El nuevo reglamento que prepara el Gobierno sobre el funcionamiento de los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) ha reabierto el debate sobre las circunstancias en las que las personas en situación irregular son retenidas en estos espacios bajo condiciones carcelarias. De esta forma, vuelve a ganar protagonismo un movimiento de protesta que rebrotó hace poco más de un año, cuando entre diciembre de 2011 y enero de 2012, fallecieron dos extranjeros –Idrissa Diallo y Samba Martine– tras estar internados en los CIE de Aluche (Madrid) y Zona Franca (Barcelona), respectivamente.

Para la tarde de este sábado hay prevista una movilización en Barcelona que acabará precisamente en el CIE en el que murió Diallo hace casi un año y donde también han fallecido otros inmigrantes en circunstancias extrañas.

Este viernes se celebró en la Universidad Pompeu Fabra (UPF) de Barcelona la primera convocatoria de las Jornadas de Formación, Reflexión y Acción entorno a los CIE. Las voces en contra del borrador que prepara el Ejecutivo coparon gran parte de las intervenciones de los ponentes. Cristina Manzanedo, de la ONG Pueblos Unidos, denunció que el anteproyecto 'supone la privatización encubierta de la atención médica y social y abre la puerta a la entrada de seguridad privada y armas de fuego en los CIE'. 

En una mesa redonda celebrada durante la tarde, Salvador Lacruz, miembro de la campaña 'CIES No' de Valencia hizo un recorrido sobre la lucha contra los CIE en España y censuró la manera en que el Gobierno ha intentado atajar las críticas al funcionamiento de estos centros de retención. El pasado mayo, el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, aseguró que 'próximamente' los CIE, a los que el Ejecutivo pasará a llamar Centros de Estancia Controlada de Extranjeros, separarán físicamente a los extranjeros sinpapeles con antecedentes penales o policiales de aquellos que sólo han cometido una falta administrativa. 'Lo que ha hecho el PP con los CIE es una operación de maquillaje mediático', remachó.

Por su parte, el abogado Francisco Solans explicó cómo la falta de mecanismos que garantizan los derechos fundamentales en estos centros se atribuyen de forma sistemática, por parte de la Policía, al 'comodín de las razones de seguridad y la falta de medios'. Manuel Lancha, coordinador jurídico de Andalucía ACOGE, puso sobre la mesa algunos supuestos escándalos que han tenido lugar en estos centros de retención. En este sentido, hizo especial hincapié en el presunto caso de agresiones sexuales por parte de agentes de Policía en el CIE de Capuchinos. 

Helena Malero, miembro del colectivo 'Women's Link', también participó en estas jornadas. Basándose en las visitas que esta organización ha realizado a casi todos los CIE que hay en España, Malero detalló que en estos centros se producen 'prácticas de abuso sexual, tratos discriminatorios por razones de género y de identidad sexual o falta de atención en casos de aborto', entre otras cuestiones. De hecho, esta plataforma publicó el pasado mayo un estudio en el que reveló las carencias y discriminaciones que sufren las inmigrantes retenidas en los CIE.