El principal objetivo de Francisco Camps al frente de la Generalitat fue, según repitió su partido una y otra vez, 'poner a Valencia en el mapa' a través de los grandes eventos deportivos. Sin embargo, la realidad es que hoy, cinco meses después de su dimisión, el País Valencià es famoso por sus casos de presunta corrupción cometidos en el seno del PP o por administraciones gobernadas por este partido.

En este momento hay cinco instrucciones judiciales en marcha cuyos sumarios narran un presunto robo masivo de dinero público por parte de políticos conservadores o empresarios vinculados a ellos, realizado bajo el mandato de Francisco Camps. El más llamativo es el caso Gürtel, por el que cinco dirigentes conservadores de la confianza del expresident están imputados. Se les acusa de amañar contratos a favor de empresas de la trama corrupta, al tiempo que, presuntamente, esta misma red les ayudaba a financiar de manera ilegal el partido.

En el sur de la comunidad, el caso Brugal analiza si otra de las dirigentes más cercanas a Camps, la alcaldesa de Alicante Sonia Castedo, recibió regalos y favores de un constructor a cambio de darle información privilegiada sobre los planes urbanísticos del Ayuntamiento. Pese a que el caso ya estaba siendo investigado, Camps premió la lealtad de Castedo con un escaño en el Parlamento autonómico. En el norte, Camps apoyó y elogió la gestión de Carlos Fabra, expresidente de la Diputación, pese a estar imputado por siete delitos contra la Administración pública.

La lista sigue en la provincia de Valencia. La depuradora de Pinedo se ha hecho famosa en los últimos meses por haber albergado un monumental desfalco que podría alcanzar los 40 millones de euros, según el PSOE, efectuado por miembros del PP de Valencia. La lista se completa con los contratos firmados por la Administración autonómica con la entidad presidida por Iñaki Urdangarin, que se embolsó 3,5 millones gracias a varios convenios. Fuera del ámbito judicial, son conocidos también los pagos al arquitecto Santiago Calatrava, que recibió más de 17 millones de euros por proyectos de obras que nunca se llevaron a cabo.

En el origen de todos estos escándalos está la falta de transparencia que Camps impuso como rutina en la gestión de la Administración. Durante años, los partidos de la oposición solicitaron los contratos con Calatrava y las empresas de la trama Gürtel y los convenios con Urdangarin, entre otra documentación. También la prensa preguntó sobre estos temas con insistencia.

La respuesta de la Administración fue, sin embargo, la ocultación de los datos. Los portavoces de la Generalitat explicaron en repetidas comparecencias públicas que los acuerdos con el yerno del rey y con el arquitecto eran confidenciales, a pesar de que la ley obliga a la publicidad de los contratos y convenios públicos. En cuanto a las adjudicaciones a las empresas de la trama Gürtel, la oposición los solicitó formalmente en Les Corts Valencianes, pero el Ejecutivo de Camps los negó porque ya estaban siendo auditados por el Tribunal de Cuentas autonómico, entre otras razones. Cuando el caso Gürtel estalló, volvió a negarlos, esta vez con el argumento de que estaban bajo secreto de sumario.

Este oscurantismo le valió a la Administración autonómica una sentencia en contra. El Tribunal Superior de Justicia valenciano (TSJCV) condenó en junio a la Generalitat a mostrar los contratos menores con la trama Gürtel a la oposición. El Gobierno regional, sin embargo, optó por recurrir la sentencia al Tribunal Supremo y todavía no los ha mostrado.

El sucesor de Camps, Alberto Fabra, prometió al principio de su mandato aumentar la transparencia. En los meses siguientes, hizo algunos gestos en este sentido, como mostrar algunos de los contratos firmados con Orange Market y con el arquitecto Santiago Calatrava. Sin embargo, Fabra sigue defendiendo la confidencialidad para negar convenios firmados con Urdangarin, y mantiene en sus escaños a seis imputados y dos implicados en casos de presunta corrupción.