El Gobierno asumirá todas las funciones sancionadoras en las cuencas hidrográficas que discurren por más de una comunidad autónoma y derogará la normativa anterior al respecto, con lo que recupera las competencias sobre la materia.

La decisión, según anunció la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Saénz de Santamaria, responde al 'principio de unidad de cuenca', establecido en 2011 por el Tribunal Constitucional.

A raíz de la sentencia del alto tribunal, el anterior Ejecutivo socialista aprobó un decreto ley que permitía a las CCAA asumir competencias de gestión del dominio púbico hidráulico en las cuencas que pertenecían a distintas comunidades.

Con ello, 'se les posibilitaba asumir funciones de policía (fundamentamente sancionadoras)' en sus respectivos territorios.

El Gobierno, según Saénz de Santamaria, considera que el agua es un recurso escaso y es 'un dominio público de todos los españoles', de ahí que el Estado recupere esas funciones de gestión en las cuencas intracomunitarias.

Con ello, 'se evitarán duplicidades, solapamientos y actuaciones contradictorias en algo tan importante como es el régimen sancionador en el mal uso del agua'.

En consecuencia, se deroga la normativa anterior y será el Estado el que 'íntegramente' se ocupará de dicha competencia.

La decisión anunciada hoy se enmarca dentro de un real decreto ley de medidas sobre política medioambiental, que también modifica las leyes de Patrimonio Natural y Biodiversidad, de Residuos y Suelos Contaminados, y que contempla medidas sobre regulación del agua subterránea.

Sobre este último punto, la nueva normativa añade condiciones específicas para mejorar la situación del Alto Guadiana evitando un deterioro del acuífero y 'permitiendo la sostenibilidad de las instalaciones agrícolas derivadas'.

Según la vicepresidenta, el Ministerio de Medio Ambiente ha trabajado 'en plena coordinación con la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha' para abordar el mejor sistema de racionalizar los aprovechamientos hídricos en la zona de las Tablas de Daimiel.

Tras recordar la actual situación de sequía, ha razonado que 'había que trabajar con urgencia y rapidez para encontrar fórmulas que eviten sobreexplotaciones de esos acuíferos que causaran deterioro a la zona'.

El real decreto ley incorpora un nuevo procedimiento que permite a los usuarios, a cambio de poder transferir sus derechos, acogerse a una reducción del volumen que pueden usar. A través de fórmulas concesionales se podrá transferir a terceros ese aprovechamiento, pero a cambio de ceder una parte del mismo 'con lo que se logra un equilibro mucho más sostenible en la explotación' de las Tablas de Daimiel, según el Ministerio de Medio Ambiente.