederación Católica de Asociaciones de Padres de Alumnos y Padres de Familia (Concapa), que considera que la materia ahora eliminada 'restaba tiempo y esfuerzo a las materias troncales'.

Amnistía Internacional (AI) considera que la eliminación de Educación para la Ciudadanía prevista en la propuesta de reforma educativa del Gobierno supone un 'retroceso inaceptable' de formación en derechos humanos. Esto 'hace volver a la situación de anteriores sistemas educativos, en los que los derechos humanos no existían en el currículo', señala la organización en una nota de prensa.

La propuesta 'puede suponer' que millones de estudiantes de primaria y secundaria no estudien durante la enseñanza obligatoria sobre la igualdad entre hombres y mujeres, violencia de género, racismo, homofobia, pobreza y derechos humanos, según AI.

'Si los contenidos de derechos humanos desaparecen, el Gobierno estaría menospreciando sus propios compromisos', asegura, sobre prevención y rechazo de la homofobia o las previsiones de la ley contra la violencia machista, que establece que se deben promocionar los derechos humanos de las mujeres en primaria y secundaria.

La nota añade que 'si el proyecto final no incluye claros contenidos en materia de derechos humanos tanto en primaria como en secundaria, estaríamos situándonos a años luz de Europa'. También sería un 'claro incumplimiento' de los acuerdos y recomendaciones europeas e internacionales suscritos por España, especialmente del Programa Mundial para la Educación en Derechos Humanos y de las recomendaciones del Consejo de Europa sobre esta cuestión, concluye.